Por dignidad


NUESTRAS leyes y nuestro sistema de justicia existen en teoría para garantizar los derechos humanos de las y los ciudadanos, así como para asegurarnos una coexistencia pacífica y ordenada. Los códigos y reglamentos muestran claramente las delimitaciones a nuestras libertades, pero también hasta dónde pueden llegar las autoridades sin abusar de nuestras garantías. Este equilibrio es lo que asegura que la impartición de la justicia sea, como la misma palabra implica, justa, y que no se cometan irregularidades que mermen nuestros derechos y atenten contra nuestra integridad, ya sea física, patrimonial o moral.
Mas cuando este sistema falla y se usa en contra de las y los mexicanos, ya sea como una forma del gobierno para mostrar “resultados” –por más que éstos sean fabricados–, o para extorsionar a ciudadanos honestos por intereses perversos, se está alimentando al cáncer que desde dentro corroe a nuestra nación, la causa verdadera de la descomposición social que permitió que los cárteles de la droga alcanzaran el poder que hoy ostentan, y precisamente aquello que se debiera erradicar, incluso antes de embarcarse en guerras épicas e inútiles como la que hoy vivimos.
En nuestro estado y gracias a DIARIO DE COLIMA, hemos tenido ya varias muestras de cómo el poder es usado como una herramienta para amedrentar a las y los colimenses, con la intención de limitar nuestra libertad de expresión y de tapar sus propios errores. Recientemente, hemos sido testigos de una nueva modalidad, donde es la misma autoridad, esta vez federal, quien ayuda a extorsionar a gente de nuestro estado, que durante años se ha distinguido por su honestidad y por su filosofía de trabajo duro.
El sábado pasado, se publicó la entrevista que sostuvo el empresario zapatero Rogelio Rodríguez García con Héctor Sánchez de la Madrid, donde el primero relató el infierno que vivió gracias a dos abogados mañosos, quienes lo acusaron, junto con otros empresarios zapateros, de comprar y vender piratería. Rodríguez García mostró durante la conversación todas las pruebas que confirman que la mercancía de la cual lo acusaban se vendía de forma lícita en sus tiendas, pues la compañía a la que se la compró cuenta con un permiso para comercializarla hasta junio de 2012, mas esto no lo eximió de ser privado de la libertad por la PGR.
Pero mucho más intrigante que el hecho de que la PGR lo haya detenido sin primero verificar si Rodríguez García contaba con dicho permiso o no, e incluso sin haber presentado una orden de cateo, es la revelación que hace del intento de extorsión de la que su familia fue víctima por estos supuestos abogados, quienes le pedían 1 millón de pesos por retirar los cargos, y la colaboración que parecía haber entre ellos y la policía, extorsión que sí lograron llevar a cabo con los familiares del resto de los empresarios que por la misma causa habían detenido junto con él, y que las autoridades fueron dejando en libertad conforme fueron pagando la cantidad exigida, la cual iba de 200 a 100 mil pesos, según el caso, dinero que por cierto no fue respaldado con un recibo que sirviera como comprobante de un convenio de reparación del daño, en caso de que éste hubiera sido el supuesto.
Rogelio Rodríguez, sin embargo, por ética, por dignidad y por sentido de la justicia (pues el pagar hubiera sido aceptar ser parte de una actividad ilícita), no cayó en esta trampa, y al ser turnado al Cereso al cumplirse las 72 horas que por ley puede estar como detenido, el juez le dictó auto de libertad, con lo que se confirma que él no estaba involucrado en actividad ilícita alguna.
En mi ingenuidad, quisiera creer que la PGR no tuvo conocimiento de este intento de extorsión, que fue un ardid de los abogados foráneos para sacar dinero fácil de unos cuantos provincianos, pero no puedo pasar por alto el hecho de que no se había dictado la orden de cateo en el momento en el que fue incautada la mercancía, o que por lo menos no la presentaron en el momento como era su deber hacerlo, y que fueron dejando salir a aquellos empresarios que iban pagando el dinero requerido, sin que mediara un recibo como comprobante del convenio que pudiera ser asentado en actas.
Tal corrupción y abuso de autoridad tuvo sus frutos en todos los propietarios que se amedrentaron y prefirieron entregar el dinero que les pedían, quienes indirectamente y sin saberlo ayudaron a que este sistema putrefacto que está corroyendo nuestro país continúe siendo posible. Afortunadamente, aún hay personas como Rogelio Rodríguez García, quien se negó a formar parte de esta corrupción, y tuvo la valentía de arriesgarse a llegar a las últimas consecuencias, con la seguridad que le da la honestidad que ha caracterizado a él y a su familia durante toda su vida. Ojala y en Colima tuviéramos más hombres y mujeres como él; si así fuera, quizás viviríamos una realidad distinta.

Esta columna fue publicada en Diario de Colima el 11 de abril de 2011

Acerca de Patricia Sanchez-Espinosa

Licenciada en Derecho y periodista de profesión. Actualmente soy la Subdirectora General de Diario de Colima, el periódico de más circulación en la entidad. Cuento con estudios de maestría en Género y Construcción de la Paz en la UNiversidad para la Paz de la ONU.
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