Despertar


En completo silencio, más de cinco mil personas vestidas de blanco y portando pancartas con diferentes frases que llamaban a la justicia y al perdón, salieron el sábado a las calles de la ciudad a manifestarse para exigir el cese al terror que parece haberse apoderado de Colima, una vez considerado el estado más seguro de México.

Cansada de la violencia, la gente acudió el sábado al llamado del obispo José Luis Amezcua Melgoza, a realizar una Marcha por la Paz y la Justicia, luego de que el padre José Flores Preciado fuera asesinado a golpes en la parroquia de Cristo Rey.
Aun cuando la convocatoria no pretendía mostrar indignación sólo por el homicidio del sacerdote, sino también por el feminicidio de la niña Irma Jazmín, así como por todas las víctimas que ha provocado esta marejada de violencia, no deja de llamar la atención que se citara a esta marcha justo después de que se atentara contra uno de los representantes de la Iglesia, tras años de venir experimentando un recrudecimiento en la criminalidad. Como sea, la manifestación sirvió para mostrar físicamente el hartazgo de la ciudadanía colimense por la situación de inseguridad que se vive en el estado.

Desde hace tiempo, mucha gente hacía comentarios sobre la necesidad de hacer algo, sobre la certidumbre de la imposibilidad de continuar viviendo bajo estas circunstancias, pero no sabía cómo marcar una diferencia. Nadie tenía ni la más mínima idea de qué hacer. ¿Cómo se lucha contra un poder fáctico que no se tienta el corazón para torturar y calcinar a una niña de 11 años, o para asesinar a sangre fría a un hombre de 83 años? ¿Quién tiene el valor para hacerlo? No se trata de cobardía, esos son discursos machistas absurdos, ¿quién no tendría miedo si durante los últimos 7 años se ha sembrado el terror por todo el país con colgados, mutilados, decapitados, etcétera? A estas alturas, lo extraño sería no estar asustado.

Efectivamente, los habitantes de Colima estábamos deseosos de hacer algo, pero no sabíamos por dónde comenzar. Como ciudadanos y ciudadanas de a pie, no podemos enfrentarnos ante una insurgencia criminal que nos sobrepasa en armamento, en organización, en financiamiento y que además opera de forma clandestina, porque no tenemos el entrenamiento ni las herramientas adecuadas, además de que los estudios de paz demuestran que combatir la violencia con más violencia no funciona para crear una paz positiva, pues no ataca a los elementos que causaron que el fenómeno se iniciara.

Pero aunque somos corresponsables por su generación, terminar con los efectos de la misma no nos toca como civiles, pues eso significaría romper con el Estado de Derecho para hacernos justicia por nuestra propia mano, lo que de hecho pondría en peligro la gobernabilidad de la entidad y, por lo tanto, obraría en contra de lo que queremos obtener. Eso le concierne al Gobierno del Estado, quien tiene la responsabilidad y obligación de administrar la justicia y proveernos de seguridad. Son precisamente nuestras autoridades quienes deben de diseñar una estrategia efectiva, no únicamente para protegernos, sino para asegurarse de combatir el problema de forma integral; no sólo en lo urgente, sino también en lo necesario. Nuestra función consiste precisamente en exigir que lo hagan.

La Iglesia, en este caso, fungió como punto de cohesión para que la gente se expresara contundentemente, cubriendo el vacío de liderazgo que se necesitaba para que esto sucediera, logrando que miles de personas salieran a la calle para crear conciencia y exigir un alto a la violencia.

Por su parte, el gobierno de Mario Anguiano informó antier que ya había encontrado a los asesinos de la niña Irma Jazmín y a los del padre José Flores, lo cual es loable, pues eso es lo que pedimos de ellos. Lo que resulta sospechoso es que esa noticia hubiera sido dada a conocer justo al día siguiente de que la sociedad por fin se congregaba para exigirles resultados, como lo hizo también ese domingo en Tecomán y Manzanillo. Qué bueno que las autoridades realicen su trabajo, pero deben cuidar que el mismo sea hecho conforme a Derecho, para no caer en irregularidades que lleven a gente inocente presa tan sólo por lucir bien ante el público, o que su caso pueda venirse abajo por una averiguación mal integrada, así como continuar haciendo su labor sin necesidad de que Colima entero se reúna para exigírselos. Ahora que las y los colimenses despiertan, es necesario que también en el gobierno lo hagan.

Esta columna fue publicada el 19 de febrero de 2013 en Diario de Colima

Acerca de Patricia Sanchez-Espinosa

Licenciada en Derecho y periodista de profesión. Actualmente soy la Subdirectora General de Diario de Colima, el periódico de más circulación en la entidad. Cuento con estudios de maestría en Género y Construcción de la Paz en la UNiversidad para la Paz de la ONU.
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