De Sentido Común

Según informa el semanario Jalisciense, Conciencia Pública, en agosto de 2011 la Contraloría del Estado de Jalisco hizo pública la desaparición de 119 infantes que supuestamente estaban albergados en 23 de las casas hogar a las que auditó. A raíz de esto y la gran indignación popular que desató, se revelaron irregularidades en los trámites de adopción, que derivaron en una investigación oficial de una presunta red de tráfico infantil a nivel internacional, que la semana pasada culminó implicando a autoridades y abogados colimenses.

Rápidamente, tanto la presidenta del DIF Estatal, Alma Delia Arreola de Anguiano, como la procuradora Yolanda Verduzco Guzmán, se apresuraron a descartar que en Colima esté teniendo lugar este delito.
Por su parte, el gobernador Mario Anguiano Moreno fue más prudente al expresar que solicitaría información a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJE Jalisco), asegurando que la procuradora ya se encontraba trabajando en este caso con personal del DIF, aunque descartó que esta institución hubiera realizado trámites de adopción de niños a ciudadanos extranjeros.

Sin embargo, aun cuando los anteriormente señalados afirman desconocer el asunto, el presidente de la Fundación de Niños Robados y Desaparecidos (FIND), Juan Manuel Estrada Juárez, asevera que al menos Verduzco Guzmán miente cuando asegura que no existe ninguna denuncia ante esa dependencia por dicho delito, ya que él mismo se encargó de enviársela vía electrónica el miércoles pasado, ante la imposibilidad de contactarla telefónicamente; dicho envío, del cual cuenta con acuse de recibo, fue mandado asimismo al gobernador del estado, así como a todos los diputados locales.

De la entrevista que brindó Estrada Juárez a Diario de Colima se desprende la complicidad (o preocupante ineficiencia) de los Ministerios Públicos colimenses al no haber percibido dicha situación, luego de que se han revelado más de 100 adopciones ilegales en los últimos 10 años, a través de los representantes del despacho jurídico Carlos López y López y Asociados en Colima, los abogados Héctor Manuel Solís Zamora y Luis Humberto Alcántar.

En el aspecto estrictamente legal posiblemente Colima no haya actuado mal, pues aunque en el artículo 161 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que se refiere a las reglas para la fijación de la competencia, claramente se establece en la fracción VIII que “en los actos de jurisdicción voluntaria el de Primera Instancia del domicilio del que promueve, tratándose de adopciones lo será el de la residencia de quien se pretende adoptar…”, lo que supondría una serie de adopciones ilegales según las leyes jaliscienses; el Nuevo Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, en el mismo apartado, en su artículo VIII fija la competencia de este modo: “En los actos de jurisdicción voluntaria, el del domicilio del que promueve…”, lo que supondría entonces un problema de competencia entre ambas entidades, si es que quien promovió la adopción en Colima tenía previamente la tutela del menor, pero no forzosamente una irregularidad por parte de los funcionarios colimenses.

Sin embargo, aunque según las leyes locales las adopciones se hayan efectuado conforme a Derecho, llama la atención que el Ministerio Público, parte interesada según el Código Civil, no haya considerado extraño el número de adopciones realizadas a extranjeros por los abogados mencionados supralíneas. ¿De verdad no observaron un patrón ahí?, ¿o es que recibieron algún aliciente para no notarlo? ¿Dónde está la inclinación de las autoridades por velar los derechos del menor?

Después de que la PGJE de Jalisco aseguró a 10 infantes, entre los 2 y 8 meses de edad, se descubrió que por lo menos cuatro presentaban signos de haber sido abusados sexualmente. Mas, a pesar de lo atroz que suena, lo más importante para la procuradora, así como para la presidenta del DIF, fue el asegurar la imagen del estado. No sólo Verduzco Guzmán dijo no tener conocimiento del caso, aun cuando la denuncia ya había sido presentada por Juan Manuel Estrada Juárez, sino que además descartó que en Colima tuvieran lugar adopciones ilegales. ¿Qué acaso es tanta su confianza en sus subordinados que es capaz de meter las manos al fuego por ellos sin una investigación de por medio? ¿Qué acaso el puesto que ostenta no la obliga a averiguar aun a pesar de sus convicciones y/o sentimientos personales? O como mencionó Estrada Juárez: “¿Ya hay una indagatoria?, ni siquiera me han llamado para ratificar la denuncia que ya presenté, entonces supongo que tienen un súper sistema de investigación para resolver los asuntos en 2 días”.

Si la procuradora no hubiera recibido una información oficial de parte del procurador jalisciense, el escándalo nacional derivado de la gravedad del caso debió de haberla motivado a emprender medidas al respecto; todavía más, al recibir la denuncia por parte del presidente de FIND, debió de haberle dado trámite y comenzado una investigación inmediatamente, ya que su puesto no es el de cuidar la imagen de Colima en el exterior, sino el de garantizar la legalidad dentro del estado, así como investigar la posible implicación de la gente que de ella depende en el tráfico de menores. Como comentó Juan Manuel Estrada, “hay agente del Ministerio Público adscrita a los juzgados familiares que tiene responsabilidad por acción y omisión; no es posible que no se hayan dado cuenta de esas 100 adopciones con niños y madres de otros estados, eso no es de sentido común”.

Esta columna fue publicada en Diario de Colima el 23 de enero de 2012

Acerca de Patricia Sanchez-Espinosa

Licenciada en Derecho y periodista de profesión. Actualmente soy la Subdirectora General de Diario de Colima, el periódico de más circulación en la entidad. Cuento con estudios de maestría en Género y Construcción de la Paz en la UNiversidad para la Paz de la ONU.
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