Cassez y el Estado de Derecho


La semana pasada la sociedad mexicana se vio nuevamente polarizada ante la posible liberación de la francesa Florence Cassez Crepin, quien fuera condenada a 60 años de prisión por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. Lo anterior se debió a la propuesta del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para su liberación inmediata, por las irregularidades cometidas durante el proceso.

La tesis del ministro se basa, sobre todo, en el montaje que realizó la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI) para una empresa televisiva, lo que en su opinión violó la presunción de inocencia de Cassez, así como el hecho de que no se le brindó atención consular inmediata, lo que marcó el desarrollo del caso desde el principio.

El caso de la francesa nació en las pantallas de televisión cuando, el 9 de diciembre de 2005 a las 6:46 de la mañana, el reportero Pablo Reinah informó para Primero Noticias: “Un duro golpe contra la industria del secuestro se está dando en estos momentos, y es que la Agencia Federal de Investigación trabajó durante semanas, y esta madrugada lo que está haciendo es liberar a tres personas secuestradas… Ellos están, como tú ves, ingresando a lo que es un rancho. Nosotros estamos también aquí, conociendo los datos prácticamente en vivo”. A continuación se apreciaba cómo los elementos de la AFI entraban en el rancho “Las Chinitas”, supuestamente sometían a Israel Vallarta y Florence Cassez, y rescataban a Cristina Ríos, su hijo Christian y a Ezequiel Elizalde.

El problema con aquella heroica actuación, convenientemente televisada, es que se trataba de una simulación de un hecho que había ocurrido varias horas antes, y que las autoridades, por alguna razón desconocida, habían optado por dramatizar. Cassez fue condenada por los medios desde el principio.

Sin embargo, en términos exclusivamente jurídicos, el caso estuvo plagado de irregularidades, violaciones al procedimiento, a las garantías individuales y a los tratados internacionales, aunado a una complicidad de los jueces, que no sólo deja muy mal parada la separación de los Poderes que garantizan nuestro Estado de Derecho, sino que pone en tela de duda la legalidad con la que actúan las policías federales, estando sus cabezas, Genaro García Luna, entonces titular de la Agencia Federal de Investigaciones y hoy secretario de Seguridad Pública, y Luis Cárdenas Palomino, en ese tiempo director de Investigación Policial y actualmente jefe de la División Regional de la Policía Federal, directamente implicadas en violaciones graves al ordenamiento jurídico.

Algunos comunicadores, activistas y políticos han mantenido que, en la discusión por la probable liberación de Cassez, se debe de considerar también el lado de las víctimas, aduciendo que, para vía de que se haga justicia, se debe de mantener su condena, pero parecen olvidar que la presión que ejercen podría dar pie a que se fabrique una víctima más, en lugar de darle justicia a las originales. Analicemos esto: Si es en el proceso judicial en donde se puede determinar la culpabilidad o inocencia de la persona indiciada, y el mismo estuvo plagado de irregularidades, como el propio montaje que fue aceptado por el mismo García Luna, ¿cómo podemos asegurar que efectivamente se está condenando a la persona responsable?

El Estado de Derecho que supuestamente tiene lugar en México sirve para limitar el poder del Estado y evitar que éste se convierta en uno absolutista; sirve para proteger a las personas de ser erróneamente condenadas y así privar de la libertad, un derecho fundamental y una garantía constitucional, a gente inocente.

Los tiempos violentos que vivimos imponen una presión sobre las autoridades para que éstas den resultados, pero el condenar a personas sin comprobarse su responsabilidad en los hechos, tan sólo para darle a la ciudadanía la sensación de que se combate a la delincuencia organizada, lejos de brindar mayor seguridad nos pone en riesgo, pues significa que cualquiera es susceptible de que se le fabrique un caso, y su libertad pueda ser arrebatada.

El proceso judicial sirve también para que las policías hagan su trabajo como debe de ser, y evitar así que supuestos delincuentes, cuyos casos no gozan del reconocimiento público, no vayan a prisión por violaciones en el procedimiento, como cotidianamente ocurre en todo el territorio nacional.

Volviendo al tema de Florence Cassez, éste tomó particular relevancia por la intervención de Nicolas Sarkozy, presidente de Francia, cuyas declaraciones fueron duramente criticadas por la prensa, tomándolas como un atentado a la soberanía mexicana, siendo quizás una de las razones por las cuales la “justicia” en México se apresuró a condenar a Cassez, mientras Israel Vallarta, el supuesto líder de Los Zodiaco, no ha sido sentenciado ni siquiera en primera instancia, a pesar de que han transcurrido más de 6 años desde su detención. Esto sin considerar móviles más siniestros, como el que documenta el número 1846 de la revista Proceso.

Pero cuando ponemos las palabras de Sarkozy en perspectiva, deberemos reconocer que sus declaraciones no son más intervencionistas que las que ha demandado el Estado mexicano para sus presos en el exterior, que han rendido frutos en el terreno del Derecho Internacional, como la resolución de La Haya a favor de México, y en contra de Estados Unidos, que llevó en su tiempo Jorge Castañeda.

Al día de hoy, hay mucha gente que está celebrando que se haya desechado el proyecto del ministro Zaldívar que ordenaba la liberación inmediata de la ciudadana francesa, obviando la presión que el Poder Ejecutivo ejerció sobre el Judicial, y que significa una disolución en los hechos de la separación de Poderes que garantiza nuestra democracia, que además nos pone en riesgo al no brindarnos la certeza jurídica de que las personas que actualmente purgan una condena sean efectivamente culpables, mientras los criminales deambulan libremente en las calles, e incluso en algunos cargos públicos.

Efectivamente, la liberación de Cassez Crepin no les daría justicia a las víctimas de secuestro, pero esto se debería no a que se esté dejando ir a una persona culpable, sino a que no hemos exigido con firmeza que el Ejecutivo actúe dentro de los límites legales, lo que nos puede llevar a confundirlos con los mismos criminales a los que dicen perseguir.

Yo no sé si Florence Cassez sea culpable o no, pero no me atrevería a condenarla a 60 años de prisión mientras no tenga la certeza de su culpabilidad, como no me atrevería a condenar a nadie a quien no se le haya seguido un proceso legal y legítimo.

HOMENAJE

Hoy se cumplen 3 años de la partida física de la primera gobernadora de México, Doña Griselda Álvarez, por lo que la asociación 100 por Colima, de la cual me honro en formar parte como consejera para la libertad de expresión y equidad de género, organizará una serie de actividades para homenajear a la maestra y poeta, dando éstas inicio a las 5 de la tarde en el Panteón Municipal de Colima, y después a las 8 de la noche, en el Centro Cultural Adolfo Mexiac, eventos en los que estará presente Miguel Delgado Álvarez, hijo de la exmandataria.

Esta columna fue publicada en Diario de Colima el 26 de marzo de 2012

Acerca de Patricia Sanchez-Espinosa

Licenciada en Derecho y periodista de profesión. Actualmente soy la Subdirectora General de Diario de Colima, el periódico de más circulación en la entidad. Cuento con estudios de maestría en Género y Construcción de la Paz en la UNiversidad para la Paz de la ONU.
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