Con olor a impunidad


Hace algunos años, mientras asistía a una conferencia, tuve la oportunidad de platicar con una persona que había trabajado durante un tiempo en la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua Zona Norte, en Ciudad Juárez, justo cuando este municipio más llamaba la atención pública debido a la gran cantidad de violencia que los acosaba.

Me impresionó el constante peligro en el que vivía, las historias sangrientas de cómo habían muerto algunos de sus compañeros y compañeras de trabajo, y las innumerables veces en las que había arriesgado su integridad física. Incapaz de pensar en otra cosa, le pregunté cómo hacía para controlar el miedo a perder la vida, para así seguir desempeñando su labor. Su respuesta fue enfática: “No tenía miedo, todos sabíamos que nos matarían en un momento u otro, sólo era cuestión de tiempo”.

Aun con el valor implícito en estas palabras, no puedo imaginar la desesperación que se debe sentir cuando el trabajo diario se vuelve un motivo de riesgo, más todavía, cuando se percibe un desinterés de las autoridades por brindar protección, o resolver los crímenes, que raya en la complicidad. O tal vez sí puedo hacerlo, pues algo muy parecido sucede con la profesión del periodismo en este país.

El 28 de abril de 2012, Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso, fue asesinada dentro de su casa en Xalapa, Veracruz. Un año después, el resultado de las investigaciones no ha resultado satisfactorio para el gremio periodístico por las irregularidades que se presentaron durante el proceso, por lo que el día de ayer, representantes de este oficio se manifestaron en el Distrito Federal, Veracruz, Chiapas, Morelos, Jalisco, Oaxaca y Colima, exigiendo que se esclareciera el caso, atendiendo a las dudas que se han desprendido del mismo y la insistencia del gobierno del estado de Veracruz de deslindar el crimen de la actividad periodística de la víctima, asegurando que el motivo único fue un robo.

A pesar de que las autoridades veracruzanas han sentenciado ya a Jorge Antonio Hernández Silva como responsable del asesinato de Martínez, el reo asegura que su confesión fue el resultado de amenazas y tortura, por lo que la Fiscalía Especial para Delitos en contra de la Libertad de Expresión de la PGR decidió aplicar el Protocolo de Estambul, que es un Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, el cual es usado internacionalmente para atender a este tipo de acusaciones. Sin embargo, la jueza Beatriz Rivera Hernández, adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, decidió dictar la sentencia sin esperar los resultados que pudieran desprenderse en la aplicación del mencionado protocolo, lo que levanta sospechas de que tan sólo se esté buscando culpar a un chivo expiatorio, sin atrapar a los verdaderos responsables.

Es importante señalar que esta misma jueza fue la encargada de dictar prisión preventiva a María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, dos tuiteros que fueron acusados de terrorismo equiparado y sabotaje en 2011 por difundir supuestos ataques a planteles escolares en sus cuentas de Facebook y Twitter; por estos cargos, estas dos personas, que aseguraron no haberse conocido con anterioridad a su arresto, podrían haber pasado hasta 30 años en prisión.

Este asunto fue visto como un atentado a la libertad de expresión tanto a nivel local como global, incluso Amnistía Internacional declaró su preocupación y exigió que a los acusados se les garantizara un juicio justo, luego de que tuvieron informes de que se les había negado el acceso a un abogado de su elección, y que habían sufrido “maltrato y coerción”. Al final, la fuerza de la opinión pública orilló a que la procuraduría local retirara los cargos y con ello los tuiteros recuperaran su libertad, pero sentó un mal precedente en términos de la intolerancia sistemática porteña, a ciertos derechos humanos universales.

En los últimos años, el aumento de la violencia en México ha provocado que, después de Irak, seamos el país más peligroso para ejercer el periodismo (90 comunicadores ultimados desde 2000, de acuerdo a Reporteros Sin Fronteras), y el índice de periodistas asesinados en Veracruz lo vuelven el más peligroso entre todos los estados. Efectivamente, la guerra interna que vivimos hace entendible que los ataques a los medios de comunicación y sus corresponsales haya aumentado, pero lo que no es concebible es el desinterés que existe en los gobiernos, tanto locales como el federal, de garantizar la seguridad de sus miembros, así como de resolver los casos de quienes han muerto en el ejercicio de su profesión.
Igualmente es condenable, y añadiría incluso vergonzante, para quienes se dicen profesionistas del periodismo, por la prostitución que hacen de su carrera al pretender congraciarse con los poderes públicos, ya sea de hecho o de derecho, promoviendo la censura, la autocensura o la adulación por medio de premios o reconocimientos no merecidos, como el que la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos entregara al propio gobernador de Veracruz, Javier Duarte, el mes pasado, por la supuesta protección que proporciona a este gremio, a pesar de que desde que comenzó su gobierno, hace 2 años y 3 meses, van nueve periodistas asesinados, tres desaparecidos y muchos más autoexiliados por la falta de garantías a su integridad física. Cabe señalar que muchos rotativos, incluyendo Diario de Colima, nos deslindamos de este premio y manifestamos que no pertenecemos ni hemos pertenecido nunca a esta organización, a pesar de que la AMEP pretendiera contarnos entre sus asociados. La desventaja que tiene los medios que se prostituyen es que pierden la credibilidad de los lectores, quienes legitiman con su preferencia a aquellos que dignifican su labor.

La actividad del periodismo, tanto en México como en el mundo, supone un medio por el cual la ciudadanía puede enterarse de lo que sucede en su entorno, así como una tribuna en la que se puedan denunciar abusos en su contra. Su existencia y la independencia a la hora de ejercerlo son importantes para garantizar la libertad de expresión desde la cual se protegen los demás derechos, por lo que las agresiones a los medios, y a las personas que en ellos laboran, debieran significar un ataque a la población, siendo tarea de todos y todas defender su existencia y la posibilidad de trabajar profesionalmente con garantías de seguridad, así como no dejarnos engañar cuando nos ofrezcan una supuesta solución, que deje tras de sí una serie de preguntas sin responder que huelan a impunidad.

Esta columna fue publicada el 29 de abril de 2013 en Diario de Colima

Acerca de Patricia Sanchez-Espinosa

Licenciada en Derecho y periodista de profesión. Actualmente soy la Subdirectora General de Diario de Colima, el periódico de más circulación en la entidad. Cuento con estudios de maestría en Género y Construcción de la Paz en la UNiversidad para la Paz de la ONU.
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