Problema Expuesto


Desde el inicio de esta cruzada contra las drogas, he sostenido que el narcotráfico no es el verdadero problema de México, sino tan sólo un síntoma que se volvió imperativo combatir. La verdadera enfermedad que padecemos, el cáncer que está mermando nuestro nivel de vida, es la corrupción, sin la cual el narco no hubiera podido alcanzar el poder que al día de hoy le permite enfrentarse a las Fuerzas Armadas del país.

El reciente Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010, emitido por Transparencia Mexicana, nos da un buen ejemplo de ello en el microcosmos del estado de Colima. De acuerdo a los resultados publicados, Colima calificó en el lugar 26 de las 32 entidades federativas, cayendo estrepitosamente del primer sitio que ocupó en 2001, con una pasajera recuperación en 2007.

Casi inmediatamente, el gobernador Mario Anguiano rechazó que Colima sea uno de los estados más corruptos del país, cuestionando el profesionalismo y la lógica de la encuesta implementada, ya que no se señalan los niveles de inseguridad que impidieron se completaran la totalidad de los cuestionarios. A pesar de ello, Anguiano Moreno informó haber instruido ya al secretario general de Gobierno, Jesús Orozco Alfaro, para que se comunicara con el presidente de Transparencia Mexicana, para aclarar estas dudas y posteriormente “detectar las fallas”, aunque también, ante esta posibilidad, se lavó las manos diciendo: “Me parece que la evaluación no es el gobierno estatal (sic), sino como sociedad, y sí me preocupa, porque uno de los objetivos por los que luchamos es que el gobierno sea el más eficiente y genere condiciones para que, como sociedad, evolucionemos”.

Independientemente de las razones por las que el estudio no se haya realizado en su totalidad, los colimenses percibimos que algo pasó en la Ciudad de las Palmeras, que afectó gravemente la seguridad pública y mermó nuestra calidad de vida. No se necesitan encuestas, ni gráficas, para percatarnos de que algo está mal cuando avientan granadas de fragmentación en los negocios, o cuando un par de maleantes abren fuego indiscriminado ante jóvenes inocentes al salir de un bar. A los colimenses nos quedó claro que algo se había podrido en Colima, en el momento en que un grupo de sicarios asesinaron al exmandatario afuera de su casa, y otro comando secuestró y ultimó al jefe de asesores de la administración estatal.

Los resultados de Transparencia Mexicana vienen a darnos tan sólo una posibilidad del universo de razones por las cuales estamos viviendo, quizás, la peor oleada de violencia en la historia de nuestra entidad. No considero que este fenómeno y el repunte de la corrupción sean una mera coincidencia, sino por el contrario, asumo que la primera es consecuencia de la segunda; tampoco creo que el gobierno estatal ni los municipales estén ausentes de culpa.

Durante la administración pasada, DIARIO DE COLIMA señaló puntualmente las irregularidades cometidas, que derivaron en un faltante que algunos analistas colocan en 3 mil millones de pesos. Al comenzar este gobierno, heredero del anterior, pugnamos por que se realizaran auditorias, se explicara qué había pasado con los recursos, y se deslindaran responsabilidades, mas la mayoría priista y sus simpatizantes en el Congreso obstaculizaron que esto sucediera, negándole a las y los colimenses la certidumbre de que se había utilizado correctamente su dinero. ¿Qué administrador, después de una pérdida significativa de recursos, se niega a dar cuentas a su jefe? Tal vez sólo alguno que ha abusado de su confianza.

A las y los colimenses independientes nos queda claro que desde el gobierno precedente, los malos manejos, el tráfico de influencias y de información, la venta de favores y los saqueos al erario público han aumentado exponencialmente, siendo las y los ciudadanos quienes pagamos los platos rotos en forma de nuevos impuestos y un decremento en nuestra calidad de vida. Claramente nos damos cuenta del descaro y los abusos de la administración estatal.

Los acontecimientos violentos de los últimos 3 años nos permiten percatarnos de que la pérdida de valores éticos, tanto en el gobierno como en la sociedad, aun cuando producen resultados personales cuantiosos y a corto plazo, cobran un alto precio al fungir como contexto de la delincuencia, en donde nadie, ni corruptos ni íntegros, puede vivir en paz.

El lugar 26 en que fue colocado Colima por el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010 no sorprende a nadie, ni siquiera al Ejecutivo estatal; aunque haya quienes finjan demencia, no nos hacen tontos, por lo que mejor harían en reconocer los resultados, así como aceptan todos aquellos que les favorecen sin cuestionarlos, y emprender acciones para solventar un problema que, por pretender no verlo, nos está costando demasiado caro.

Esta columna fue publicada en Diario de Colima el 16 de mayo de 2011

Acerca de Patricia Sanchez-Espinosa

Licenciada en Derecho y periodista de profesión. Actualmente soy la Subdirectora General de Diario de Colima, el periódico de más circulación en la entidad. Cuento con estudios de maestría en Género y Construcción de la Paz en la UNiversidad para la Paz de la ONU.
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