Discriminación Comprobada


imageEn este espacio advertí en su momento sobre la inconstitucionalidad de los enlaces conyugales, al ser éstos discriminatorios y, por tanto, violatorios al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces argumenté que el haber creado una figura exclusivamente para equiparar la relación conyugal de dos personas homosexuales al matrimonio, pero sin permitirles a éstas el acceso al mismo por razones de su preferencia sexual, constituía una aberración jurídica y un claro acto de discriminación.

La semana pasada, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del artículo 147 de la Constitución de Colima, en dos amparos referentes a las relaciones conyugales, las que se dividen en: matrimonio, descrito como un contrato civil que celebran un solo hombre y una sola mujer para perpetuar la especie; y enlace conyugal, que es el vínculo que se celebra entre dos personas del mismo sexo.

Al confirmarse su inconstitucionalidad, el Congreso de Colima no tiene otra opción más que la de eliminar esta figura, y regresar al Código Civil anterior, so pena de caer en desacato. Pero existen otras circunstancias que se desprenden de esta medida que no se resuelven con el simple hecho de deshacer la figura del enlace conyugal.

Si bien es cierto que faltarían otros tres amparos, sin ninguno en contra, para que se creara jurisprudencia y se instruyera al Congreso a legislar a favor del matrimonio igualitario, quitando la condición de realizarse sólo entre un hombre y una mujer para que accedan a él las parejas del mismo sexo, no significa que los legisladores colimenses no pudieran hacerlo a motu proprio, aunque las declaraciones que hasta el momento han expresado manifiestan la poca disposición de llevarlo a cabo.

Es lamentable que los diputados locales no hayan sido capaces de ver la discriminación en la que caían, al haber contemplado dos tipos de relaciones conyugales en Colima, con la intención de salvaguardar al matrimonio como un privilegio exclusivo de personas heterosexuales. Estoy de acuerdo en que para ser electo para una curul local no es necesario ser licenciado en Derecho o siquiera tener un historial académico, pero sí se obliga a respetar los lineamientos marcados en el ordenamiento máximo de la República Mexicana, que es la Constitución Política, donde claramente establece que, en México, ninguna persona podrá ser discriminada por razones de orientación sexual.

Pero es todavía más triste que, aun con la aclaración que hace la SCJN, se rehúsen a legislar a favor de la inclusión de las parejas del mismo sexo en la figura del matrimonio, obligando a quienes deseen contraer este vínculo a realizar todo el trámite legal para acceder a este derecho a través de un amparo. Las y los legisladores adoptan así una especie de posición estoica en la cual no ceden un derecho que asumen como exclusivo para parejas heterosexuales, a menos que el inevitable proceso jurídico no les deje otro camino. Sólo les faltaría añadirle un sello al contrato matrimonial impuesto que dijera “¡bajo protesta!”.

Es triste no sólo porque a las parejas homosexuales se les obliga a pasar por un vía crucis innecesario para ejercer un derecho que, insisto, ya les está reconocido en la Constitución, sino además porque su actitud promueve la violencia en contra de ciudadanos y ciudadanas que tienen una orientación sexual distinta a la tradicional. ¿Cuál es el mensaje que está enviando el estado de Colima –con la excepción del municipio de Cuauhtémoc– a la comunidad LGBTTQI, al dificultarle el acceso al matrimonio? ¿Que se le puede violentar sin consecuencias? Es esto precisamente lo que están haciendo.

Por último, ¿en que situación estarán las parejas homosexuales que cayeron en la trampa y contrajeron un enlace conyugal? ¿Su estado civil volverá al de “soltero” o “soltera”, al desaparecer esta figura? ¿Se les intercambiará el acta de enlace conyugal por una de matrimonio? ¿Cómo repararán el daño causado por esta aberración jurídica? No sería ético que estas parejas se quedaran en un limbo legal.

La resolución de la SCJN es un indicio del trayecto que están recorriendo los Derechos Humanos en México, específicamente en el derecho de las personas homosexuales a no ser discriminadas por motivos de su preferencia. Esta es una realidad que ya no es posible eludir; no se trata de “modas o tendencias”, como lo dijo el senador José María Martínez Martínez, al instalar la Comisión de la Familia y el Desarrollo Humano, frente al hoy candidato del PAN a Gobernador, Jorge Luis Preciado, quien entonces era el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta y quien también defendió y ha defendido esta visión única de familia heterosexual.

Es momento de que entendamos que los Derechos Humanos no son privilegio de algunos cuantos, ni pueden ser sometidos a consulta, sino que son intrínsecos a la persona, que la ley reconoce y el Estado está obligado a proteger. Seguir violentando a la comunidad LGTTBQI de manera sistemática y sistémica sólo promueve la discriminación y pone en riesgo la vida de sus integrantes, alimentando la idea de la heteronormatividad que estigmatiza y castiga a quienes no encajan en la misma.

Es precisamente el Estado quien debe cuidar y garantizar el Estado de Derecho de cada una de las y los ciudadanos, que no puede darse el lujo de tener filias, fobias o intereses con grupos conservadores. Ha de ser tan justo como Themis, la diosa griega que con una venda en los ojos cargaba la balanza de la verdad y la justicia, de quien nuestros representantes populares, así como quienes pretendan gobernarnos, deben probar estar a su altura.

Esta columna fue publicada el 23 de marzo en Diario de Colima. http://www.diariodecolima.com/2015/03/23/sentido-comun-89/

Nota Aclaratoria:

En mi columna menciono que faltarían tres tesis más del la SCJN, en el mismo sentido, y sin ninguna en contra, para poder crear jurisprudencia. Sin embargo, las resoluciones emitidas son declaratorias generales de inconstitucionalidad, las cuales sólo requieren dos. Esto significa que, después de la notificación que emitirá la SCJN, el Congreso del Estado tendrá 90 días para eliminar la figura de Enlaces Conyugales y eliminar la condición de heterosexualidad para accesar al matrimonio.

De no hacerlo, las y los legisladores caerían en desacato y sería la misma SCJN quien supliría sus funciones legislativas para hacer las modificaciones pertinentes.

Acerca de Patricia Sanchez-Espinosa

Licenciada en Derecho y periodista de profesión. Actualmente soy la Subdirectora General de Diario de Colima, el periódico de más circulación en la entidad. Cuento con estudios de maestría en Género y Construcción de la Paz en la UNiversidad para la Paz de la ONU.
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