EL sábado se cumplieron 24 años de que la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, razón por la que, a nivel mundial, el 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia.
Con la intención de homologar a nuestro país con la comunidad internacional, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó un decreto mediante el cual se sustituye el Día de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias, celebrado en esa fecha, por el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia.
Entre la exposición de motivos, el mandatario federal se ampara en tratados internacionales y en el bagaje legal que actualmente existe en nuestra Nación. Entre ellos cita el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe la discriminación por motivos de preferencia sexual “o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Cita también las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, como la del artículo 1º, fracción III, que define la discriminación como “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades cuando se base, entre otros motivos, en el sexo, el género y las preferencias sexuales”; añade también que se entenderá por discriminación a la homofobia y otras formas conexas de intolerancia.
Asimismo, menciona que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su meta llamada México en Paz, en la estrategia 1.5.4. denominada Establecer una Política de igualdad y no discriminación, se propone “promover acciones afirmativas dirigidas a generar condiciones de igualdad y evitar la discriminación de personas o grupos; fortalecer los mecanismos competentes para prevenir y sancionar la discriminación; promover acciones concertadas dirigidas a propiciar un cambio cultural en materia de igualdad y no discriminación, y promover el enfoque de derechos humanos y no discriminación en las actuaciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal”.
También Colima se involucró, la semana pasada, en actos para evitar la discriminación. El 14 de mayo, el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Antonio Bucio Mújica, y el gobernador del estado, Mario Anguiano Moreno, signaron un Convenio de Colaboración e instalaron el Consejo Estatal contra la Discriminación, lo que convierte a nuestra entidad en la segunda de la República en hacerlo. Ese mismo día, se firmó un pliego con 17 acciones para la igualdad, con las cuales se pretende fomentar la inclusión.
Sin embargo, aunque se trata de avances positivos, es necesario que lo anterior no se quede tan sólo en buenos deseos y se traduzca en políticas que, efectivamente, promuevan la inclusión y condenen la homofobia, sancionándola, en lugar de normalizarla. Es común que las y los políticos de todos los niveles continuamente se comprometan a realizar acciones de inclusión, pero que dejen éstas solamente en el discurso, quizás por el temor de confrontarse con grupos conservadores, o bien, por prejuicios personales.
Tanto en Colima como en el resto del país, existe aún una homofobia generalizada, promovida y tolerada por el mismo sistema de gobierno que evita legislar de forma incluyente, pretendiendo crear leyes que otorguen derechos, cuando en realidad los siguen coartando. Una muestra de que en el Estado de verdad se está luchando contra la homofobia sería la de desaparecer la aberración jurídica llamada “enlace conyugal” y hacer los cambios legales necesarios para que personas del mismo sexo, o sin uno definido, puedan llegar a contraer matrimonio si así lo desean. Esa sería realmente una prueba de que no se trata tan sólo de tacos de lengua.
Lo anterior es importante porque se requiere que las personas de la diversidad sexual se sientan respaldadas e incluidas por el gobierno al cual pagan sus impuestos, así como para que las personas homofóbicas dejen de considerarse legitimadas para seguir discriminando. El Estado debe asegurarse de gobernar para todas y todos, más allá de ideologías partidarias y de religiones, sin dejar a nadie fuera por no ser políticamente conveniente; en eso consiste la democracia, no en avasallar a las minorías.
Parece increíble que todavía en estos tiempos “modernos” se cumpla la paradoja de señalar a quien defiende los derechos humanos, en lugar de que la vergüenza recaiga en quien los transgrede. Deberíamos de construir el valor del respeto a la vida de los demás y a su derecho a la autodeterminación. Un México en paz no es sólo aquél en el que no se escucha el silbido de las balas, sino uno donde cada quien tenga la libertad de ser quien quiera ser.
Esta columna fue publicada el 19 de mayo de 2014 en Diario de Colima.
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