El enlace conyugal


El estudio de la historia tiene la habilidad de enseñarnos sobre grandes injusticias que se cometieron en tiempos pasados, así como los avances que han existido para evitar que éstas vuelvan a perpetrarse. Uno de los grandes eventos que más me han llamado la atención ha sido el sucedido a mitad del siglo pasado, cuando un hombre originario de Austria despertó y alimentó el odio hacia un sector de la población alemana, cometiendo uno de los más escandalosos genocidios de los últimos tiempos.

Desde el comienzo de mis estudios, tuve dificultad para entender las bases sobre las que se gestó un odio tan destructivo, que terminó en la muerte de más de seis millones de personas. Aquellos señalados para su marginalización y exterminio eran físicamente muy parecidos a sus perseguidores. En su mayoría, compartían la piel blanca de la que se sentían tan orgullosos los germanos, habían nacido en el mismo país, hablaban el mismo idioma. ¿Por qué entonces se les odiaba tanto?

La respuesta es porque su religión, la judía, era distinta. Lo curioso es que ni siquiera esto constituía una diferencia tan grande, ya que la creencia compartida por la mayoría de los alemanes, el catolicismo, es en sí una derivación del judaísmo, entonces ¿por qué tanto odio? La contestación es tan sencilla, como su entendimiento complicado: porque fue construido.

A las y los alemanes se les adoctrinó para odiar a un grupo social, para marginarlo de su imaginario y transformarlo en “el otro,” en aquel que es diferente y por lo tanto menos humano, menos digno de existir, lo que facilitó que ciudadanos comunes justificaran el despojo de sus derechos, e incluso de sus vidas, sin que mediara la empatía o la compasión que sentimos hacia nuestros semejantes. Ellos no eran iguales, punto.

Ese es el poder del odio, el de nublar nuestra conciencia hasta hacernos creer que hay personas con menor valor que el del resto, por circunstancias que consideramos ajenas a las nuestras, como la religión, el sexo, el color de la piel, la raza, la etnia, o las preferencias de cualquier tipo, tanto políticas como sexuales.

Décadas después, podemos mirar atrás y sentir escalofríos por la masacre cometida contra el pueblo judío. Las películas y documentales han logrado identificarnos con las víctimas al relatarnos sus vidas y su sufrimiento, al mostrarnos su lado humano y acercarnos a su realidad. Entonces sentimos coraje y pena, porque ya no son los “otros”, ya son “nosotros”, circunstancia básica para sentir empatía.

¿Qué tanto hemos evolucionado como sociedad para evitar que otros grupos sean víctimas del odio irracional, de la intolerancia a lo distinto? Después del desastre de la Segunda Guerra Mundial, surgieron organismos internacionales para proteger los Derechos Humanos, se firmaron tratados y se hicieron convenios para respetar las diferencias entre los seres humanos, donde se garantizaba el derecho a ser distinto. ¿Pero qué tanto se implementó esto en la práctica? ¿Qué tanto logramos aprender como especie en este aspecto?

Incluso, a pesar de que la Carta Magna mexicana establece la igualdad entre ciudadanos y ciudadanas, prohibiendo la discriminación por cuestiones de raza, sexo, o preferencias políticas o sexuales, pareciera que en la práctica no logramos entender lo que la columna vertebral de nuestra legislación claramente establece.

La semana pasada, en Colima, 23 de 25 diputados locales, de las fracciones del PRI, PAN, Verde Ecologista, Nueva Alianza y del Trabajo, presentaron una iniciativa para reformar el Código Civil del estado, así como la Constitución local, para introducir una nueva figura jurídica conocida como enlace conyugal, con la supuesta finalidad de evitar que los hombres y mujeres homosexuales fueran discriminados, al negárseles el derecho de unirse legalmente y formar una familia amparada por la ley.

Sin embargo, a pesar de la ámpula que la enmienda, tal como está, causó a los representantes de la Iglesia y a los sectores sociales más conservadores, para mí el verdadero escándalo está en la justificación que los diputados hacen de la necesidad de crear una figura nueva, en lugar de quitar la restricción para que las personas que decidan formar una relación homosexual puedan acceder al matrimonio.

Si bien creo que es positivo que se visibilice a los grupos minoritarios y que esto definitivamente constituye un avance al haber pretendido legislar para “garantizar” sus derechos, me hacen ruido los razonamientos esgrimidos para fabricar una figura jurídica especial para este sector, pues eso indica lo arraigada que se encuentra la homofobia en nuestros representantes en el Congreso.

El considerar necesaria la creación de la figura de enlace conyugal para que sea utilizada exclusivamente por parejas homosexuales, cuando en la práctica es idéntica a la del matrimonio, sigue constituyendo un acto de discriminación, ya que la distinción que se hace para acceder a un contrato u otro es exclusivamente por motivos de preferencia sexual, lo cual está prohibido expresamente en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Haberse sacado de la manga el enlace conyugal, y presentarlo como una solución para amparar los derechos de estos grupos, equivale a la justificación usada en las entidades del sur de Estados Unidos para establecer escuelas, bebederos y baños exclusivos para los afroamericanos, bajo la doctrina de “iguales pero separados”. En ese entonces, tal vez la discriminación no era obvia, pero al día de hoy no requiere de grandes explicaciones para entenderse.

Más aún, es posible que incluso cuando este nuevo concepto se integre a las leyes locales, las parejas homosexuales puedan seguir acudiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para argumentar estar siendo objeto de discriminación, al negárseles el acceso al matrimonio, a lo que la Corte tendría que resolver de acuerdo a como lo ha venido haciendo: forzando a los ayuntamientos locales a aplicar esa figura jurídica a las parejas del mismo sexo, en lugar del enlace conyugal.

El argumento de Aristóteles a Nicómano, utilizado en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma del Código Civil del Estado, de “dar un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales”, es válido cuando se emplea en situaciones en las que una de las partes está en clara desventaja para así procurar una solución equitativa, como se planteó en la enmienda de telecomunicaciones con el “must carry, must offer”, pero no es válida su aplicación cuando la razón de la desigualdad está amparada en una idea discriminatoria, como es el caso en cuestión, pues lo que se está promoviendo no es la equidad, sino perpetuar la desigualdad. Una frase que cabría mejor en este caso es la de George Orwell, de que “todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros”.

Por lo anterior es que considero que las iniciativas de reforma que 23 de los 25 diputados presentaron al Congreso del Estado, a pesar de tener nobles intenciones, resulta altamente discriminatoria. Si bien cumple con el compromiso de visibilizar la necesidad de legislar a favor de los grupos minoritarios, resulta mucho más dañina que benéfica al naturalizar la idea de que las y los homosexuales merecen un trato distinto al del resto de la ciudadanía, pues institucionaliza la discriminación. Es claro que, a pesar de las enseñanzas que nos da el estudio de la historia, nuestra humanidad no ha evolucionado lo suficiente como para dejar de odiarnos por clasificaciones abstractas entre lo idéntico y lo diferente.

Esta columna fue publicada en Diario de Colima el 10 de junio de 2013

Acerca de Patricia Sanchez-Espinosa

Licenciada en Derecho y periodista de profesión. Actualmente soy la Subdirectora General de Diario de Colima, el periódico de más circulación en la entidad. Cuento con estudios de maestría en Género y Construcción de la Paz en la UNiversidad para la Paz de la ONU.
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