Cassez y el Debido Proceso


La semana pasada, México levantó un grito de indignación cuando la ministra Olga SánchezFlorence Cassez Crepin Cordero cambió su voto y se le otorgó un amparo liso y llano a Florence Cassez Crepin, concediéndole así su liberación inmediata por las graves irregularidades que hubo durante el proceso judicial y por la violación a su derecho a la presunción de inocencia. Ese mismo día, la ciudadana francesa que había sido sentenciada a 60 años de prisión por secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, dejó México para regresar a su natal Francia.

El clamor se levantó inmediatamente en los medios de comunicación y en las redes sociales, donde se mostraba el descontento y la clara discrepancia de la ciudadanía con la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Pero si bien el sentimiento de frustración es grande, considero que no está debidamente enfocado, pues aun cuando la liberación de Florence Cassez pudiera parecer una injusticia, en términos procesales puede llegar a ser el paso necesario para conseguir un sistema jurídico confiable y efectivo.

Cassez Crepin fue un caso armado en los medios de comunicación, que comenzó con una simulación y fue juzgado sumariamente por los espectadores. Muchas personas que critican su liberación parecen optar por ignorar el hecho de que las imágenes que vieron ese día en Primero Noticias fueron parte de un montaje armado por el entonces titular de la Agencia Federal de Investigaciones y posterior secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en donde reportero, policías, víctimas y victimarios fueron convirtiéndose en actores improvisados de una telenovela que terminó entre gritos y lamentaciones el pasado 23 de enero, con el escape del país de la mala de la historia. Muy del estilo de Televisa.

Efectivamente, no se liberó a esta mujer por ser inocente, pero por las violaciones al debido proceso tampoco podemos asegurar que haya sido culpable. Isabel Miranda de Wallace, Alejandro Martí y María Elena Morera, dirigentes de asociaciones civiles contra la violencia y el secuestro, mostraron su desacuerdo, cuestionando a los magistrados y la magistrada que decidieron otorgar el amparo, aduciendo que debido a tecnicismos legales se había dejado en libertad a una plagiaria; Morera incluso añadió, en una reflexión publicada por Animal Político, que lo que observamos fue una escenificación de la justicia mexicana. Estoy de acuerdo con ella en ese aspecto, pues desde el principio hasta el fin todo fue un teatro, pero como en todas las obras, siempre hay un director.

La pregunta que ahora debe interesarnos es la siguiente: ¿Cómo es posible que el 23 pasado una supuesta secuestradora haya abandonado el país para ser recibida en su natal Francia como a una heroína? La respuesta es simple: porque el completo desconocimiento o desprecio al proceso judicial, por parte de las autoridades, hizo imposible que pudiera llevarse un juicio que la condenara sin lugar a dudas. Genaro García Luna y el entonces director de Investigación Policial y posterior jefe de la División Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, deslegitimaron el asunto desde el momento del arresto, por lo que procesalmente no se puede considerar como válido todo lo que se desprenda de ahí. Fueron ellos y la fusión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo los que corrompieron el caso, haciendo imposible que las víctimas de secuestro pudieran hoy sentir que obtuvieron justicia. No es que en la intención de que se respete el debido proceso se estén anteponiendo los derechos humanos de los delincuentes por encima de los de las víctimas, es que hasta que tengamos una fuerza de seguridad que funcione, que esté debidamente capacitada y que conozca el reglamento, los presuntos delincuentes tendrán razones para escaparse con la ley como argumento. Respetar los derechos de los delincuentes equivale a respetar los de las víctimas.

La resolución que dejó libre a la acusada no sólo puede ser el aliciente para que las autoridades respeten las garantías de los presuntos delincuentes –que lo son hasta que en un juicio se determine su culpabilidad–, sino que puede sentar un precedente si se exige abrir una investigación contra García Luna y Cárdenas Palomino, por lo que legalmente corresponda. Tal vez si las autoridades tuvieran que responder por sus errores, tendrían una razón para ser más meticulosas.

Dejando de lado lo legal, no me pasa desapercibido lo que la liberación de Florence Cassez representa políticamente, la cual también se convirtió en un arma triple para el nuevo gobierno priista de México. No nada más le da la puntilla al sistema de seguridad de Felipe Calderón, que tercamente mantuvo allí a Genaro García Luna a pesar de las múltiples acusaciones en derechos humanos, sino que también cumplió con la función de endulzar las relaciones entre Francia y México, al tiempo que hacía el ruido suficiente para que la gente no le prestara mucha atención a la decisión del Instituto Federal Electoral de exonerar al Partido Revolucionario Institucional por el caso Monex. Muy conveniente, ¿no?

Esta Columna fue publicada en Diario de Colima el 28 de enero de 2013

Acerca de Patricia Sanchez-Espinosa

Licenciada en Derecho y periodista de profesión. Actualmente soy la Subdirectora General de Diario de Colima, el periódico de más circulación en la entidad. Cuento con estudios de maestría en Género y Construcción de la Paz en la UNiversidad para la Paz de la ONU.
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