Llegó el momento


La decisión de la municipalidad de Cuauhtémoc de unir en matrimonio a dos personas del mismo sexo ha sido, por decir lo menos, controversial. En cuanto se dio a conocer la noticia, se levantaron voces de indignación por todos lados, condenando la acción; algunos políticos y abogados argumentaron la ilegalidad del acto, debido a que la Constitución del Estado de Colima, en su artículo 147, especifica que el matrimonio es un contrato civil entre un solo hombre y una sola mujer que se unen para perpetuar la especie, por lo que entonces un enlace celebrado entre dos varones no podía tener validez. Incluso hubo voces afines a la causa homosexual que se mostraron ofendidos por la boda, como el del representante de la Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travestis e Intersexuales (LGBTTTI), César Guerra Ruelas, quien acusó a la alcaldesa Indira Vizcaíno de sólo querer polemizar con el asunto de la diversidad, sin intentar resolverlo.

Jurídicamente, el tema es muy interesante, pues aun cuando es cierto que la Constitución local establece que las uniones deben de ser heterosexuales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es clara al prohibir la discriminación por motivo de preferencias.

Jerárquicamente, el ordenamiento legal local no puede estar sobre el federal, debido a que la soberanía de Colima está limitada por el pacto federal, en el cual nos encontramos al ser un estado más del país, por lo que entonces nuestras leyes locales no deben de contradecir lo que en la máxima legislación está expuesto, ni en los tratados internacionales a los cuales México está suscrito.

Lo anterior es la razón por la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de las parejas homosexuales de Oaxaca, a las cuales se les había negado el derecho de contraer matrimonio en su entidad. Al haber decidido ya en ese sentido, la Suprema Corte tendría que resolver las siguientes controversias de igual forma, por lo que si el ayuntamiento de Cuauhtémoc se hubiera negado a casar a la pareja solicitante y ésta hubiese acudido al amparo, seguramente habría obtenido un fallo favorable, con el cual el ayuntamiento estaría obligado a celebrar las nupcias.

Sin embargo, lo relevante en este caso es que Indira Vizcaíno no esperó a que una resolución jurídica le ordenara casar a la pareja, sino que ella y su equipo interpretaron las leyes y decidieron inobservar la Constitución local, así como el Código Civil del Estado, ciñéndose a la Carta Magna del país, para así evitar violar los derechos fundamentales de la pareja.

Lo verdaderamente lamentable son las reacciones que este hecho ha provocado en la curia política, la cual se ha centrado más en condenar el acto que en evaluar hasta qué punto lo dispuesto en las leyes locales viola los derechos de la ciudadanía colimense, a la cual pertenecen las personas de diversa orientación o identidad sexual, por más que algunos sectores conservadores no estén de acuerdo con sus decisiones. La cantidad de solicitudes que se dispararon desde este acontecimiento, tanto en el municipio de Cuauhtémoc como en los demás, debe de ser una señal para los legisladores de que Colima está listo para dar un paso más en favor de los Derechos Humanos, en lugar de seguir manteniendo un candado legal que tan sólo constituye una obvia discriminación institucional. Llegó el momento de reformar el artículo 147 de la Constitución Política del Estado de Colima.

El ordenamiento que indica que el matrimonio sólo puede ser celebrado por un solo hombre y una sola mujer para perpetuar la especie resulta ridículo en esta realidad temporal, en la cual se ha ampliado el concepto de familia. No sólo es discriminatorio hacia las personas homosexuales, sino que, en el mismo sentido, un hombre o una mujer que se saben infértiles, o que han decidido no tener hijos, no deberían de ser capaces de contraer nupcias, pero cuando las autoridades no exigen diagnósticos médicos a las parejas heterosexuales, o las fuerzan a declarar su deseo de formar una descendencia, queda claro entonces que lo que existe es un desprecio hacia las personas de la diversidad sexual, lo cual no sólo no es digno de un funcionario del Estado, sino que además es inconstitucional.

Los Derechos Humanos no son algo que el Estado otorga, pues éstos son intrínsecos de la dignidad humana, su obligación debe de ser la de reconocer y protegerlos, por lo que la posible legislación al respecto no tendría y que ser sometida a una consulta popular, como ninguna otra garantía lo es. En Colima no se aplica una encuesta para saber si la mayoría está de acuerdo en que no exista la esclavitud, o para que las y los niños de todos los estratos sociales acudan a la escuela, ¿por qué entonces habría de hacerse un sondeo sobre el derecho de autodeterminación de dos personas adultas y con facultad para consentir?

Ya tenemos demasiada violencia en Colima. Es hora de comenzar a desprendernos de odios infundados, ya llegó el momento.

Esta columna fue publicada el 19 de marzo en Diario de Colima

Acerca de Patricia Sanchez-Espinosa

Licenciada en Derecho y periodista de profesión. Actualmente soy la Subdirectora General de Diario de Colima, el periódico de más circulación en la entidad. Cuento con estudios de maestría en Género y Construcción de la Paz en la UNiversidad para la Paz de la ONU.
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