La intención preponderante


EN la madrugada del sábado último, después de 17 horas de discusión, a puertas cerradas y con la inesperada ausencia de cinco integrantes de la llamada “telebancada”, los senadores aprobaron las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones, las cuales fueron enviadas a la Cámara de Diputados, quienes tienen ahora la encomienda de discutirla y avalarla, o bien, de hacerle cambios y regresarla al Senado.

Entre los puntos discutidos y aprobados se encuentran los de la preponderancia de empresas por sector y no por servicios, la geolocalización por parte del gobierno federal de celulares involucrados en algún delito, la fecha límite para la transición de la televisión analógica a digital para 2015 en lugar de 2017, y restricciones al cobro de telefonía de larga distancia.

Durante la sesión se presentaron 380 reservas, de las cuales 355 no se aceptaron para su discusión, a excepción de aquellas que ya previamente habían sido negociadas en las comisiones dictaminadoras; las demás eran vetadas por la mayoría del PRI, PVEM y algunos del PAN, para que no se entrara a debate.

La mayoría de estas reservas tenían que ver con el tema de la preponderancia, la cual al final se fijó por sector, en lugar de por servicios, lo que algunos consideran se hizo para evitar lastimar en demasía los intereses de Televisa, ya que al ser de esta manera, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sólo podrá considerar preponderante a una empresa en el sector de radiodifusión o telecomunicaciones, en lugar de hacerlo por servicio específico, donde el sector de radiodifusión se dividiría en servicios de televisión abierta y radio, y el de telecomunicaciones, en telefonía fija y móvil, internet y televisión restringida por cable o satelital.

Es evidente que en la forma como fue aprobada, los intereses que se verán más perjudicados serán los de Telmex, Grupo Carso y América Móvil, pertenecientes a Carlos Slim Helú, mientras que al consorcio de Emilio Azcárraga Jean sólo se le declarará como predominante en radiodifusión, contrario a como habría sucedido si hubiera sido por servicios, donde sería restringido también por el IFT en televisión por cable o satelital, en el cual controla una mayoría del mercado.

Quienes votaron a favor de la preponderancia por sector, los senadores del PRI, PVEM, algunos del PAN y del PT argumentaron que así quedó establecido en la reforma de 2013, mientras que los opositores, el bloque de los senadores del PRD (que incluye a aquellos que manifestaron que iban a votar a favor de la misma, pero al final no lo hicieron), afirman que al ser establecida la preponderancia por sector, se beneficia a un grupo en específico, contribuyendo a que continúen las prácticas monopólicas.

En el artículo octavo transitorio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, dice: “III. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, e impondrá las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales…”.

Pero posteriormente, a la letra, especifica: “Para efectos de lo dispuesto en este decreto, se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones”.

Analistas de diferentes organizaciones se han referido a este artículo como ambiguo, ya que puede ser visto de ambas formas, tanto por sector como por servicios, ya que habla de cualquiera que cuente, directa o indirectamente con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, por lo que, en realidad, no está definiendo una opción u otra.

Lo interesante en sí es que los senadores de los partidos mencionados lo hayan interpretado de esta forma, beneficiando a un grupo o empresa determinada al declarar la predominancia por sector, habiendo tenido la oportunidad de beneficiar a la ciudadanía mexicana si se le declaraba por servicios, arriesgándose incluso a una subsecuente oleada de amparos para la aclaración de este concepto constitucional, sobre el que los expertos no se ponen de acuerdo. Remarco, lo interesante fue cómo dichos legisladores escogieron interpretarlo.

Aun así, considero que la reglamentación recién aprobada por el Senado todavía puede constituir un avance para nuestro cuerpo legal, pues sí trae aparejados beneficios para la ciudadanía, como la obligación para los canales de televisión de ofrecer opciones de subtítulos, doblaje al español, traducción a lenguaje de señas para personas con capacidades diferentes en sus principales noticiarios; la eliminación de cobros de Larga Distancia Nacional, etcétera, pero nos corresponde a nosotros, como ciudadanía, el elevar nuestras voces para que la Cámara de Diputados corrija las fallas con las que la turnó el Senado.

La preponderancia es una de ellas, pero también se debe tener cuidado en la discrecionalidad que se le brinda a la Secretaría de Gobernación para obligar a las empresas a cortar el servicio de internet en algunas zonas en donde haya manifestaciones, así como revisar en qué circunstancias podría el gobierno federal geolocalizar algún teléfono relacionado con un delito, y si para ello sería necesaria una orden judicial, como en general lo requiere el artículo 16 constitucional.

Esta columna fue publicada el 7 de julio de 2014 en Diario de Colima.

Acerca de Patricia Sanchez-Espinosa

Licenciada en Derecho y periodista de profesión. Actualmente soy la Subdirectora General de Diario de Colima, el periódico de más circulación en la entidad. Cuento con estudios de maestría en Género y Construcción de la Paz en la UNiversidad para la Paz de la ONU.
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