Obligación Moral


La trama se espesa en la tragicomedia en la que se ha convertido el estado de Colima, donde buenos y malos se mezclan cambiando de bando continuamente, dejando un gran rastro de lodo tras de sí cuando lo hacen, al grado que los ciudadanos, quienes llenos de incredulidad y hastío observamos los jaloneos, nos sentimos caer en una espiral descendente de desorientación y decepción, que teje en nuestras mentes la concepción de que, a pesar de haber algo putrefacto en los cimientos de este sistema, es todo a lo que podemos llegar a aspirar.

La denuncia pública que hicieron los exagentes de la Policía de Procuración de Justicia del Estado (PPJE) para revelar una supuesta injusticia en sus despidos, así como el trasfondo político que éstos pudieran llegar a tener, evidencia una realidad que sospechábamos, pero no podíamos comprobar. Queda en sus palabras parcialmente iluminada una corrupción que ellos amenazan con desvelar si sus pretensiones no son satisfechas, que a la sociedad le deja un irremediable mal sabor de boca.

“Callados no nos vamos a quedar, alguien tiene que decir las cosas que están sucediendo en el estado de Colima, y si nos toca a nosotros, lo haremos”, declaró Nivardo Padilla, alias Patafuchi, quien fue agente de la PPJE durante varios años. El problema es que su declaratoria se ve condicionada a su situación laboral, y estas “cosas” que están sucediendo en el estado podrían permanecer ocultas si es que se llega a un arreglo, así sea en lo oscurito, entre la procuraduría y ellos, mientras las y los colimenses nos quedamos como el chinito: “Nomás milando”.

Por su parte, la procuradora Yolanda Verduzco declaró ayer domingo en rueda de prensa que no iba a ceder ante el chantaje que pretendían hacer sus extrabajadores. Sin embargo, aunque es correcto su proceder, llama la atención que le haya tomado tanto tiempo llegar a una conclusión que debió haber sido una reacción inmediata, si es que no había verdad en el dicho de los agentes cesados. Su larga espera sugiere la posibilidad de que hubiese existido un intento de negociación entre ambas partes, o que necesitó tiempo para asegurarse de tener todo a cubierto. Ninguna de las alternativas anteriores brinda tranquilidad a la gente de Colima.

Esto se da en un contexto de inseguridad y violencia que nuestro estado no había vivido desde la época cristera, y de varias recomendaciones –verbales y escritas– del ombudsman colimense Roberto Chapula de la Mora que la procuradora ha rechazado, lo cual nos predispone a aumentar la sospecha de la institución que encabeza Verduzco Guzmán.
Al haber sacado estos temas a la luz pública, los exagentes tienen la obligación moral con el pueblo colimense de transparentar lo que al parecer son manejos turbios dentro de la procuraduría, a lo cual se expusieron independientemente de cómo se resolviera su situación laboral. El compromiso debiera haber sido porque su juramento como servidores públicos los ataba a acatar la ley, y a servir al Estado colimense, pero ahora que evidentemente han recibido la negativa de su antigua empleadora, su obligación se vuelve doble; el no hacerlo nos llevaría a creer que sí se dio una negociación secreta, donde ambas partes salieron ganando.

El escudo de la “institucionalidad” que argumentaron no puede servirles ahora que su “institución” les ha dado la espalda, pero al mismo tiempo nos lleva a la reflexión del daño que puede causar el perder de vista el sujeto al cual deben su lealtad, y las consecuencias que esta confusión puede tener.

Manejar un doble discurso dentro de la Procuraduría del Estado, donde la ley se aplica de forma discrecional, pone en riesgo al Estado de Derecho que garantiza la legalidad y funcionamiento propio de la sociedad. Para que la Policía de Procuración de Justicia estatal pueda desempeñar su labor, es necesario que la gente confíe en ella, lo cual no puede suceder si su visión está empañada con discursos de esa naturaleza. ¿Cómo podemos sentir seguridad las y los colimenses si los cuerpos que se encargan de brindarla responden a intereses políticos y no a la letra de la ley?

Para que esta situación se aclare, es necesario que se ventilen las supuestas irregularidades a las que aluden los agentes cesados, y que la procuraduría muestre la voluntad de transparentar sus actos, Por la violencia que se vive, la población de Colima está hambrienta de confiar en sus autoridades, pero esto no va a ocurrir si se pone por encima de ella la “lealtad institucional”.

Esta columna fue publicada en Diario de Colima el 10 de octubre de 2011

Acerca de Patricia Sanchez-Espinosa

Licenciada en Derecho y periodista de profesión. Actualmente soy la Subdirectora General de Diario de Colima, el periódico de más circulación en la entidad. Cuento con estudios de maestría en Género y Construcción de la Paz en la UNiversidad para la Paz de la ONU.
Esta entrada fue publicada en Uncategorized. Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s