Respeto En Ambas Vías


Es preocupante que las fuerzas de seguridad pública se sigan equivocando dada la situación que atraviesa el país, pues con sus errores revelan un amplio desconocimiento, no sólo de los Derechos Humanos de las personas a quienes deben proteger, sino también de las leyes en general y del debido proceso, mostrando en su actuación exactamente aquello de lo cual las y los mexicanos hemos manifestado estar tan hartos: la corrupción y la impunidad.

admin-fotos-2014-11-29-General-323020.jpg-700x499El sábado pasado, liberaron por fin a las 11 personas detenidas durante las marchas del 20 de noviembre, lo cual por supuesto que es un logro en pro de la legalidad, pero las grandes deficiencias durante su arresto, los cargos que se les pretendían imputar, así como las razones por las cuales les estaban acusando de delitos como motín, intento de asesinato y asociación delictuosa, siendo una de ellas el que entre sí se llamaban “compas”, muestran un nivel de ignorancia y falta de capacitación de la policía sencillamente insostenible, que en cualquier país con un grado más de desarrollo que el nuestro llamaría a la renuncia del procurador del país (Jesús Murillo Karam) y del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (Jesús Rodríguez Almeida), como de hecho lo están pidiendo las organizaciones civiles que trabajan en la defensa de las y los acusados.

Por medio de las mismas asociaciones y los padres de los muchachos y las muchachas arrestadas, se supo que se les había retenido durante varias horas sin que tuvieran acceso a los servicios legales a los que por ley tienen Derecho, que se les amedrentó y que presentaban signos de haber sido maltratados físicamente. Al salir, las y los detenidos acusaron a la Policía Federal de haberles tratado “como escoria”, asegurando haber sufrido tortura física y psicológica durante su estancia en la SEIDO, donde los policías les repetían que “los iban a desaparecer”.

20141129_11_55_JovenesdetenidosAunado a la aprehensión de estas 11 personas el pasado 20 de noviembre, el viernes 28 fue arrestado Sandino Bucio Dovalí, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, por agentes federales vestidos de civiles, cuando se dirigía a una lectura de poesía. A Sandino se le acusaba supuestamente de agresiones a elementos de corporaciones de seguridad y de actividades de corte vandálico. Al salir de la SEIDO, un Bucio Dovalí visiblemente golpeado y afectado emocionalmente relató la forma en que lo arrestaron: en un carro sin logotipo, por personas vestidas de civiles que no se identificaron. Dijo que lo subieron al vehículo a la fuerza y lo arrancaron sin que éste hubiera entrado por completo, por lo que sus piernas se arrastraron durante unos metros por el pavimento. Posteriormente, lo estuvieron “paseando” por el Centro Histórico de la Ciudad de México, mientras le repetían que lo iban a desaparecer como a los 43 de Ayotzinapa, que lo iban a violar y a torturar. Una vez en la SEIDO, asegura que lo obligaron a revelar las claves de sus redes sociales y a darles los nombres de sus compañeros.

Sandino Bucio es supuestamente uno de los anarquistas que participó violentamente el 20Sandino-Bucio de noviembre en las instalaciones del Zócalo, quien supuestamente arrojó bombas molotov a agentes del Estado y proporcionaba material a sus compañeros, instándolos a lanzárselos a los elementos de seguridad. El problema es que, incluso si Bucio Dovalí efectivamente actuó de esta forma, de cualquier manera las leyes mexicanas le aseguran el derecho de un debido proceso, donde tiene que ser detenido de modo adecuado y presentado inmediatamente en las oficinas correspondientes, donde se le proporcionará a un abogado que lo defienda y represente. Al tratarlo como lo hicieron, donde consta el lujo de violencia con la cual se le arrestó, de forma totalmente irregular, siendo los golpes que sufrió visibles en su rostro, Sandino pasó de ser un posible delincuente a una víctima del mismo sistema que lo acusa.

Las prácticas de contrainsurgencia por parte del Estado no son algo nuevo, ni exclusivo del mexicano. Brian Glick, en su libro War at Home: Covert Action Against US Activist and What We Can Do About It, habla del programa COINTELPRO, diseñado para destruir grupos de resistencia civil, del cual se tiene registro desde los años 70 y que ha sido usado contra distintas agrupaciones, como Las Panteras Negras o la Asociación Nacional para el Avance de Personas de Color. Glick identifica cuatro métodos utilizados: Infiltración, que consistía no sólo en agentes o informantes espiando a los activistas, sino también a personas cuyo objetivo era desacreditar al grupo de resistencia en cuestión, o crear conflictos para separar a sus miembros o evitar el apoyo de la demás gente. Otro procedimiento detectado es la Guerrilla Psicológica Externa, que empleaba historias falsas en la prensa, o incluso propaganda en nombre de los grupos activistas, llamando a la violencia o dispersando información equivocada, direcciones erróneas, eventos inexistentes y hasta creaban grupos de movimientos parecidos, dirigidos por agentes gubernamentales, y manipulaban a las personas para generarles conflictos a los activistas.

warat homeBrian Glick identificó asimismo el Acoso Mediante el Sistema Legal, donde el FBI y la policía utilizaban dicho régimen para acosar a los activistas y disidentes, haciéndoles parecer como criminales, llegando incluso a plantarles evidencia y a fabricarles delitos. También se usaban otras formas de presión, abusando del sistema legal en contra de la disidencia. El último método reconocido por Glick corresponde a la Fuerza y Violencia Extralegal, en la que el FBI y la policía amenazaban directamente a las personas activistas, y se involucraban en actos de vandalismo, asaltos y golpizas, con la intención de intimidar a los disidentes para dispersar el movimiento.

Dichos procedimientos han sido empleados de diversos modos por las fuerzas de seguridad e inteligencia de distintos países, y México no ha sido la excepción. La diferencia es que actualmente existen demasiada tecnología y canales de información, con los cuales es posible fotografiar o grabar un incidente y mostrarlo casi en tiempo real, lo que permite que los grupos organizados se manifiesten para evidenciar la verdad, o para exigir el debido cumplimiento de la justicia.

b28vwkvcqaeieb0-largeEl Gobierno de México no puede inclinarse por el doble discurso de expresarse en contra de actos violentos, pero instigarlos por medio de sus mismas fuerzas de seguridad, abierta o veladamente, con la intención de intimidar a la población mexicana. El mensaje que mandan puede ser fácilmente ampliado o desmentido por la cantidad de datos a los que se tiene acceso. El secuestro de Sandino Bucio se hizo viral casi en el momento en el que sucedió, así que cuando él llegó a la SEIDO ya existía toda una movilización en el país, física y a través de las redes sociales, exigiendo su presentación y liberación inmediata. Si Sandino era un delincuente de acuerdo a nuestras leyes, debió haber sido arrestado y procesado conforme a Derecho, pero el uso irresponsable de la fuerza convirtió a quien quizás había cometido actos vandálicos en un mártir.

El Gobierno Federal no puede ya optar por los métodos de contrainsurgencia comunes sin que éstos se vuelvan del conocimiento público; hacerlo en estas circunstancias implica dificultarse más las cosas para sí mismo. La única forma como se puede remediar el mal causado y pacificar al país es dándole certidumbre a la gente, despidiendo a aquellos agentes que incurrieron en ilícitos y que en sus actos se hayan equiparado con la policía que entregó a los 43 estudiantes de Ayotzinapa al narco, diciéndoles a las personas cómo las “van a desaparecer”, ya que es prácticamente una confesión de la corrupción e impunidad con la que se manejan. Sólo es posible devolver la paz a México si se hace respetar el Estado de Derecho, pero en ambos sentidos, ya que de otra manera el Presidente estaría cavando su propia tumba.

Esta columna fue publicada en Diario de Colima el 1 de diciembre de 2014.

Acerca de Patricia Sanchez-Espinosa

Licenciada en Derecho y periodista de profesión. Actualmente soy la Subdirectora General de Diario de Colima, el periódico de más circulación en la entidad. Cuento con estudios de maestría en Género y Construcción de la Paz en la UNiversidad para la Paz de la ONU.
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