Justicia Ad Hoc


El jueves pasado, el presidente Enrique Peña Nieto honró su palabra y concedió un indulto a Alberto Patishtán Gómez, quien cumplía 13 años de una condena de 60, por haber estado involucrado en la muerte de siete policías, según lo dictaminaron las tres instancias de la justicia mexicana.

Desde su detención, aseguró haber sido víctima de tortura, tanto física como psicológica, y que se incurrieron en graves errores de procedimiento, como que se le capturó sin una orden de arresto, además de irregularidades y contradicciones en la testimonial que aseveraba que Alberto Patishtán era el responsable de los asesinatos, mientras que los testimonios de quienes afirmaban que se encontraba en otro lugar a esa hora fueron desechados.

El profesor chiapaneco no pertenecía a ningún grupo político, no formaba parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ni del Ejército Popular Revolucionario (EPR). Su único error, asegura, fue haberse enemistado con Manuel Gómez Ruiz, el entonces Alcalde del municipio de El Bosque, donde tuvo lugar la matanza. Anteriormente, Patishtán había participado en denuncias y protestas por supuestos abusos de autoridad del Edil, y se manifestó a favor de la transparencia en el manejo de recursos del Ayuntamiento.

Posiblemente lo anterior hayan sido factores fundamentales para que el otrora Presidente Municipal hubiese intercedido para torcer la justicia en contra del maestro tzotzil, haciendo que se le terminara condenando a 60 años de prisión. Una clara intrusión del Poder Ejecutivo en el Judicial.

Trece años después, una vez que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, Jorge Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, rechazaron atraer su caso, y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito del Poder Judicial, con sede en Tuxtla Gutiérrez, consideró infundado el recurso de reconocimiento de inocencia promovido por la defensa, ratificando así la sentencia de 60 años, el Congreso de la Unión dictó una ley para permitir al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, conceder el indulto cuando existan indicios de violaciones graves a los derechos humanos.

Lo anterior es motivo de sentimientos encontrados, pues aunque el primer beneficiado de esta facultad es Alberto Patishtán, cuya condena claramente parecía haber sido el resultado de una oportunista venganza política, el indulto continúa siendo una intromisión del Ejecutivo en el Judicial, lo que pone en riesgo la separación de Poderes que mantiene el Estado de Derecho.
Tristemente, la razón por la que el Mandatario federal puede indultar a algún reo es por infracciones a sus garantías, mismas que se derivan de violaciones al debido proceso, lo que per se tendría que ser causa de reposición de la acción judicial. Ergo, si el Ejecutivo se mira tentado a otorgar ese perdón, significa que, a sus ojos, el Judicial falló en su encargo, por lo que se ve forzado a corregirle la plana.

La facultad, entonces, sitúa al Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, restando su autonomía, ya que, idealmente, las sentencias que emitan los jueces han de contener el suficiente estudio, como para ser tan justas como lo permitan nuestras leyes. Esto es, garantizarnos la confianza de que se analizarán a profundidad las pruebas presentadas por ambas partes, emitiendo una resolución apegada a Derecho. Si el Ejecutivo se ve obligado a intervenir para resarcir un daño causado por el sistema judicial, representa que éste no funciona como debiera, por lo que habría de ser repensado en su totalidad, no enmendado por un Poder independiente.

Por otro lado, no deja de llamar la atención la diferencia con la que se trató el caso del maestro chiapaneco con otros recientes que terminaron también en libertad, como los asuntos de Florence Cassez y Rafael Caro Quintero, así como en la exoneración de Raúl Salinas de Gortari. Mientras el primero indicaba a todas luces haber sido un proceso armado y lleno de irregularidades, la Ley nunca consideró motivos como para excarcelarlo, aun cuando la presión social reclamando justicia era cada vez más grande. Por lo contrario, los casos de Cassez, Caro y Salinas fueron altamente impopulares por la percepción ciudadana de la culpabilidad de la y los reos, sin embargo, en esas ocasiones, se recurrió a tecnicismos para justificar su liberación y exoneración.

¿Qué forma distinta había entre los casos de Patishtán Gómez y los demás? ¿Por qué el Poder Judicial se aventuró a ganarse la antipatía de la ciudadanía, abogando al debido proceso, pero se negó a hacerlo en el asunto del maestro tzotzil? Las respuestas pueden ser muchas y variadas, entre las que saltan las diferencias étnicas, de clase social, económicas y hasta políticas, pero lo cierto es que todas dejan un sabor de desconfianza en la boca de las y los mexicanos.

¿Qué tanto se puede celebrar entonces el indulto a Alberto Patishtán? Personalmente, me alegra que se encuentre en libertad, pero me decepciona comprobar la inexistencia de la independencia entre los Poderes de la República, cuando el Legislativo crea una ley ad hoc para que el Ejecutivo pueda intervenir en el Judicial. Si hay algo que sí se pudo probar en este caso, fue la farsa que llamamos Estado de Derecho.

Esta columna fue publicada en Diario de Colima el 4 de noviembre de 2013.

Acerca de Patricia Sanchez-Espinosa

Licenciada en Derecho y periodista de profesión. Actualmente soy la Subdirectora General de Diario de Colima, el periódico de más circulación en la entidad. Cuento con estudios de maestría en Género y Construcción de la Paz en la UNiversidad para la Paz de la ONU.
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