Incongruencias


Fue a finales de septiembre, a raíz de la desaparición de 43 estudiantes y el asesinato de seis personas, tras un operativo conducido por la policía municipal de Iguala, Guerrero, y ordenado por el alcalde José Luis Abarca, cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto comenzó a caer en una espiral descendente, que dejó muy atrás los elogios que le brindara la prensa internacional por las llamadas “reformas estructurales”. A partir de ahí, el velo que cubría al Presidente, al que la revista Time veía como el salvador de México, se rasgó y dejó ver la realidad que se escondía detrás.

Ayotzinapa significó la explosión del hartazgo de los mexicanos, la gota de sangre que cayó del vaso derramado, que el Mandatario nacional no supo manejar, por razones que al día de hoy se vuelven sospechosas. Lejos de darle la importancia debida, Peña Nieto se demoró en responder, demostrando así una falta de sensibilidad que fue repitiendo conforme pasó el tiempo.

Si bien se arrestó a Abarca Velázquez y a su esposa, así como a más de 70 personas que supuestamente estuvieron involucradas en el levantamiento de los alumnos, la investigación ha despertado más dudas y sospechas a través de los días, semanas y meses, sobre todo por la obstinación del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, de querer hacer encajar las circunstancias a una sola línea de investigación, por más inverosímiles que resulten, en lugar de considerar distintas opciones y dejar que las mismas evidencias les muestren los resultados.

A principios del mes pasado, el Procurador informó que tres sicarios detenidos confesaron haber matado a algunos de los 43 normalistas, incinerando sus cuerpos en el basurero de Cocula, Guerrero. Para quemarlos, dijo, utilizaron piedras, llantas, dísel y gasolina. Murillo Karam dio como un hecho que en ese sitio fueron asesinadas personas, debido a que ahí había evidentes señales de un incendio, lo único que le quedaba por comprobar era que esas personas cremadas coincidieran con los estudiantes, lo cual advirtió que sería difícil debido a que los restos estaban en muy malas condiciones.

Posteriormente, se confirmó la identidad de uno de los normalistas, Alexander Mora Venancio, cuyos restos se localizaron en una bolsa de plástico en el río San Juan, en Cocula. Los peritos argentinos se manifestaron de acuerdo con el dictamen del laboratorio de la Universidad de Innsbruck, Austria, pero dijeron que no estuvieron presentes en el momento en que se encontraron, por lo que no podían asegurar su procedencia. Los familiares de Mora Venancio aceptaron los resultados de ADN, pero no su origen, aseverando que sus despojos habían sido “sembrados” ahí para sostener la versión inicial. ¿Pero qué tanta veracidad puede tener esto? ¿En realidad se trata de un montaje?

Recientemente, científicos de la UNAM desmintieron lo dicho por la Procuraduría General de la República, refiriendo que era imposible que los alumnos hubieran sido quemados en dicho lugar. Jorge Montemayor, investigador titular del Instituto de Física de la máxima Casa de Estudios del país, dijo que para incinerar 43 cuerpos, se requieren 33 toneladas de troncos de 4 pulgadas de diámetro y 53 toneladas de gas por cada persona. “Si los cuerpos se hubieran quemado con puras llantas para reducirlos a los restos mostrados por la PGR, se hubieran necesitado 995 llantas de autos pasajeros. La hipótesis de que fueron quemados en el basurero de Cocula no tiene ningún sustento en hechos físicos o químicos naturales”. Añadió que además, de haberse empleado las llantas, habría un residuo de 2.5 toneladas de alambre de acero, y una columna de humo que hubiese sido visible a varios kilómetros. Los restos habrían pesado 333 kilogramos, siendo 116 correspondientes a los cuerpos. Todo esto se empacaría en 12 bolsas de 25 kilos cada una.*

Lo anterior sugiere, desde el punto de vista de la física y la química, la imposibilidad de que en ese sitio se hubiera llevado a cabo una cremación como la que la Procuraduría ha dicho, no obstante, dicha dependencia parece empeñarse en continuar con esa línea de investigación, lo cual despierta muchas dudas, entre ellas, ¿por qué sigue con la versión de los tres sicarios? ¿Será que pretende fabricar una escena del crimen? ¿Están protegiendo a alguna persona o institución? ¿Qué ha declarado José Luis Abarca sobre el caso?

Aunado a las interrogantes que genera la averiguación, está la represión con la cual se ha manejado el gobierno, desde la más velada, como las infiltraciones en las marchas para justificar la intervención de la fuerza, hasta las más descaradas, como la que tuvo lugar ayer en Chilpancingo, Guerrero, cuando policías federales, ebrios, se enfrentaron con los organizadores de un concierto en apoyo a los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Es lamentable que el Gobierno Federal no haya sido capaz de entender que la ciudadanía está cansada de este tipo de acciones, y que continúe cometiendo errores en un momento tan sensible como el que atraviesa el país, agrediendo a la misma ciudadanía a la cual está obligado a proteger.

POST SCRIPTUM

Parece casi una burla que justo en el marco en que la Comisión de Derechos Humanos de Colima presentó la solicitud de Alerta de Género, un Diputado local presuntamente haya atacado a una joven mujer a la salida de un bar. Según trascendió, el legislador del Panal, Esteban Meneses Torres, se molestó porque la mujer le pidió que moviera su carro para poder sacar el de ella, agrediéndola con un machete, con el cual rompió la ventana de su auto, a donde ella corrió para refugiarse, cortándole después la mejilla con el arma blanca.

Para que el caso pueda esclarecerse, el Diputado debería solicitar licencia inmediatamente, así como el Congreso local y/o el procurador Marcos Santana Montes pedir su desafuero para realizar la investigación correspondiente. Es momento de que las autoridades de Colima tomen en serio las agresiones contra las mujeres; más allá de las palabras, urgen los resultados. Por cierto, en un par de meses más se cumple un año de la visita que Diario de Colima hizo al Centro de Justicia para las Mujeres, que estaba prácticamente terminado, sin que hasta el día de hoy lo hayan inaugurado; espero que no sea ese el reflejo de la justicia que merecen las mujeres en el Estado.

*Con información de sinembargo.mx, http://www.sinembargo.mx/11-12-2014/1190680

Esta columna fue publicada en Diario de Colima el 15 de diciembre de 2014.

Acerca de Patricia Sanchez-Espinosa

Licenciada en Derecho y periodista de profesión. Actualmente soy la Subdirectora General de Diario de Colima, el periódico de más circulación en la entidad. Cuento con estudios de maestría en Género y Construcción de la Paz en la UNiversidad para la Paz de la ONU.
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