Ahorcar a la Clase Media


Una de las sorpresas que dio ayer Enrique Peña Nieto, en la presentación de la reforma hacendaria que tuvo lugar en Los Pinos, fue que no se incluyó en ella la tan esperada modificación constitucional, que gravaría, con el Impuesto al Valor Agregado, los alimentos y las medicinas, además de que no se contempla un aumento en éste. De entrada, tiene sus detalles positivos, que deberán de explicarse con mayor precisión para conocer su viabilidad, e incluye un aspecto verde que hasta el momento se ha venido soslayando, el cual considero importante para la sustentabilidad del medio ambiente. Pero en términos prácticos, creo que continúa en la estrategia neoliberal que ahorca, casi únicamente, a la clase media.

Entre otras cosas, el Presidente propone la simplificación en el pago de impuestos; un régimen fiscal para Pemex similar al de otras petroleras en el mundo: homologar la tasa fronteriza del IVA con la de todo el país y eliminar los tratamientos excepcionales. Plantea, también, la desaparición del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el de los Depósitos en Efectivo (IDE), habiendo sido este último muy aplaudido al momento de su creación, por imponer un límite a la evasión y el lavado de dinero. En su lugar, propuso un alza al Impuesto Sobre la Renta de 30 a 32 por ciento a las personas físicas que ganen más de 40 mil pesos mensuales o más de 500 mil pesos al año; además de gravar con el 10 por ciento las ganancias en la Bolsa de Valores y sus dividendos.

Lo anterior no me parece negativo si se trata de aumentar la cantidad de dinero que ingresa a las arcas de la Nación, sin tocar lo productos de primera necesidad, como lo son los alimentos y las medicinas; pero sí considero que la propuesta, en general, impone la mayor carga fiscal en la (ya de por sí explotada) clase media cautiva, en lugar de buscar ampliar la base de contribuyentes, o de aplicar mayores impuestos a las grandes empresas o corporativos.

También hay que añadirle el seguro al desempleo, ya que este beneficio no provendrá de la seguridad social del Estado en su totalidad, sino que “su financiamiento se hará a través de contribuciones patronales ligadas al empleo formal, depositadas en cuentas individuales de uso múltiple denominadas subcuentas mixtas, y a un fondo de reparto denominado fondo solidario. El Seguro será reforzado con aportaciones del Estado”. ¿Significa esto que ese dinero se tendrá que deducir del salario del trabajador mes con mes? Eso representaría un descuento adicional al sueldo del empleado, lo que se traduce en menos liquidez a la hora de cobrar el cheque.

En la propuesta de Peña Nieto, se plantean algunas medidas para fomentar la regularización, como un Régimen de Incorporación Fiscal y de Seguridad Social para los nuevos negocios o aquellos que migren a la formalidad, así como disminuir las cuotas de Seguridad Social para trabajadores de bajos ingresos. Si bien, insisto, falta conocer los detalles, me parece que la medida raya en la ingenuidad, pues en lugar de ser punitiva para quienes evitan el pago de contribuciones, parecen lamentos en el desierto y cartitas de buena voluntad, lo cual no se entiende luego de la fortaleza que ha mostrado ante la inconformidad de los maestros respecto a la reforma educativa.

En sí, es posible que precisamente por el desgaste que ha experimentado el país debido a las protestas del magisterio, a raíz de la aprobación de dicha enmienda y sus leyes secundarias, la hacendaria no fuera tan drástica como esperábamos, como el famoso tributo a medicinas y alimentos; pero aún así, la meta de 54 mil millones adicionales que pretenden recaudar sólo es realista si se trata con mayor dureza (y riesgo de extinción) a la clase media. En realidad, pasamos de tener una reforma tajante a una populista, la cual dice ser justa, pero contempla a las personas que perciben mayores ingresos, como aquellas que ganan 500 mil pesos al año, o un promedio de 42 mil pesos al mes. Mi pregunta es: ¿En esta misma categoría se encuentran Slim Helú, Salinas Pliego o Azcárraga Jean? De ser así, me parece que tenemos un serio problema de percepción entre lo justo y lo ajustado.

Por último, si bien estoy de acuerdo en que se deben de cobrar impuestos, también considero que como contribuyentes tenemos derecho a exigir que ese recurso sea bien utilizado. Probablemente, la gente se sentiría más cómoda de entrar a la formalidad si los recursos fueran aprovechados correctamente, si no observaran cómo el dinero recaudado se dilapida en mantas o pendones en las campañas políticas, o peor aún, desaparecieran misteriosamente del presupuesto mientras el patrimonio de algún gobernador se incrementa –casi– en la misma proporción. Por supuesto que necesitamos una enmienda hacendaria, pero no la que imponga la mayor carga tributaria en la clase media cautiva y evite tocar a los grandes capitales. Ni otra en donde nuestros impuestos se vean reflejados en la manutención de zánganos oportunistas, sino aquella que incremente la base de contribuyentes reduciendo la informalidad. ¡Basta ya de castigar a los que cumplen!

Esta columna fue publicada el 9 de septiembre de 2013 en Diario de Colima

Acerca de Patricia Sanchez-Espinosa

Licenciada en Derecho y periodista de profesión. Actualmente soy la Subdirectora General de Diario de Colima, el periódico de más circulación en la entidad. Cuento con estudios de maestría en Género y Construcción de la Paz en la UNiversidad para la Paz de la ONU.
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