¿Trabajando por nuestra tranquilidad?


SI uno entra a la página del Honorable Municipio de Villa de Álvarez, puede leer claramente su lema, el cual dice: “Trabajamos por tu tranquilidad”; sin embargo, en la práctica no es eso precisamente lo que “la policía mejor pagada” del estado de Colima representa para Gabriela García Olea y sus dos hijas menores de edad, quienes el lunes 7 de este mes fueron embestidas por la patrulla 0503, luego de que esta última se pasara una luz roja a exceso de velocidad.

Las mismas fotografías tomadas a la señora García Olea y a una de sus hijas, publicadas el 12 de febrero en DIARIO DE COLIMA, hablan por sí mismas; en ellas se pueden apreciar los golpes y magulladuras de la madre, y los parches que cubren las cortadas en el rostro de una de sus descendientes, cuyo rostro bañado en sangre no fue suficiente para despertar la humanidad de los agentes, quienes, en voz de familiares y de la misma Gabriela García, se preocupaban más por cubrirse el rostro que por auxiliarlas.

Tanto la afectada, como su hermana y madre –cuyos nombres omito por respeto a su privacidad–, revelaron a este matutino la serie de irregularidades en que cayeron las autoridades cuando se intentó interponer la denuncia en contra de los tripulantes de la patrulla 0503, quienes parecían intentar protegerse entre ellos, en lugar de admitir la denuncia y proceder conforme a la ley, como si de una fraternidad se tratara.
Según la hermana de la señora Ana Gabriela, después del accidente, ella se dirigió a la Dirección de Tránsito para obtener los datos de la patrulla que había chocado a su hermana y sus sobrinas, así como los nombres de sus ocupantes: Manuel Paredes Patiño, quien conducía el vehículo, y Berenice Aguilar Solís, quien fungía como copiloto y fue trasladada al Seguro tras el accidente. Al llegar a la Dirección y preguntar por la ubicación de los responsables, se le informó que éstos se encontraban descansando en su casa, pues no podían ser detenidos a menos de que hubiera habido alcohol y/o drogas involucrados, aun cuando las lesiones derivadas del percance tardaran más de 15 días en sanar, algunas de ellas fueran en la cara y pudieran dejar cicatriz permanente, y dos de las afectadas fueran menores de edad. La duda que surge en este caso es si se requiere la presencia de alcohol y/o drogas para que se pueda proceder con la detención de los involucrados, en cualquier accidente, o sólo cuando se trate de una autoridad, y si es así, ¿por qué gozarían ellos de este tipo de prerrogativa?

Cuenta también la hermana de la afectada que más tarde fue a presentar una denuncia al Ministerio Público, donde le ratificaron que si no había drogas y/o alcohol involucrados, no se podía llevar a cabo la detención, ni siquiera en caso de que hubiera ocurrido un deceso. La oficial que la atendió, de nombre Leonor Bolaños, le indicó también que al levantar la denuncia lo único que conseguiría sería entorpecer las investigaciones.

Hasta este momento, la cadena que se deriva a partir del momento del accidente no es menos que indignante, desde la misma irresponsabilidad de los oficiales a bordo de la patrulla, quienes debieron haber garantizado la seguridad de los demás conductores, aun cuando formaran parte de un convoy; pero la gota que derramó el vaso fue la querella por daños patrimoniales que el ayuntamiento de Villa de Álvarez presentó en contra de la afectada, la cual, por cierto, estuvo inconsciente por 24 horas debido a la fuerza del impacto, y estará incapacitada 2 semanas más hasta que pueda volver a llevar su vida normal, lo cual, según su neurólogo, es señal de buena fortuna dada la gravedad del percance.

La versión del ayuntamiento es que su patrimonio se vio afectado, por lo cual presentó esta denuncia, pero para el ciudadano común esta acción parece más una represalia a la querella presentada por la afectada que a una intención de dictaminar o deslindar responsabilidades, llevando el mensaje implícito de que la “tranquilidad” por la cual trabajan es la de la autoridad misma, y no forzosamente por la de los gobernados.

Por su parte, Ana Gabriela García Olea está segura de que su versión será ratificada una vez que el C4 envíe los videos de las cámaras de vigilancia, los cuales confirmarían que ella avanzó en luz verde mientras que la patrulla 0503 se pasó el alto. También confía en que la evidencia no desaparecerá misteriosamente, y aún siendo así hay muchos testigos que se encontraban en la escena y que están dispuestos a declarar que los hechos ocurrieron como ella relata.

La labor que realizan las autoridades, sobre todo los elementos de la seguridad pública (desde los agentes de tránsito hasta la policía municipal), es muy importante, pues ellas y ellos garantizan que las y los ciudadanos podamos salir a las calles y hacer nuestra vida normal, sabiendo que velarán por nosotros, y que incluso arriesgarán sus vidas para proteger las nuestras; mas el abuso a la autoridad que representan desvirtúa por completo el espíritu mismo de su loable trabajo, generando desconfianza entre la población, quienes llegamos a ver en ellos un coto de poder que se protege a sí mismo, que creen que por el simple hecho de portar una insignia y una pistola están más allá de las leyes y los reglamentos, pudiendo incluso afectar nuestra integridad física sin que haya consecuencias, tal como los delincuentes a los que persiguen. Una percepción general injusta, provocada por las acciones de unos cuantos, lo cual la alcaldesa Brenda Gutiérrez no puede darse el lujo de permitir, sobre todo después de haber presumido repetidamente que la policía de Villa de Álvarez es la más equipada y la mejor pagada en el estado. Con esto faltaría ver si también sus elementos son los más efectivos, y si predican con el ejemplo, o si por el contrario, además de los criminales, también debemos de cuidarnos de ellos. En sus manos está.

Esta columna fue publidada en Diario de Colima el 21 de febrero de 2011, y puede accederse desde el siguiente link: http://www.diariodecolima.com/antercola.php?c=8901

Acerca de Patricia Sanchez-Espinosa

Licenciada en Derecho y periodista de profesión. Actualmente soy la Subdirectora General de Diario de Colima, el periódico de más circulación en la entidad. Cuento con estudios de maestría en Género y Construcción de la Paz en la UNiversidad para la Paz de la ONU.
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