Se Vale Soñar


Después del escándalo suscitado por el despliegue de autoritarismo de parte de Andrea Benítez, la hija del procurador federal del Consumidor, Humberto Benítez Treviño, cuando en un arranque de prepotencia mandó a agentes de la Profeco a clausurar un restaurante de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de su titular, Miguel Osorio Chong, decidió cesar a Benítez Treviño por orden del presidente Enrique Peña Nieto, por considerar que habían sido dañadas la imagen y el prestigio de dicha institución.

Sin embargo, el mismo Osorio Chong declaró que, de las investigaciones desprendidas del caso, se había determinado que el titular de la Profeco no estaba involucrado en el abuso cometido contra el restaurante en cuestión, que él no “ordenó ni participó en los hechos”, pero que aun así se había optado por su destitución, debido al daño que los actos de su hija habían ocasionado a la dependencia, por lo cual se había optado por removerlo del cargo. El que Humberto Benítez, por tanto, hubiera sido removido, aunque se determinó que no tuvo nada que ver en los hechos, levanta cuestionamientos respecto a la legitimidad de la decisión de Peña Nieto, sobre si su cese es justo o no.

Situaciones como la de Andrea Benítez se han vuelto virales gracias a las redes sociales, las cuales constituyen una presión cibernética de la opinión popular, que es fácil de medir debido a los llamados “trending topics”. Casos como el de las Ladies de Polanco, El Gentleman de la Lomas, pasando por el desliz de la hija del actual presidente de la República, cuando retuiteó el comentario de su novio, donde llamaba “prole” a los críticos de su padre, luego del incidente en la Feria Internacional del Libro 2011, han resultado en una indignación masiva de parte de la ciudadanía mexicana.

Lo que marca la diferencia en este asunto es que, respecto a las anteriores personas, célebres gracias a Internet, su prepotencia no pasó de ser un hecho aislado donde se exponían a sí mismas por su notable clasismo, su mala educación y una marcada tendencia a la violencia; las repercusiones penales que se desprendieran de sus casos afectaban solamente a su individualidad. Incluso el comentario que involucró a la hija del Presidente fue tan sólo una opinión personal, de mal gusto, sin efectos trascendentes. Pero en el de Andrea Benítez, la hija del titular de la Profeco, sí se utilizaron recursos federales para satisfacer su pequeño berrinche, los cuales fueron facilitados por el personal que ahí laboraba.

Su padre, Benítez Treviño, como procurador del consumidor, pudo alegar desconocimiento o llamarse libre de culpa por haber estado indispuesto, pero aun cuando se encontrara recuperándose de una cirugía, debió haber previsto mecanismos para que la labor de la dependencia no se viera afectada por su ausencia. El que su hija hubiera tenido el poder de disponer de agentes federales para ordenarles romper las leyes para satisfacer deseos personales, y que éstos hubiesen respondido, indica una corrupción en su entrenamiento, lo que convierte al procurador en cómplice de sus acciones, o bien, pone en evidencia una negligencia que lo hace inefectivo en su cargo.

Por tanto, considero que aunque se determinó que él no había estado involucrado en los hechos, sí tuvo responsabilidad en los mismos, por lo que la decisión de cesarlo es correcta, a pesar de que haya habido tardanza para tomar la medida, lo cual puede deberse a que se le estaba dando tiempo para que él mismo presentara su renuncia, en un moderno y civilizado harakiri. No lo hizo, y por lo tanto la presión cayó en el Presidente.

Pero las consecuencias de dicha remoción pueden ir más allá del titular de la dependencia, quizás podrían servir como un baño de humildad para otros funcionarios de alto nivel, que manejan sus nombramientos como títulos nobiliarios y por alguna razón se consideran, tanto ellos como sus familiares, pertenecientes a una casta distinta a la del resto de las mexicanas y mexicanos. Posiblemente el descrédito que Andrea Benítez causó a su padre y a ella misma, y las consecuencias que se derivaron, podrían ayudar a que otros u otras servidoras públicas comiencen a pensársela dos veces antes de utilizar los recursos del Estado para afectar a la población a la que supuestamente se deben. Claro que, hasta que eso suceda, se vale soñar.

Esta columna fue publicada el 20 de mayo de 2013 en Diario de Colima y puede verse en el siguiente link: http://www.diariodecolima.com/2013/05/20/sentido-comun-12/

Acerca de Patricia Sanchez-Espinosa

Licenciada en Derecho y periodista de profesión. Actualmente soy la Subdirectora General de Diario de Colima, el periódico de más circulación en la entidad. Cuento con estudios de maestría en Género y Construcción de la Paz en la UNiversidad para la Paz de la ONU.
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