Los Juegos del Hambre


No aludo con este título a la célebre novela de Suzanne Collins, Los juegos del hambre, que fuera después llevada al cine por el director Gary Ross. Me refiero a la forma vil, aunque usual, con que los funcionarios utilizan las necesidades de la ciudadanía mexicana como instrumento político para garantizar el triunfo de su partido en las urnas.

El miércoles de la semana pasada, el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, denunció penalmente al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y a 57 funcionarios más, por un presunto uso indebido de recursos públicos, originados de programas sociales como Oportunidades y 65 y Más, cuyos principales beneficiarios son adultos mayores con una alta necesidad económica. Como material probatorio, Madero Muñoz presentó ante la Procuraduría General de la República unas grabaciones en las que se aprecia, entre otros, a Pablo Anaya Rivera, coordinador regional del Comité Directivo Estatal del PRI en Boca del Río, advirtiéndole a su auditorio: “No es fácil comprar una elección, ni salir a comprar votos, porque hay que saber a quién comprárselos, y lo han visto, y lo han vivido, y lo hemos vivido todos los que sabemos esto, no es fácil porque a veces damos el dinero a gente que no nos va a responder, y nomás nos agarran de pendejos”.

También fue videograbado Salvador Manzur Díaz, ex secretario de Finanzas y Planeación y actual precandidato del PRI a presidente municipal de Boca del Río, quien dijo que había que asegurar la rentabilidad de los beneficios que se den a las personas con una alta necesidad, es decir, de entregarlos en el entendido de que tienen la obligación de votar por el PRI, para obtener mayor provecho.

Tristemente, para nadie resultó una sorpresa lo revelado en dichas grabaciones, si acaso, sirvieron tan sólo para documentar un hecho del cual las y los mexicanos estamos plenamente conscientes. El empleo de programas sociales para comprar votos no es ninguna novedad, es un uso que se ha convertido en una costumbre, al cual ningún partido se puede llamar ajeno sin morderse la lengua.

La calma que se revela en el video, la normalidad con la que se imparten las instrucciones, hablan de una impunidad alarmante que no podría suceder sin la existencia de una complicidad en todos los niveles de gobierno. El manejo del padrón, la organización de las dádivas y la respuesta a las peticiones ciudadanas por parte del Estado para favorecer a los candidatos priistas, no podrían realizarse sin que hubiera una coordinación en las más altas esferas. Por esa razón no se puede creer que esto se hubiera dado sin la anuencia del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, con la complicidad de la secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles. Ya sea que esto hubiera estado ocurriendo con su aprobación o a sus espaldas, su responsabilidad es ineludible.

Derivado de lo anterior y en un intento por apagar un poco el incendio suscitado, Robles Berlanga anunció que se había tomado la decisión de separar de sus cargos al delegado de la Sedesol en Veracruz, Ranulfo Márquez Hernández; al coordinador operativo de esta dependencia, Felipe Sosa Hernández; a los jefes de zona Eli César Mendoza y Raúl Molina; a los enlaces operativos de 65 y Más, Graciela Tejeda, y de Oportunidades, Jesús Balbuena Buenrostro; así como a Mariano Molina, quien fungía como supervisor del programa.

Rosario Robles añadió que cooperará para que se llegue a las últimas consecuencias, aclarando que los programas sociales de la Cruzada Nacional contra el Hambre no tienen fines partidistas, pero se advierte que la estrategia del PRI para contrarrestar la denuncia presentada por el PAN será mediática, intentando reducir las acusaciones de Gustavo Madero a una simple crítica, originada por una campaña negra para incidir en su partido en los próximos comicios locales.

De esa manera, el presidente Enrique Peña Nieto respaldó a la titular de la Sedesol y pidió a Madero argumentar sus críticas, como si el video no existiera. Por su parte, Javier Duarte y Salvador Manzur dijeron estar tranquilos, debido a que las acusaciones en su contra eran parte de una campaña “negra y negativa” con fines electorales.

Por como se han venido manejando las cosas, es muy posible que la responsabilidad moral caiga sobre las personas ya destituidas, y la penal sea completamente evadida, dejando en la ciudadanía de México ese sentimiento de frustración ya tan conocido, derivado de la impunidad de la que gozan quienes se aseguran de que las y los mexicanos sigamos siendo rehenes de sus rentables juegos del hambre.

Esta columna fue publicada en Diario de Colima el 22 de abril de 2013

Acerca de Patricia Sanchez-Espinosa

Licenciada en Derecho y periodista de profesión. Actualmente soy la Subdirectora General de Diario de Colima, el periódico de más circulación en la entidad. Cuento con estudios de maestría en Género y Construcción de la Paz en la UNiversidad para la Paz de la ONU.
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