¿Votadas o Vetadas?


El aniversario de los 60 años del voto femenino en México trae a colación una serie de reflexiones sobre lo que ha significado el que a las mujeres se nos haya reconocido el derecho que tenemos al sufragio, así como a ser votadas como representantes populares; sobre lo que se ha avanzado en materia de representación femenina, lo que falta para conseguir la paridad y las posibles razones sobre por qué ésta no se ha alcanzado.

El pasado 16 de octubre, en el marco de la conmemoración del voto femenino, la maestra Celia Cervantes Gutiérrez, coordinadora del diplomado en Estudios de Género en la Universidad de Colima y que se ha convertido en un referente en esta materia, impartió la conferencia “La participación de las colimenses en la élite política, estatal y federal”, donde, con algunos datos, hizo evidente la enorme brecha que aún existe para encontrar la paridad entre ambos sexos.

En ella reveló que en la historia de los municipios de Colima, tan sólo 27 mujeres han sido electas como presidentas, incluyendo a las dos actuales. Tan sólo 14 de ellas ganaron por elección popular, mientras las 13 restantes llegaron allí para cubrir el interinato dejado por los alcaldes anteriores, quienes pidieron licencia para contender por otro cargo.

En lo referente al Congreso local, éste ha visto pasar a 55 diputadas, incluyendo a las que participan en la LVII. Veintiséis de ellas fueron electas por principio de mayoría relativa, 19 por representación proporcional y 10 por la suplencia. La anterior configuración califica a la actual Legislatura como una Cámara inclinada, es decir, que contiene entre un 21 y 30 por ciento del grupo minoritario, donde el ideal es el Congreso balanceado. Esto igualmente desvela que la presente Legislatura no registra el 70/30 que especifica el Código Electoral del Estado, como no lo ha hecho ninguna de las anteriores. Cervantes Gutiérrez también hizo notar que tal código se encuentra desfasado desde mayo de 2008, respecto del Cofipe, que ordena el 60/40.

Mientras tanto, en el Congreso de la Unión, tan sólo han habido 11 diputadas federales, incluidas Martha Sosa Govea y Patricia Lugo Barriga; y siete senadoras, entre las que se cuentan Mely Romero Celis e Itzel Ríos de la Mora. Pero ningún número es más triste que el solitario uno, cuando revisamos la gubernatura de Colima, donde ha estado en su cargo nada más una mujer: Griselda Álvarez Ponce de León, quien además fue la primera mujer en ocupar este puesto en la historia del país.

Ante los datos expuestos, es concebible la necesidad de que existan cuotas de género, pues la representatividad de las mujeres en las Cámaras no muestra signos de darse de forma espontánea. No obstante, hay quienes critican estas acciones afirmativas, sugiriendo que de esta manera se les está pavimentando el camino a las mujeres, en lugar de que tengan que demostrar una capacidad superior a la de sus compañeros masculinos para obtener una candidatura; sin embargo, esta teoría parece no tomar en cuenta el machismo imperante en nuestra cultura, en donde los hombres aún dominan las negociaciones en los círculos del poder.

Los sistemas de cuotas, como lo indicó Celia Cervantes, parten del supuesto de que una mayor representatividad de las mujeres en la esfera política y pública permitirá incorporar los intereses prácticos y estratégicos de género en la agenda gubernamental y en los presupuestos públicos. En otras palabras, constitucionalmente, las mujeres contamos con  los mismos derechos que los varones, pero físicamente tenemos necesidades distintas, por lo que entonces las políticas públicas que les sirvan a ellos no son suficientes para garantizar el acceso de ellas a las mismas oportunidades. Estas diferencias, al no ser propias del sexo masculino, fácilmente pueden ser obviadas por los hombres, mientras que son mucho más visibles para las mujeres.

Claro está, como la experiencia indica, que el hecho de ser mujer no asegura una perspectiva de género, pero su presencia en los puestos de representación popular sí abre una posibilidad de que las problemáticas propias del sexo femenino sean visibilizadas si ellas se encuentran presentes. Crear políticas públicas para toda la ciudadanía, sin ser sensibles a las necesidades de más del 50 por ciento, no favorece al desarrollo de la democracia en México.

Personalmente, me gustaría que las acciones afirmativas no existieran en nuestro país, pues el que sean necesarias indica que las mujeres continuamos siendo un grupo vulnerable, aun cuando constituyamos la mayoría de la población mexicana, lo que marca la opresión a la cual permanecemos sujetas. La historia reciente nos demuestra la importancia de que las cuotas de género sigan vigentes, para que las mujeres puedan acceder a escaños de poder, pero también nos ayudan a identificar cuál de los sexos continúa manteniendo el control del poder político, ya que tales cuotas no son para garantizar el acceso de los hombres al mismo, sino el de las mujeres.

De lo anterior se deduce que el ámbito político sigue siendo esencialmente masculino, y que nuestra cultura continúa reproduciendo las acciones que fomentan el dominio de este sexo contra el femenino, creando un ambiente en el cual es mucho más fácil acceder a las políticas públicas cuando se es hombre que cuando se es mujer, aunque las estadísticas comprueben que las mujeres ejercen el voto más que los hombres. En el contexto del 60 aniversario del sufragio femenino, es claro que las mujeres nos hemos apropiado de nuestro derecho a votar, pero aún tenemos que seguir luchando para ser votadas, en lugar de vetadas.

Agradezco a la maestra Celia Cervantes Gutiérrez su asistencia en este tema.

Esta columna fue publicada en Diario de Colima el 21 de octubre de 2013

Acerca de Patricia Sanchez-Espinosa

Licenciada en Derecho y periodista de profesión. Actualmente soy la Subdirectora General de Diario de Colima, el periódico de más circulación en la entidad. Cuento con estudios de maestría en Género y Construcción de la Paz en la UNiversidad para la Paz de la ONU.
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