Conquista de Facto


Cuando una reforma a las leyes se hace de forma apresurada, casi a escondidas y plagada de irregularidades, generalmente levanta sospechas, pues en un análisis corto parecería como si el Poder Legislativo estuviera obrando a espaldas del pueblo que dice representar, movido por otros intereses, que por más poderosos que pudieran ser, no dejan de ser ilegítimos.

La reforma al artículo 24 de la Carta Magna parece moverse en ese supuesto, habiendo sido aprobada el 15 de diciembre del año pasado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, con sorprendente eficiencia, tan sólo un día después de que fue turnada.

Siendo la anterior una modificación tan importante y evidentemente controvertida, no se puede entender la facilidad con que pasó, sobre todo si se toma de referencia la dilación que se le suele dar a otras propuestas de menor relevancia.

El diputado del PRD, Rosendo Marín Díaz, manifestó su inconformidad debido a las irregularidades que se habían presentado al momento de su votación. De acuerdo con el periódico El Informador, el legislador declaró que “…en este dictamen hubo diversas violaciones al reglamento de la Cámara de Diputados, entre ellas que no existió mayoría para que se convocara de manera urgente a reunión plenaria (artículo 150, numeral I, fracción II); no hay constancia de convocatoria a todos los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales (artículo 155); el dictamen fue votado y firmado por diputados que no forman parte de la Comisión respectiva, además de que el dictamen que se votó es distinto al que hizo circular la Presidencia, entre otras”. 

Una vez aprobada la reforma por la Cámara de Diputados, correspondió el turno al Senado de la República para analizarla y votarla, según se establece en la propia Carta Magna. Mientras organizaciones laicas se manifestaban en contra de la reforma a las puertas de la Cámara Alta, dentro, la discusión del punto constitucional enfrentaba a la lógica contra la sinrazón, o dicho de otro modo, a hermano contra hermano.

Por un lado, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista Alejandro González Alcocer, manifestaba la redundancia que implicaría aprobar las modificaciones al artículo 24, el cual versa sobre la libertad de la ciudadanía a elegir su credo. Al respecto, y sobre el 24, señaló: “Se trata de una reforma innecesaria, ya que la libertad religiosa también ya está protegida por la Constitución Política, además de que su redacción es un galimatías”; hecho que no quedaba claro para el también panista Sergio Álvarez Mota, quien urgió a votar a favor de la propuesta, a pesar de las “deficiencias y de lo mal redactado”.

En una manifestación confusa en apoyo a la reforma, Álvarez Mota dijo que lo anterior era para evitar un “Estado laicista donde en una regresión hacia la tentación de volver a esquemas autoritarios se puedan coartar libertades esenciales como la de las convicciones y la de las creencias”. Añadió que debían aprobar esta reforma puesto que “ya reconocimos el Estado laico en la Constitución, por lo que debemos de reconocer de manera expresa la libertad religiosa, de lo contrario, ello nos traerá problemas e inconformidades”.

Sin embargo, dejando de lado la controversia que tal modificación provocó en la sociedad civil, encuentro inconsistente el proceder de la Legislatura federal, dado que, como mencionó el senador González Alcocer, ésta era innecesaria además de redundante.

El mismo principio no aplica cuando se analiza la modificación que previamente se realizó al artículo 40 de la Constitución, pues aun cuando en el artículo 130 se habla del principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias, y el artículo 3º enfatiza que la educación en México será laica, en el capítulo relativo a la soberanía nacional y forma de gobierno no existía la declaración clara de un Estado secular, por lo que su adición en este artículo puede ser justificada para elevarlo a nivel constitucional. En contraposición, el artículo 24 aún vigente, complementado junto con el 6º y 130 de la Carta Magna, dejan clara la libertad de pensar y expresarse libremente, así como de practicar la religión que cada quien elija, por lo que la modificación apresurada y mal escrita que aprobaron los diputados, y posteriormente refrendada por los senadores, no era necesaria.

La forma en que puede ser explicada es mediante una presión de grupos religiosos mayoritarios, o más específicamente, desde la insistencia de la Iglesia Católica, lo cual puede ser confirmado por ella misma en el comunicado de prensa de la Conferencia del Episcopado Mexicano de 7 de febrero de este año, que señala que “la Iglesia Católica ha estado impulsando esta reforma constitucional”, reconociendo además que la opinión pública “en su mayoría es ajena a esta y otras iniciativas de ley”.

Hasta el momento, el cambio en el multicitado artículo, en el mejor de los casos tan sólo implica una redundancia con otros garantías, y en el peor, una posible oficialización de la ética, lo que pudiera llevar a un Estado represivo o totalitario. Mas el verdadero peligro reside en que esta reforma abra la puerta para la subsecuente modificación de otros artículos, como el propio 3º, con lo que en teoría se permitiría la educación religiosa en escuelas públicas, o el 130, que autorizaría la intervención de los ministros de culto en la política (lo que actualmente sucede, y aún siendo ilegal no es sancionado), su organización y participación activa en medios de comunicación o electoral, lo que regresaría a México al Estado confesional de la época prejuarista, donde la Iglesia gozaba de privilegios que atentaban contra la propia gobernabilidad del país.

Por el momento, los senadores han manifestado su rechazo a futuras reformas a los artículos 1º, 3º, 5º, 27 y 130 de la Constitución, o a aquellas que pudieran poner en peligro el secularismo del Estado; no obstante, hay que tomar nota de que el Senado que asegura esto es uno que va de salida, por lo que su promesa puede quedar tan sólo en la manifestación de buena voluntad de una Legislatura, sin que la entrante tenga la obligación de cumplir.

Tampoco debemos dejar de observar que, a pesar de la garantía de libertad religiosa, es precisamente la Iglesia Católica la que avala y presiona por que prospere esta reforma, justo en la víspera de la visita de su guía máximo, el Papa, por lo que el trasfondo debe ser cuidadosamente analizado con el fin de asegurar que esta enmienda no lastime de una forma más tangible nuestras libertades constitucionales, garantizadas en el Estado laico.

Por lo pronto, lo que me inquieta es que nuestras autoridades y representantes populares se hayan mostrado tan urgidos por dejar lista esta reforma antes de la llegada del jefe de Estado de otro país, de la Ciudad-Estado de El Vaticano, en un acto que cuestiona la soberanía mexicana, ante el claro sometimiento de facto de México ante el poder de una nación extranjera.

Esta columna fue publicada en Diario de Colima el 19 de marzo de 2012.

Acerca de Patricia Sanchez-Espinosa

Licenciada en Derecho y periodista de profesión. Actualmente soy la Subdirectora General de Diario de Colima, el periódico de más circulación en la entidad. Cuento con estudios de maestría en Género y Construcción de la Paz en la UNiversidad para la Paz de la ONU.
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