LA situación que está viviendo Colima en cuestión de feminicidios es grave. El descubrimiento de la niña descuartizada en la colonia Mirador de la Cumbre debería ser el acicate que este estado necesita para actuar, de una vez por todas, para garantizar la vida y dignidad de la mitad de la población.
Sí, es urgente que se decrete la Alerta de Violencia de Género (AVG), no sólo que se solicite y que se entretenga en el limbo burocrático diseñado para enterrar en análisis lo que tendría que hacerse con urgencia, sino que se pida ya, y que el Ejecutivo la apoye públicamente.
Es verdad que el Gobierno del Estado, a través del secretario de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, se ha interesado por convocar a las organizaciones de la sociedad civil para informar e informarse sobre la situación de violencia que viven (vivimos) las mujeres en Colima, y que se ha declarado que el Gobernador no obstaculizará la solicitud de una Alerta de Violencia de Género.
También es cierto que en la última reunión, sostenida el miércoles pasado en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno, se determinó que, independientemente de si se da o no la AVG en Colima, se deben tomar medidas para detener la ola de feminicidios que se vienen sucediendo.
Pero también es verdad que, a varios meses de estar terminado el Centro de Justicia para las Mujeres, el cual concentraría esos casos específicos de violencia, aún no han dado a conocer ni siquiera una fecha probable para su inauguración.
Igualmente es cierto que las órdenes de protección que las mujeres piden contra sus agresores no son atendidas con urgencia, y muchas víctimas temen más el que su cónyuge, novio o concubino les cause más daño si toman acciones legales, que si permanecen como están.
Asimismo, está la revictimización que se hace en los Ministerios Públicos e instituciones de salud, los cuales no están lo suficientemente sensibilizados para responder a un caso de violencia intrafamiliar, donde no existe un protocolo adecuado, no lo aplican o no lo conocen, lo que provoca que las mujeres no sientan un apoyo en las instituciones, sino que las miren como un agresor más con el cual deben lidiar. Una mujer violentada puede tener la fuerza para defenderse contra su atacante si cuenta con el respaldo necesario, pero al no dárselo, lo que se demanda de ella es heroísmo, no acción ciudadana.
Para que en efecto se comience a proteger a las colimenses, se requiere que el Gobierno del Estado le dé la importancia que amerita, que reconozca que las mujeres también somos ciudadanas, que somos personas y que somos víctimas de una violencia distinta a la que sufren los hombres, aun cuando la causa tenga el mismo origen.
Es verdad, México está siendo sacudido por un maremoto de violencia del que Colima no está exento, pero esto fomenta un círculo vicioso que afecta sobre todo a las mujeres, pues tiende a la hipermasculinización de la sociedad y a la degradación de lo femenino, lo cual se convierte en una serie de características no deseables para quien quiera sobrevivir en un ambiente en el que sólo el más rudo, el más violento, el más fuerte, el más cruel o el más macho prevalece. Al repudiar tanto los valores femeninos, es imposible no acabar despreciando a las principales representantes de éstos: las mujeres.
Lo anterior se traduce en una superioridad jerárquica de lo masculino sobre lo femenino, donde lo segundo se vuelve posesión de lo primero. Es precisamente esa posesión de la mujer-objeto lo que garantiza la masculinidad del macho, que deberá de controlar a su mujer (o a sus mujeres) para sostener su posición, incluso si esto significa hacerlo de forma violenta, lo cual puede comenzar con ligeros controles sobre su vestimenta, horarios o amistades, y escalar pronto a gritos o represión física. Lo crudo o cruel de la venganza del macho ofendido contra la mujer rebelde dependerá del nivel de masculinidad que necesite demostrar para sobrevivir en un mundo masculinizado, lo cual no sólo servirá para restaurar la supuesta hombría cuestionada, sino también para mandar un mensaje a otras mujeres sobre lo que les pasaría si no asumen su rol pasivo.
Otro de los problemas que trae el continuum de la violencia es la militarización de la sociedad, que nos hace creer que “hay cosas más graves que atender” que los feminicidios, como lo declaró hace poco Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, sitio donde se ha cometido la mayor cantidad de esos delitos en el país, cuando el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) le pidiera una reunión para que informara sobre las acciones instrumentadas en la entidad para detener la violencia contra las mujeres. Ante esta respuesta, me pregunto: ¿Qué puede ser más importante que cuidar y defender la vida de más de la mitad de las personas que habitan el país?, ¿a qué le queremos ganar?, ¿a qué costo? Si no se implementan políticas públicas destinadas a modificar los valores sociales para que se respete a las mujeres, y si no se garantizan medidas legales para su protección, entonces cualquier ganancia que digan tener, cualquier nuevo capo atrapado y encerrado, no significará nada para las ciudadanas, que de cualquier manera están siendo asesinadas, de formas cada vez más crueles, por las mismas personas que deberían de protegerlas.
Mario Anguiano está demostrando voluntad política, pero de sus acciones se desprenderá si ésta es real, o tan sólo parte de una simulación cuya intención sea la de mantener apaciguada a la sociedad civil. Encontrar a una niña de 16 años, con su cuerpo descuartizado en una bolsa, tirada en un terreno baldío como si se tratara de una cosa, debe ser lo suficientemente indignante como para pasar de la simulación a los hechos. Si no era en serio, que lo sea ahora, Colima se lo agradecerá.
Esta columna fue publicada el 2 de junio de 2014 en Diario de Colima.
Sentido Común 