La doble moral


PROBABLEMENTE desde que las mujeres comenzaron a luchar por el reconocimiento al derecho a votar y a ser votadas, han ido creciendo los movimientos concernientes a impulsar los derechos de las mismas, desde los políticos, hasta los más básicos, como el de vivir sin violencia. Esta pugna ha logrado que en los últimos años los partidos políticos comiencen a tomar más en serio a las mujeres, tanto con acciones positivas como con legislaciones que garanticen su seguridad.

Así se creó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se han estado haciendo modificaciones al Cofipe y a la normatividad electoral de cada estado, hasta llegar a la última reforma que obliga a los partidos a designar un 50 por ciento de candidaturas para cada uno de los géneros, con la intención de ir logrando una mayor participación de las mujeres en la vida política del país. Hay avances en este ámbito, no me queda duda.

Pero una cosa es el discurso político y otra las acciones. Casos como el de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, con la presunta red de prostitución que operaba en las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal, con cargo al presupuesto asignado a dicho abanderamiento, son precisamente los que nos deben llevar a la reflexión sobre qué tan cierto es este espacio de igualdad otorgado a las mujeres en la política.

Si bien se especula que el golpe dado al hijo de El Rey de la Basura es interno, y que lleva la intención de neutralizar y remover a un personaje incómodo, también lo es que las acusaciones de la tendencia al abuso por parte del ahora ex dirigente priista hacia las mujeres no es ninguna novedad. Gutiérrez de la Torre ya había sido señalado en 2011 por haber mandado golpear a la diputada Rosario Guerra Díaz, para evitar que se registrara como candidata a la presidencia del PRI en el Distrito Federal. La aludida acabó en el hospital, junto con algunos de sus compañeros, con lesiones muy serias, pero a pesar de esto, no recibió el apoyo de Humberto Moreira Valdés, quien en ese tiempo era el líder nacional del tricolor, ni del entonces precandidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, ni de la también aspirante a jefa de Gobierno del Distrito Federal, Beatriz Paredes Rangel, según declara la misma Rosario Guerra, razón por la cual se dispuso a abandonar el abanderamiento.

Cabe preguntarse: ¿Cómo, si pendía una investigación por parte de la ex priista, y el caso fue tan sonado y condenado, es que este personaje terminó llegando a ser el dirigente del PRI en el DF y a mantenerse en el cargo? ¿Dónde está ese apoyo institucional que supuestamente se les da a las mujeres? Sí, claro, ¡en el discurso, nada más!

Lo anterior no es exclusivo del Distrito Federal, pues se reproduce en cada estado de la Nación, agudizándose más en algunos lugares que en otros. Y no me refiero específicamente a la prostitución, sino al abuso y al acoso sexual al que se tienen que enfrentar las mujeres que trabajan en los institutos políticos, en el gobierno, o bien, que intentan participar de alguna forma en el sistema. Los casos van desde los más simples, como la invisibilización de las mujeres a la hora de formar cuadros políticos, hasta las propuestas llanas y descaradas de intercambiar sexo por algún puesto o proyecto.

En Colima, hay mujeres que me han comentado que han sufrido acoso sexual por parte de funcionarios de gobierno o miembros de la militancia de algún partido, información que por ahora me reservo porque así es su deseo. De cómo un servidor público sólo aceptaría platicar con una de ellas sobre sus proyectos bajo la luz de las velas, o cómo otro alto funcionario le garantizaría un “súper puesto” a cambio de un acostón, eso sin contar los innumerables comentarios y miradas lascivas por las que tuvieron que pasar durante las entrevistas de trabajo, o bien la furia que debieron soportar por haberse atrevido a rechazar al servidor.

Si esas mujeres no se han animado a presentar sus denuncias públicamente, es porque temen ser catalogadas como locas, problemáticas o incluso como prostitutas; porque el sistema judicial no ha dado grandes resultados a la hora de defender los derechos del sector femenino y porque se le da mayor valor al denuesto de algún encumbrado político que al de una ciudadana común; porque, en los hechos, seguimos manteniendo una cultura de la violación, en donde el acoso sexual es visto como algo normal, y a la mujer que lo denuncia, como una exagerada.

El problema reside en la cultura. Es la forma de pensar que tienen algunas personas que confunden o tergiversan lo que debería de ser igual para unas y otros, como el que una mujer que busca un trabajo en alguna institución se le invite a cenar en vez de hacerle una entrevista laboral, mientras que no sucede lo mismo si el solicitante es varón. O cómo es normal que a las trabajadoras se les hagan piropos de diferentes tonalidades de rojos, durante su jornada de trabajo, mientras que los hombres no tienen que pasar por eso. Se podrá estar a favor o en contra del uso de los piropos, pero éstos no deberían utilizarse en el sitio de trabajo, pues ninguna mujer debería sentirse incómoda en su espacio laboral.

Otra forma en donde es identificable la doble moral del discurso de inclusión de género de la clase política es en las cifras de violencia hacia las mujeres que maneja el gobierno federal. Colima tiene una de las tasas más altas de ataques generalizados hacia las mujeres en el país, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2011, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y la más elevada en violencia sexual. No obstante, lo que más me llama la atención es la comparativa con el estudio previo, de 2006, donde observamos que Colima se ubicó en el segundo lugar en agresiones sexuales, lo que indica que, con todo y los discursos de inclusión, este tipo de violencia ha ido escalado en la entidad.

Por supuesto que los factores para que esto ocurriera son muchos y tiene que ver también el aumento de la violencia en general en la entidad, pero lo cierto es que el gobierno debe de funcionar como contexto de aquello que quiere generar, por tanto, ha de enfocar su atención a lo ocurrido en el Distrito Federal y comenzar a poner sus barbas a remojar –literalmente– para hacer los cambios necesarios, no para evitar un escándalo, sino para garantizar, en los hechos, el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. ¡Ya basta de doble moral!

Esta columna fue publicada en Diario de Colima el 14 de abril de 2014.

Acerca de Patricia Sanchez-Espinosa

Licenciada en Derecho y periodista de profesión. Actualmente soy la Subdirectora General de Diario de Colima, el periódico de más circulación en la entidad. Cuento con estudios de maestría en Género y Construcción de la Paz en la UNiversidad para la Paz de la ONU.
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