Mal Presagio


Visto desde lejos, México parece un país ordinario, una República democrática donde impera un Estado de Derecho y un sistema que lucha contra la ilegalidad. Sin embargo, observado desde cerca, percibimos un territorio muy distinto, donde el poder se divide en facciones y en regiones, en las que a veces el mismo Gobierno Federal no tiene cabida.

Es fácil verlo en algunas entidades en las que son los grupos fácticos los que mandan, quienes dictan la justicia y deciden quiénes pueden mantenerse al margen de ella; algunos incluso en ocasiones ayudan a la población en casos de emergencia (como pasó recientemente en Tamaulipas), y hasta llegan a colectar “impuestos”, ¿o cómo podría llamársele al cobro “por protección”? Esta falta de control es también observada en los municipios que han corrido a la policía por considerarla corrupta, erigiendo su propia autodefensa, así como en el dominio casi total que ejercen varios sindicatos en ciertas zonas del país, como Oaxaca y Guerrero.

La situación que actualmente viven el Distrito Federal y otros estados, donde tanto la ciudadanía como la educación se encuentran secuestradas por la CNTE, debe constituir un problema preocupante para el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues la falta de un acuerdo que pacifique y estabilice a la Nación está evidenciando a una Administración Federal débil e ineficiente.

Peña Nieto no la tiene fácil, ya que los líderes de la CNTE han probado su fuerza dándose cuenta de que la presión que ejercen magnifica su poder de negociación, con la cual podrían obtener mayores beneficios en el momento en que perciban desesperación por parte del Ejecutivo. Sin embargo, aunque la estrategia puede a la larga doblar a la Presidencia, también tendría peligrosas consecuencias para los maestros y adheridos, si Enrique Peña opta por replicar la operación de Gustavo Díaz Ordaz en el 68, o incluso el levantamiento de Atenco en 2006, las cuales –salvadas las excepciones– estuvieron marcadas por el uso excesivo de la violencia y por la violación de derechos humanos de parte de los guardianes de la seguridad pública.

Esta última alternativa tampoco es conveniente para la imagen del Gobierno, ya que la gente aún vincula la masacre de Tlatelolco con el PRI. El recuerdo está todavía fresco en la memoria de México, donde la impunidad que rodea el caso no ha permitido que la herida sane adecuadamente, por lo que una repetición de esos actos podría significar el fin del Partido Revolucionario Institucional. Repito, Peña Nieto no la tiene fácil.

Independientemente de si la causa de los maestros es válida o no –lo que es motivo de debate–, la forma como han venido obrando no ha sido favorable para lograr el apoyo de la gente. Toda movilización popular necesita, para ser exitosa, del respaldo de la ciudadanía, de lo contrario, se convierte en una causa perdida cuya falta de legitimidad la orilla al empleo de la violencia para poder subsistir. Cuando un movimiento incurre en esa práctica, se quema a sí mismo, pues prueba con ello los argumentos de desprestigio de sus opositores. Los profesores se han equivocado en su actuar al recurrir a ella.

Por supuesto que todos los levantamientos tienen el riesgo de ser infiltrados por agentes provocadores que alteren el orden, para justificar así una reprimenda de las autoridades opresoras. Pero éstos son fácilmente detectables y generalmente proceden sólo en los momentos en que dicha represión es posible, como en una manifestación, por ejemplo; mas no es a este tipo de violencia al que me refiero, sino a aquella que compete a la planeación y presentación de su inconformidad, la cual incluso puede ser legítima.

El magisterio inconforme ha perdido la ocasión de ganarse el apoyo de la gente al violentarle su vida diaria, obstaculizando las calles y retirándoles las clases a sus hijos e hijas (aunque supone una ventana de oportunidad para otros grupos minoritarios, quienes comienzan a sumárseles en diversos estados de la República).

Si bien nada justifica una intervención como la del 2 de octubre del 68, la forma en que estas manifestaciones se han venido sucediendo provocan el rechazo e incluso la polarización de la sociedad, lo que puede ocasionar que sea la misma la que exija el desalojo violento de este grupo, poniendo al Gobierno Federal en una situación imposible, justo en el momento en que éste necesita legitimarse en el poder, en un país que lo comparte en demasía.

PUNTO Y APARTE

Platicando con una amiga sobre la reforma hacendaria, me comentaba que el impuesto a las colegiaturas era tan absurdo, que consideraba que se había incluido en la misma como un distractor de los demás gravámenes, que son igualmente dañinos para la población, la cual ya está suficientemente golpeada por la recesión. Ayer, el diputado federal y coordinador de la fracción priista en la Cámara Baja, Manlio Fabio Beltrones, adelantó que se podría eliminar este tributo de la propuesta, lo que me hace pensar que, efectivamente, este impuesto se contempló tan sólo para utilizarse en el momento de la negociación.

Esta columna fue publicada en Diario de Colima el 30 de septiembre de 2013.

Acerca de Patricia Sanchez-Espinosa

Licenciada en Derecho y periodista de profesión. Actualmente soy la Subdirectora General de Diario de Colima, el periódico de más circulación en la entidad. Cuento con estudios de maestría en Género y Construcción de la Paz en la UNiversidad para la Paz de la ONU.
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