México mágico


HACE poco vi una imagen en una de las redes sociales donde se hablaba de las cosas increíbles que pueden pasar en nuestro país. Palabras más, palabras menos, el cartel virtual rezaba: “Bienvenidos a México, donde las camas se tragan a las niñas, los perros se comen a la gente, los cadáveres se escapan, los secuestradores salen libres con mariachi, los asesinos van a Harvard y los pendejos son Presidentes”.

Se podrá estar de acuerdo o no con las dos últimas afirmaciones, sin embargo, no me deja de inquietar la poca capacidad de asombro (o será de reacción) que la gente tiene en este país, en donde prácticamente puede suceder el acontecimiento más inverosímil, más ilógico, más injusto o tonto, sin que exista una indignación real, acompañada de acciones, para evitar que nos sigan viendo la cara de ingenuos a todos los y las mexicanas.

Hace unas semanas, en este espacio, me referí al caso de Alberto Patishtán, el maestro indígena encarcelado injustamente durante 13 años, que fue puesto en libertad gracias a una modificación constitucional creada ex profeso, la cual no sólo constituye una intromisión del Poder Ejecutivo en el Judicial, sino que su aplicación significaría la afirmación de la incapacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al poder ser utilizada una vez que se hayan agotado todos los recursos, pero se evidencien claras violaciones al proceso.

Como si la SCJN hubiera querido hacer énfasis en su falta de autonomía, el pasado miércoles 6 de noviembre, los ministros revirtieron la resolución que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, ubicado en Jalisco, emitiera en agosto, donde absolvía a Rafael Caro Quintero y ordenaba su libertad, luego de considerar que la justicia federal no era competente para conocer del secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, y del piloto mexicano, Alfredo Zavala Avelar. La posible razón: la presión que Estados Unidos ejerciera sobre México.

Mucho se puede especular sobre los motivos por los cuales se dio el primer o el segundo fallo, pero el problema que esto genera se relaciona más con la confianza que la ciudadanía debe tener en su sistema de justicia que con la legalidad del asunto. ¡Vamos! Que no erraron con un criminal de poca monta, sino con uno de los capos más grandes de la historia mexicana, con el fundador del extinto Cártel de Guadalajara. ¿Por qué no se equivocan así cuando se trata de poner en libertad a un preso político como Patishtán, o a la indígena otomí Jacinta Francisco, quien pasó 3 años y medio en la cárcel, acusada injusta (y ridículamente) de secuestrar a varios elementos de la AFI?

Hace algunos años, los directores de cine Roberto Hernández y Layda Negrete expusieron la corrupción existente dentro del Poder Judicial, en el documental Presunto Culpable. Dicha cinta ganó el Premio de la Audiencia del Festival de Cine de Los Ángeles en 2010 y el Premio al Mejor Documental del Festival Emmy, en la categoría de periodismo de investigación, mientras que en México, un amparo concedido el 2 de marzo de 2011 prohibió su distribución y exhibición en territorio mexicano. Aunque recientemente un tribunal revocó el amparo, con lo que la película ya puede exhibirse en el país, la directora y el director aún enfrentan 19 cargos, en lo que ellos describen como una venganza de parte del Poder Judicial por haberlo evidenciado.

Casos como el de Patishtán, Jacinta Francisco, Raúl Salinas, Florence Cassez, Rafael Caro y la persecución a Layda Negrete y Roberto Hernández, sólo por nombrar algunos, nos llevan a poner en duda la eficiencia de nuestros juzgadores; si efectivamente realizan su oficio de forma imparcial e impecable, o si la política, el dinero, o incluso la venganza, son parte activa en la toma de sus decisiones.

Lo anterior podría parecer un tema gastado para algunas personas, pero en realidad es grave que se pierda la confianza en uno de los que constituyen los tres Poderes que conforman nuestro Estado de Derecho. El que así sean las cosas no quiere decir que sean correctas, ni que tengan que seguir siendo de esa forma. Si existió un plan corrupto para liberar a Rafael Caro Quintero, quien sea que haya estado detrás, no debe de pasar desapercibido. Ha de hacerse una investigación a fondo sobre lo ocurrido, de deslindarse responsabilidades y aplicarse todo el peso de la ley sobre quien la averiguación determine, no para que esto sirva de ejemplo de lo que puede suceder si se usan los tribunales con fines distintos al de la distribución de la justicia, sino porque esta es la función para la cual fueron creados.

Pero esto no puede ser posible si cada persona en México se exime de asumir su responsabilidad como ciudadano y ciudadana, si no exige congruencia a sus autoridades, de la forma que se le ocurra, mientras sea legal y pacífica, si sigue creyendo en esa máxima cuasioficial que dice: México mágico, donde todo pasa y no pasa nada.

Esta columna fue publicada el 18 noviembre 2013 en Diario de Colima

Acerca de Patricia Sanchez-Espinosa

Licenciada en Derecho y periodista de profesión. Actualmente soy la Subdirectora General de Diario de Colima, el periódico de más circulación en la entidad. Cuento con estudios de maestría en Género y Construcción de la Paz en la UNiversidad para la Paz de la ONU.
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