El valor de expresarse


Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa
de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones
y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de
fronteras, por cualquier medio de expresión.
Artículo 19 de la DUDH

EL 3 de mayo pasado se celebró el Día de la Santa Cruz, mismo que coincide con el festejo de los albañiles y trabajadores de la construcción, el cual por costumbre se ha unido en uno solo, siendo común que estos últimos instalen cruces de madera en sus lugares de trabajo, algunas decoradas con flores y papel de china, y celebren con cohetes y fuegos artificiales. Sin embargo, esto no es lo único que se conmemora en esa fecha, ya que el 3 de mayo se celebra también el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Personalmente, estoy convencida de que la libertad de expresión y la de prensa es la base de todas las libertades, pues es desde ella que se puede analizar, proponer, cuestionar y exigir a las autoridades los cambios necesarios para el progreso. Los mismos estudios que se han hecho al respecto señalan esta relación, como evidencia uno que se cita en la página electrónica de la UNESCO, donde se menciona que “la libertad de prensa y la buena gobernanza no son mutuamente exclusivas. Se soportan una a la otra, mientras promueven el desarrollo económico y humano de un país”.1

Sin embargo, el contexto en el que México recibe esta insípida celebración es preocupante. El pasado 18 de marzo, Article 19, organización que toma el nombre del mismo artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, emitió su informe sobre 2013, desvelando la situación que atraviesa México, en la cual nos ubicaron, una vez más, como uno de los lugares más complicados y peligrosos para ejercer el periodismo.

“Durante 2013 se registraron y documentaron un total de 330 agresiones de todo tipo contra periodistas, trabajadores de prensa e instalaciones de medios de comunicación en México. Este es el año con más agresiones documentadas desde 2007. En México se agrede a un periodista cada 26.5 horas”, comienza diciendo el texto, revelando que existe un incremento de un 59 por ciento en los ataques que tienen reportados, es decir, 123 casos más, respecto a 2012.

Contrario al discurso oficial, dichas agresiones no provienen principalmente del clima de violencia que vive el país, sino que son, en su mayoría, ataques de la misma autoridad. “El 60 por ciento fueron cometidas por funcionarios de distintos niveles de gobierno”, afirman, a las cuales hay que añadir, por supuesto, la amenaza permanente del crimen organizado.
A lo anterior se suma, como agravante, el nivel de impunidad en el que quedan los ataques cometidos a las y los comunicadores. En la evaluación del Comité para la Protección de los (y las) Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), México se encuentra en el séptimo país con mayor impunidad en ese ámbito, debajo de Naciones en guerra, como Irak y Siria.

Aun cuando en abril del año pasado se realizó una enmienda constitucional para facultar a las autoridades federales a atraer los delitos contra periodistas, no se han logrado avances en 16 casos de asesinatos de profesionales del periodismo que han permanecido sin castigo durante los últimos 10 años, lo que envía un fuerte mensaje sobre el desinterés del Estado por proteger a quienes se dedican a esta actividad, la cual, por lo mismo, pudiera considerarse ya como de alto riesgo en nuestro país.

Por supuesto que a los gobiernos de las diferentes entidades, así como al federal, les conviene que los y las periodistas vivan con un miedo permanente. Es el equivalente a la bota sobre el cuello, que dificulta la redacción a la hora de escribir algún artículo o difundir una nota no favorable para la autoridad.

Pero este mismo miedo no es exclusivo de quienes trabajan en los medios de comunicación, sino que es compartido por la población en general. Como integrante de un periódico, comúnmente escucho quejas de personas que han sufrido abusos, por parte de de funcionarios o personas con algún tipo de influencia, pero a la hora de invitarles a denunciar públicamente, prefieren callar por temor a alguna represalia. En algunas ocasiones nos es posible publicar la noticia protegiendo la fuente; en otras, el hecho se torna demasiado particular como para ocultarles la identidad.

El gran triunfo de un Estado totalitario es el de lograr callar a su gente para evitar que se le cuestione y se le obligue a cambiar o a rendir cuentas. Un gobierno ilegítimo tratará de legitimarse por medio de la fuerza; uno legítimo lo hará a través del debate de las ideas, para lo cual es indispensable la libertad de manifestarlas. A quienes formamos parte de algún medio nos toca fortalecer nuestra valentía, no dejarnos doblegar, pero también necesitamos que la ciudadanía haga lo propio, ya que, a final de cuentas, está defendiendo su propio derecho a expresarse.

1 http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-press-freedom-day/2014-themes/free-media-contribute-to-good-governance-empowerment-and-eradicating-poverty/

Esta columna fue publicada el 5 de mayo de 2014 en Diario de Colima

Acerca de Patricia Sanchez-Espinosa

Licenciada en Derecho y periodista de profesión. Actualmente soy la Subdirectora General de Diario de Colima, el periódico de más circulación en la entidad. Cuento con estudios de maestría en Género y Construcción de la Paz en la UNiversidad para la Paz de la ONU.
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