¿Pecar por la Paga o Pagar por Pecar?


ES muy grave la declaración que en días pasados hizo el presidente de Abogados Penalistas en el Estado de Colima (APEC), Mario García Solórzano, sobre la detección de casos en que madres de familia prostituyen a sus hijas.
García Solórzano informó que tienen conocimiento de alrededor de 100 situaciones como ésta, ocurridas en municipios como Tecomán, Manzanillo, Comala y Villa de Álvarez, en donde jefas de familia orillan a sus hijas a la prostitución, ya sea por “necesidad económica, drogadicción, alcoholismo y desintegración familiar”.
Como el presidente de abogados indicó, el Código Penal para el Estado de Colima establece (en el artículo 209) una penalidad mínima de 25 años de prisión para aquellas personas que sostengan relaciones sexuales con menores de 14 años, oscilando la edad de las afectadas entre los 12 y 14. No obstante, es necesario señalar que existen tratados internacionales, firmados por México, donde no se hace distinción entre un niño o niña, y un adolescente, considerando que no dejan de serlo hasta que cuenten con 18 años cumplidos, por lo que entonces no tienen la capacidad para otorgar su consentimiento.
Entre las causas de este fenómeno social, el presidente de APEC sugiere que se debe a la precocidad de las jovencitas, quienes crecen en ambientes de bajos estudios académicos, lo que conlleva a que en las colonias en las que viven exista hacinación y acceso a medios electrónicos. Pero por otro lado, aun cuando haya estudios que demuestren que estas circunstancias contribuyen a la hipersexualidad de las niñas, no se debe de olvidar que éstas siguen siendo las víctimas en todos los casos, y que hay otros elementos que deben de tomarse en contexto, como lo es el rol de los padres de familia y su posible involucramiento, así como la cultura de objetivización de las mujeres, en las cuales las mismas madres crecieron.
Señaló también que las progenitoras orillan a sus hijas a “insinuárseles” a hombres que creen que tienen dinero, para que éstos sostengan relaciones con ellas y así poder lucrar con el hecho, interponiendo denuncias por violación o abuso sexual si no son capaces de satisfacer sus intereses. Considera preocupante la situación, ya que en los delitos sexuales no se requiere presentar testigos, sino que basta con la denuncia interpuesta por la madre y la declaración de la menor, lo que dificulta la labor de los penalistas para demostrar que no existen las circunstancias que acrediten la violación. Sin embargo, esto también conlleva a otro problema, ya que nuestra legislación establece como violación el que un hombre mantenga relaciones sexuales con una menor de 14 años, independientemente de si ésta consintió o no al hecho, y los tratados internacionales indican que no tienen esta capacidad hasta cumplir los 18.
La denuncia pública que realiza Mario García es importante como un primer paso para que las autoridades enfoquen su atención en esta problemática que afecta a las menores colimenses, a quienes se les está privando de sus derechos de gozar de una infancia plena. Aunque creo que no se debería de tomar tan sólo el hecho de que son las madres las que prostituyen a sus hijas, sino el que haya hombres que tan fácilmente se involucren en estas transacciones, siendo la parte fundamental del problema. En palabras de Sor Juana Inés de la Cruz: “¿O cuál es más de culpar,/ aunque cualquiera mal haga:/ la que peca por la paga/ o el que paga por pecar?”.
A pesar de que las niñas que son prostituidas consideren que de esta forma están contribuyendo a la economía de su hogar, no se debe pasar por alto la violencia a la cual están siendo sometidas, al ser reducidas a objetos por sus padres (a ambos, insisto, no se debe soslayar su participación), así como por sus múltiples violadores en carácter de clientes. El Estado, así como los Municipios, tienen la obligación de velar por la seguridad de estas menores y garantizar su desarrollo pleno como personas, así como asegurar que la culpa no recaiga en ellas, sino en quienes las prostituyen (porque no tipifica como trata de personas) y en quienes, por cultura o ignorancia, intiman sexualmente con ellas.
Agradezco a la abogada penalista Adriana Ruiz Visfocri su asesoría en este tema.

Esta columna fue publicada el 7 de octubre de 2013 en Diario de Colima.

Acerca de Patricia Sanchez-Espinosa

Licenciada en Derecho y periodista de profesión. Actualmente soy la Subdirectora General de Diario de Colima, el periódico de más circulación en la entidad. Cuento con estudios de maestría en Género y Construcción de la Paz en la UNiversidad para la Paz de la ONU.
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