Corrupción sistemática

RECUERDO aún la desilusión que sentí cuando era estudiante de Derecho, y en una clase el profesor nos habló de la «agilización administrativa». De más está decir que este término no existe ofi cialmente, sino que era una forma sarcástica para referirse a la «mordida» que comúnmente se les da a los actuarios para que éstos hagan las notificaciones o los embargos, es decir, su trabajo.

Nos compartió incluso que algunos abogados o abogadas, además de darles para sus «refrescos», iban a recogerlos para llevarlos al domicilio señalado y así asegurarse de que la diligencia se efectuara rápidamente, pues de lo contrario, podían pasar meses sin que se hiciera la notificación, lo que demoraba todo el proceso.

La naturalidad con la que lo mencionó me impactó, ya que entonces todavía mantenía la ingenuidad y el idealismo de quien comienza a estudiar leyes y se aferra a una relación entre el sistema de justicia y la justicia misma. Con el paso del tiempo, mientras más avanzaba en el estudio de mi carrera, me di cuenta de que la «agilización administrativa»
era algo de uso común, y que incluso había instituciones en donde, si no se les proponía o accedía a participar en esta costumbre, los procesos se detenían por completo y hasta se llegaba a «esconder» el expediente. Era tan habitual, que estas «propinas» se incluían en los gastos iniciales que se le solicitaban al cliente, los cuales no se contemplaban como actos de corrupción, sino como «gajes del oficio». Sencillamente, así funcionaban las cosas.

Esta corrupción sistemática, la cual no se circunscribe sólo al Poder Judicial, se encuentra tan naturalizada que prácticamente nadie la cuestiona porque se vuelve invisible, y la mayoría entra en ella para asegurar que sus intereses lleguen a buen término o simplemente para que sus asuntos «caminen». Se hace no nada más porque «siempre»se ha llevado a cabo, sino también porque existe una red de complicidades que ayuda a mantener el status quo, que bloquea o dificulta el camino de quien lo amenace.

Recientemente, en una entrevista con periodistas, el presidente Enrique Peña Nieto dijo (o pretendió decir) que la corrupción era cultural e inherente a la condición humana, lo que ocasionó una avalancha de críticas, argumentando que, de esta forma, el Ejecutivo estaba minimizando este fenómeno, pues si se trata de la cultura o más aún de la misma esencia del ser humano, es casi imposible combatirla; es como querer ir en contra de la naturaleza misma.

Entiendo que la corrupción es tan masiva que se vuelve fácil caer en el error de decir que es cultural, sin embargo, yo argumentaría que es una costumbre que se ha normalizado en México por razones multifactoriales, entre ellas, por la complicidad ya mencionada y por la falta de controles efectivos.

En esta carencia de controles resaltan los gobernantes, ya que, en la mayoría de los casos, la aprobación de las cuentas públicas es hecha por un Congreso a modo que, más que revisar, solapa las corruptelas del Ejecutivo cuando éste pertenece al mismo partido que el grupo de legisladores dominante.

Este Poder, que debiera ser independiente del gobernante, funciona en sentido inverso cuando se trata de fiscalizar las cuentas de algún representante de otro abanderamiento que signifique una amenaza electoral. Es triste ver cómo en esos casos los Congresos pecan de pulcritud, sancionando al responsable con la inhabilitación que le impediría postularse para un puesto de elección popular, dejando así el campo libre a quien compita con los colores de la mayoría. Por supuesto que si se cometieron desvíos, se debe castigar al culpable, pero en la mayoría de las ocasiones la vara con la que se mide no es la misma.

Claramente hay un problema de corrupción debido a una falta adecuada de controles, perpetuado porque es funcional para quienes ostentan el poder, pues es fácil deducir que, para evitar que la aprobación de las cuentas públicas se dé de acuerdo a las filias y fobias de quienes integran el Congreso, éstas deberían estar a cargo de un órgano independiente, transparente y apartidista, pero esto signifi caría renunciar a un arma y un escudo muy poderosos.

La corrupción y la impunidad son dos problemas que van de la mano y que se han convertido en un grave conflicto para México, ya que han mermado la confianza de la ciudadanía y han alejado la inversión extranjera, que prefiere establecerse en países donde los trámites burocráticos no sean tan excesivamente ridículos, que se tenga que recurrir a la “mordida” para agilizarlos.

Es también el aliciente del crimen. De acuerdo a Federico Reyes Heroles, presidente del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, en algunas entidades el porcentaje de impunidad es del 97 por ciento, lo que convierte a la delincuencia en un negocio bastante rentable.

Este es el mismo problema que enfrenta México contra la corrupción: la falta de una respuesta por parte de nuestro sistema judicial para quien comete algún delito, ya sea por mala organización, capacitación, presupuesto, o bien, por soborno.

Se requiere que el Presidente deje de catalogar el cáncer social que es la corrupción como parte de la cultura del ser humano, y se asesore adecuadamente para determinar los factores que permiten que suceda, así como ejercer acciones destinadas a combatirla. Por supuesto, con la creación de la Fiscalía Anticorrupción, la cual debería de ser autónoma; pero mientras tanto, podría dar muestras de querer iniciar un cambio abriendo una investigación contra Arturo Montiel, exmandatario del Estado de México, cuestionado por un presunto desvío de recursos durante su administración. Es cierto que es su antecesor como Gobernador y que guardan una relación de parentesco, pero el buen juez por su casa empieza.

Esta columna fue publicada el 1 de septiembre de 2014 en Diario de Colima