México colapsado


SOBRE la tragedia que aconteció hace 3 semanas en Ayotzinapa, la única posición decorosa es la de la indignación pública, y cualquier lectura sobre los hechos que se han ido revelando debe producirnos una gran preocupación, pues nos está mostrando que el tema va más allá de la violación sistemática de Derechos Humanos, que estamos lidiando con las consecuencias de un Estado fallido.

Si bien los Derechos Humanos están contenidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales que México ha firmado, para aplicarlos se necesita que existan instituciones que los reconozcan, los protejan y los garanticen. Dichas instituciones van desde las más elementales, como lo son los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, hasta las específicas, como las procuradurías de los estados y las comisiones relativas a Derechos Humanos.

El pacto social, formulado por Jean Jacques Rousseau, define la creación del Estado, su razón de ser y la relación entre la autoridad y la sociedad. En él, las y los ciudadanos admiten la existencia de una autoridad, a la cual le otorgan el poder para hacer cumplir las normas y leyes. Cuando el gobierno ya no es capaz de hacerlo, o bien, cuando sirve a otro poder fáctico, desatiende su objetivo principal, por lo que falla al garantizarle a la ciudadanía sus derechos. Sucedido esto, el pacto social ha perdido su razón de ser, poniendo a las y los gobernados en una situación de incertidumbre, toda vez que éstos han cedido su libertad en función del pacto, lo que implica que no cuentan con las herramientas adecuadas para defender sus prerrogativas.

Lo que acaeció en Iguala, muy cerca del 46º aniversario del 2 de octubre, además de la indignación y el duelo nacional que provoca, nos debe llevar a la reflexión sobre lo que está pasando en todo México, donde las protestas populares tienen la mala costumbre de terminar en masacres. Porque no es sólo Ayotzinapa, también está el secuestro de estudiantes que colgaban mantas en Monterrey por parte de la policía Fuerza Civil, por citar dos casos recientes. Pero además están Tlatelolco, el Halconazo, Acteal, Aguas Blancas, Atenco y muchas otras matanzas sin nombre que se unen a las que sí lo tienen. Esto sin desmerecer las violaciones a los Derechos Humanos por parte de los militares y los elementos de la seguridad pública, que son constantes.

Lo anterior no sólo nos hace asumir que los Derechos Humanos no son protegidos en México, sino que además no hay instituciones que los hagan valer, pues aun cuando existen algunas creadas específicamente para ello, éstas sólo funcionan en el papel, sin que en los hechos logren investigar lo acontecido y procesar a los responsables, además de implementar medidas para asegurar que lo ocurrido no vuelva a pasar.

En el asunto de Ayotzinapa, el que el ataque a los normalistas y su posterior secuestro se haya llevado a cabo en comparsa entre la policía municipal y la organización delincuencial Guerreros Unidos, nos hace sumar a esa inexistencia factual de las instituciones del Estado un acuerdo entre éste con grupos ajenos a la sociedad, lo que es incongruente al contrato social original debido a que está sirviendo a otro poder, lo que resulta inconsistente con el mismo y da como resultado un Estado que ha perdido su razón de ser, en pocas palabras, un Estado fallido. Esto último es en el caso específico de Ayotzinapa, pero el análisis pudiera aplicarse en cualquier otra entidad federativa, e incluso en el Gobierno Federal.

El 11 de agosto pasado, Amnistía Internacional publicó el llamado de diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para realizar una visita oficial en el país, y atestiguar la brecha entre la retórica y la realidad en México, respecto a las violaciones que aquí suceden contra el discurso oficial. En el exhorto, señalan que México vive una crisis en esta materia que les lleva a hacer un llamado de emergencia a las instancias internacionales de Derechos Humanos. Las OSC indican que la realidad en el país incluye a personas desaparecidas, ejecutadas, torturadas o víctimas de la violencia impune. También ponen de manifiesto su preocupación ante la militarización de la seguridad pública.

En lo que respecta a los derechos económicos, en el documento mencionan que se vive una etapa de retrocesos provocada por las reformas estructurales, “que concentran las riquezas del país en las manos de unos cuantos, precarizan el trabajo e imponen a la población los costos de un despojo de los recursos naturales. Para mencionar un solo ejemplo, el esquema impulsado por el Gobierno Federal en materia de hidrocarburos es hoy la principal amenaza que pesa sobre el derecho de los pueblos y comunidades a su tierra y territorio”.

Bajo esta perspectiva, el objetivo de la administración federal, lejos de ser el conjunto de sus gobernados, lo son sólo aquellos que cuentan con una economía significativa, lo que modificaría el pacto, convirtiendo en ciudadanas y ciudadanos no a toda persona mayor de 18 años de edad, sino únicamente a quienes, además de adquirirla, puedan pagar.

En resumen, las tragedias ocurridas en México son muestra de un Estado que está colapsando, porque dejó de responder a su pueblo, y ha sido tomado por otros poderes que lo limitan y en algunas partes incluso lo suplen. La militarización de la seguridad pública ha provocado una exaltación de la violencia que se vive tanto en los cuerpos de seguridad pública, como en la población y en los grupos de la delincuencia organizada, provocando un círculo vicioso que crea la percepción de que nada más mediante la violencia es posible lograr algún resultado. Es verdad que el gobierno no ha de tolerar que los ciudadanos en sus manifestaciones cometan actos vandálicos, pero tampoco debe criminalizarlos y atacarlos, como sucedió en Puebla, donde un menor de edad perdió la vida por una de las balas de goma lanzadas por elementos del Estado.
Esas expresiones tienen que ser vistas por las autoridades como el reclamo del pueblo organizado, no como el enemigo que ha de ser combatido.

El Estado no debe usar la fuerza pública para atacar a su pueblo, ya que es una total contradicción cuando ésta fue creada para protegerlo; todo gobierno que tiene que recurrir a la fuerza para legitimarse, es porque no habría de estar ahí, en primer lugar. Enrique Peña Nieto puso un gran empeño en sacar las reformas estructurales y nos demostró que es capaz de obtener el consenso suficiente para llevar a cabo lo que desea, por lo que debe entonces, en estos 4 años que le quedan, poner énfasis en recuperar el tejido social y darles una vida real a las instituciones, para así conseguir que dejemos de ser el país de la retórica y la simulación, para construir uno sólido, pues el México de hoy se está desmoronando.

Esta columna fue publicada el 20 de octubre de 2014 en México colapsado

Acerca de Patricia Sanchez-Espinosa

Licenciada en Derecho y periodista de profesión. Actualmente soy la Subdirectora General de Diario de Colima, el periódico de más circulación en la entidad. Cuento con estudios de maestría en Género y Construcción de la Paz en la UNiversidad para la Paz de la ONU.
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