Encontrar el problema


Hace poco más de un año, cualquiera podía correr el riesgo de mancharse de sangre al abrir un periódico, ver las noticias o escuchar la radio, en casi cualquier parte del país. Tal era el nivel de violencia que se manejaba en los medios, el cual pareció disminuir una vez que comenzaron las campañas electorales, y se instaló una especie de tregua, al menos virtual, mientras se difundía otro tipo de lucha encarnizada.

Pero así como los medios masivos de comunicación exudaban sangre durante la Administración de Felipe Calderón Hinojosa, bajo el régimen del presidente Enrique Peña Nieto guardan un sospechoso silencio. La tinta de los periódicos ya no pinta de rojo, en los noticieros pareciera que le hubiesen puesto silenciador a las pistolas. ¿Será que en verdad se ha reducido la violencia o es que los medios nacionales han optado por una discreción que imita a la autocensura?

La realidad es que la violencia no ha disminuido, sino que acaso se ha transformado. Recientemente, un estudio de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial informó que México tiene el primer lugar en secuestros tradicionales y exprés, siendo las entidades con mayor incidencia el Distrito Federal, el Estado de México, Sinaloa, Chihuahua y Guerrero. Mientras que la modalidad exprés, que empezó en la capital del país, se ha diseminado a otros estados como Jalisco, Michoacán, Morelos, Sinaloa, Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

En dicho reporte explican que la diferencia entre ambos tipos de plagio es que el denominado exprés tan sólo retiene a sus víctimas durante algunas horas, evitando así la complicación logística y cantidad de cómplices necesarios que exige un secuestro tradicional. Esta mayor rentabilidad entre uno y otro es lo que ha hecho que el exprés esté tomando mayor auge, ya que el riesgo que corren los involucrados es menor. Asimismo, el perfil de las víctimas ha cambiado, pues anteriormente se buscaban personas con un alto poder adquisitivo, mientras que ahora cualquier persona puede convertirse en una víctima.

Pero además de la difusión en los medios, y el interés de los políticos, falta a la vez un análisis sobre lo que está ocurriendo en México; sobre por qué la delincuencia, en lugar de bajar, parece ir al alza. Siempre he pensado que el conocimiento del problema conduce irremediablemente a su solución. Pero ¿hemos identificado ya qué es lo que está pasando en nuestro país?, ¿qué está empujando al aumento de la violencia, donde las cárceles se encuentran al 124 por ciento de su capacidad y la criminalidad no parece decrecer?

Una posibilidad la ofrece Víctor Abramovich, experto argentino, en entrevista con Efe, donde sugirió que los países de América Latina deben dejar el “enfoque de guerra y de militarización de la problemática de la seguridad”, para apostar por políticas públicas contra la violencia. Abramovich explica que “más violencia estatal genera más violencia social y más violencia criminal”, por lo que al militarizar tanto el país como nuestras mentes, en lugar de paz estamos contribuyendo al incremento de una insurgencia delincuencial, como ya lo han sugerido otros autores, entre ellos Ioan Grillo.

En efecto, difícilmente se logrará estabilizar a la Nación sólo con el crecimiento de las Fuerzas Armadas si esta acción no se acompaña con políticas públicas dirigidas a contrarrestar la inseguridad, que a la vez estén avaladas en estudios serios sobre las razones que expliquen esta explosión delictiva que México sufre y lo sangra desde hace ya más de 6 años, al grado de habernos hecho acreedores al primer lugar en secuestros en el mundo.

Una pista para comenzar podría ser la de analizar los efectos que produce la enorme desigualdad que tenemos en el país, la cual va acompañada de actos terribles de discriminación, como los que atestiguamos recientemente, gracias a los videos grabados por personas que estaban en el momento de los hechos, donde dos mujeres parieron, una en el jardín y la otra en el vestíbulo de un hospital, en Oaxaca y Puebla, respectivamente, a las cuales se les había negado el servicio expedito que su condición requería. Difícilmente un trato así, en donde la pobreza, la etnicidad, el idioma, la preferencia sexual o hasta el mismo género se convierten en un estigma que obstaculiza las garantías individuales a las cuales, constitucionalmente, todos los mexicanos y las mexicanas tenemos derecho, generará un sentimiento de gratitud o de justicia hacia aquellos que se considera que reciben un mejor trato del sistema.

Hace unos días, el periódico O Globo publicó una entrevista realizada a uno de los dirigentes del Primer Comando de la Capital (PCC), una de las organizaciones criminales de Sao Paulo más poderosas de Brasil. En ella, el capo sorprende con respuestas articuladas, bien pensadas, propias de una persona que ha recibido estudios superiores, en donde manifiesta claramente la razón por la cual dicho país pareciera tener una guerra perdida contra la criminalidad. Cuando el reportero le pregunta: “¿Usted es del Primer Comando de la Capital (PCC)?”, Marcos Camacho responde: “Más que eso, yo soy una señal de estos tiempos. Yo era pobre e invisible. Ustedes nunca me miraron durante décadas y antiguamente era fácil resolver el problema de la miseria. El diagnóstico era obvio: migración rural, desnivel de renta, pocas villas miseria, discretas periferias; la solución nunca aparecía… ¿Qué hicieron? Nada. ¿El Gobierno Federal alguna vez reservó algún presupuesto para nosotros? Nosotros sólo éramos noticia en los derrumbes de las villas, en las montañas o en la música romántica sobre ‘la belleza de esas montañas al amanecer’, esas cosas (…) No hay solución, hermano. La propia idea de ‘solución’ es ya un error…” http://www.diariorepublica.com/mundo/capo-brasileno-hablo-como-un-profeta-y-todo-lo-dicho-es-espeluznante-y-vigente.

¿Significa esto que todos y todas las mexicanas tenemos la culpa de la situación que vivimos? Como una vez me respondiera mi hermana: sí y no. No, porque no se trata de culpas, ya que los golpes en el pecho no son indispensables para resolver el problema. Sí, porque la ciudadanía en general lleva una responsabilidad social. La tiene al elegir a sus representantes por sus propias conveniencias, por su falta de exigencia, por su sumisión casi patológica ante el poder y el temor a dar la cara para demandar sus derechos. La lleva cuando pretende que nada puede hacer, que no le corresponde, que no le toca, cuando presencia o es víctima de un abuso de autoridad, de un peculado, o cuando le exigen un soborno.

Hace tiempo aseguraba que no importaba quién llegara a la Presidencia de la República, para que las cosas se hicieran bien en México, y hoy lo sigo sosteniendo. Pero para que ese ideal cuasi utópico pueda ser posible, cada mexicana y mexicano debe asumir su labor cívica y comenzar a ser parte de la solución, pues aunque a veces creamos que por no delinquir no somos parte del problema, cuando callamos o nos conformamos, en realidad lo estamos siendo.

Esta columna fue publicada en Diario de Colima el 14 de octubre de 2013

Acerca de Patricia Sanchez-Espinosa

Licenciada en Derecho y periodista de profesión. Actualmente soy la Subdirectora General de Diario de Colima, el periódico de más circulación en la entidad. Cuento con estudios de maestría en Género y Construcción de la Paz en la UNiversidad para la Paz de la ONU.
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