¿A costa de todo?


Cuando se tiene miedo, se siente frustración, o desesperación, una persona tiende a actuar impulsivamente, socavando los valores que ordinariamente ostenta. Si sus principios no son fuertes, el temor de que una situación se le salga de control puede hacerle llevar a cambiar su sistema de creencias y traicionar sus fundamentos; puede incluso llegar a creer que ciertas acciones deleznables son válidas con tal de mantener el dominio de las circunstancias. Caer en el cliché de “el fin justifica los medios”.

Como el gobierno de un estado no funciona en automático, sino que es manejado por hombres y mujeres que crecen y se educan en la propia sociedad que los eligió, sus integrantes tienden a caer en este mismo error y a justificar sus excesos y aberraciones con la excusa de un bien mayor, más aún cuando aceptar sus yerros implicaría un juicio moral ejercido por la sociedad a la que gobiernan que pudiera poner en riesgo la continuidad de su partido en el poder. La paradoja es que para poder subsistir subsanando determinado error es necesario permanecer en el mismo, entrando en un círculo vicioso del cual se vuelve imposible salir, cuya conducta al final logra naturalizarse, e infectarles con el cinismo que no aprecia la integridad de la vida.

La aberración que me lleva a esta reflexión tiene que ver con las declaraciones vertidas por el gobernador Mario Anguiano Moreno y la diputada Patricia Lugo Barriga, luego de la balacera protagonizada hace 2 semanas por agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y un elemento de la Policía de Procuración de Justicia del Estado, dentro de las instalaciones de la Universidad de Colima, campus Coquimatlán. Una cosa es que una mala capacitación haya llevado a los oficiales a terminar en un intercambio de balazos al más puro estilo de película policiaca, y otra a que esa conducta sea un producto de la mentalidad de sus superiores. Aun cuando los eventos se hubieran dado de manera tal que los uniformados se hubiesen visto obligados a contestar el fuego dentro de la Casa de Estudios, la situación es completamente lamentable y no puede ser justificada sin sacrificar tanto la ley como los Derechos Humanos.

La finalidad de las leyes es la de mantener el Estado de Derecho, de garantizarle la seguridad a la ciudadanía que confía en que todos los actos que vayan en contra de su integridad, ya sea física o patrimonial, tendrán consecuencias, y que existe un organismo que responde por ella. Los códigos y las Constituciones, tanto la federal como las locales, no existen tan sólo para darle algo qué hacer a las y los legisladores, sino para marcar la línea entre la ofensa y la agresión.

La historia de la balacera en el campus revelada a la prensa está plagada de irregularidades, tanto de la SIEDO como de la PGJE, los primeros no se identificaron como les marca la ley que lo hagan, y el segundo no sólo estaba bajo la sospecha de estar ligado al crimen organizado, sino que huyó a un recinto dedicado al estudio y abrió fuego contra sus persecutores, de quienes pensó lo iban a secuestrar porque no llevaban nada que los identificara como trabajadores del orden.

Si la sociedad le confía armas a la policía, es porque está segura de que las va a usar en contra de quienes transgredan la ley, ajustándose a las reglas y limitaciones que en ella misma están marcadas. Una de ellas es la de identificarse apropiadamente, precisamente para que el o la sospechosa pueda saber que no está siendo víctima de un secuestro o de un asalto. Y si la violencia vivida en los últimos años nos ha llegado a desensibilizar, al grado de no valorar la vida de las y los delincuentes, debemos de tomar en cuenta no sólo que una mala aprehensión puede derivar en que la persona sospechosa quede libre, sino que un día podrían aplicar el mismo método con alguien de nuestra familia o inclusive con nuestro ser. Lo que distingue a la policía de la delincuencia es su moralidad, su apego a la ley; si no van a hacer uso de ello, ¿cómo vamos a poder saber la diferencia?

Pero lo que encuentro especialmente lamentable es que las autoridades, tanto la federal como la estatal, sean incapaces de ver esta diferencia, de reconocer la mala actuación de sus elementos, e incluso de prever que aún cuando se hubiera logrado la captura, la acción estaba viciada de origen, pudiendo quedar el sospechoso en libertad. Tampoco concibo que justifiquen la amenaza a la seguridad del estudiantado de Colima. Si el zafarrancho hubiese sido cometido en las instalaciones entre la delincuencia organizada, la llamada habría sido a que dichos elementos cumplieran su labor de proteger a la juventud colimense, de mantener esta guerra fuera de las escuelas para que un estudiante, una profesora u otro integrante de la Casa de Estudios no se unan al frío numero de víctimas colaterales; pero que sea la misma policía peleándose con ella misma la que constituya la amenaza parece inconcebible. 

Si nuestros representantes populares no pueden entenderlo, y unirse al llamado de una sociedad harta de no ser lo suficientemente importante como para que respeten su vida, entonces quizás no merezcan estar en tales cargos. ¿Cómo pueden llamarse representantes populares cuando no les interesa si el hijo o la hija de sus votantes mueren? Si para Mario y Patricia el fin justifica los medios, tal vez deberían de ver las caras y conocer los nombres de quienes se rehúsan a morir en lo que ellos entienden por “necesario”, ver de frente a las y los jóvenes a quienes los oficiales felicitados pusieron en riesgo de muerte. La paz a costa de todo puede ser riesgosa, ya que podría concluir en una calma negra carente de sonrisas.

Esta columna fue publicada en Diario de Colima el 26 de septiembre de 2011

Acerca de Patricia Sanchez-Espinosa

Licenciada en Derecho y periodista de profesión. Actualmente soy la Subdirectora General de Diario de Colima, el periódico de más circulación en la entidad. Cuento con estudios de maestría en Género y Construcción de la Paz en la UNiversidad para la Paz de la ONU.
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