Tocando Fondo


ENTRE los casos que el mundo del entretenimiento nos brinda para ocuparnos en cosas distintas a las que acontecen en nuestro entorno inmediato, resalta el del recién liberado Kalimba, sobre quien se dividen las opiniones de si cometió o no la violación de la cual se le acusaba, o incluso, si hizo bien o mal en tener relaciones sexuales con una menor de edad, aun cuando ésta lo haya consentido.
Más allá de si el cantante de Tocando fondo (irónico título dado el reciente suceso) forzó el acto sexual con la denunciante, llaman la atención todos los hechos definitivamente ilícitos que precedieron al caso en sí, los cuales, además de que no gozaron de la misma fuerza mediática que la otorgada al intérprete, tampoco fueron considerados por el juez, ni gestionados adecuadamente por el procurador de Quintana Roo, para de esta forma no sólo otorgarle justicia a su solicitante, sino hacer valer el Estado de Derecho, sin importar la fama o influencia del acusado.
No busco en esta columna hacer ningún juicio, legal o de valores, tan sólo pretendo analizar desde mi perspectiva este tragicómico espectáculo que nos ofrecieron en combo las televisoras y las autoridades mexicanas, para que cada quien reflexione por sí mismo.
El primer detalle que salta a mi mente es la presencia de Daiana Guzmán (la denunciante) y Tahily Cruz (su acompañante) en el Buda Bar; no sólo estas jóvenes eran menores de edad, lo que ya en sí es un motivo de clausura para el establecimiento, sino que estaban ahí porque habían sido “contratadas” como edecanes, aunque sin goce de sueldo, pues su pago era el privilegio de poder trabajar junto al famoso artista. Supuestamente, después de sucedido este escándalo, dicho centro de entretenimiento fue clausurado, sin embargo, esta versión fue desmentida poco después por el director de Fiscalización, Adolfo Barrios, quien tuvo a bien informar que el Buda Bar había cerrado definitivamente, pero por cambio de domicilio: “Los dueños de la discoteca informaron con anterioridad que cerrarían sus puertas de manera definitiva con la presentación de Dj Tripod Kalimba, no se les clausuró el lugar luego de las denuncias que pesan sobre el cantante” (Noticaribe 2011), comentó Barrios, aclarando que los sellos de clausura que se podían observar en sus puertas se debían a un cierre anterior por haber operado fuera del horario permitido. Es decir, que el hecho confirmado de que hubiera ahí menores de edad sigue impune.
Por otra parte, al juez pareció no haberle importado la edad de la víctima, quien claramente era menor, ni tampoco que el parte médico hubiera indicado evidencia de abuso sexual violento, tanto anal como vaginal. Es curioso que el juzgador hubiera dado más peso a la reconstrucción de los hechos, aun cuando la parte acusatoria no estuvo presente en la misma, indicando que no existían los elementos suficientes para cumplir el tipo penal, el cual por cierto a la letra dice: “Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo… Al que realice cópula por medio de la violencia física o moral con persona mayor de catorce años de edad y menor de dieciocho años de edad o que por cualquier causa no esté en posibilidades de producirse voluntariamente en sus relaciones sexuales o de resistir la conducta delictuosa…”. El tema aquí fue la violencia, la cual Kalimba niega, Tahily lo apoya, Daiana Guzmán asegura y el parte médico confirma. Sin embargo, al parecer la reconstrucción de los hechos –donde no estuvo, insisto, la parte acusatoria– fue una evidencia mucho más contundente, pues se pudo probar que si la muchacha hubiese gritado, es decir, se hubiera resistido, la habrían escuchado en la recepción.
Está también el cargo de corrupción de menores que se les retiró a Gerald Manel Aguilar, promotor de Kalimba como Dj, y a Óscar González, su manager, a quienes se les vincula con la agencia de edecanes Ego Style, la cual recluta a menores de edad sirviéndose de las redes sociales. No me deja de impresionar en este caso la rapidez con la que se dio por vencido el procurador de Quintana Roo.
Queda claro que el juicio que se le siguió al artista fue mucho más mediático que legal, donde desde un principio se acusó a la víctima de haber querido usar la influencia del acusado para hacerse fama ella misma, justamente en un estado en donde ya se había dado un escándalo de abuso sexual y prostitución de menores por Succar Kuri. Las opiniones son diversas, pero pocas de ellas cuentan con la sensibilidad suficiente como para reconocer que el cantante había mantenido relaciones sexuales con una persona menor de edad, ni consideran el daño psicológico que pudiera haberle causado, sino que insisten en la calidad moral de Daiana, así como de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido sus padres al haberle permitido acudir al bar. Una vez más, la moralina y la ignorancia se imponen sobre la razón y la ley.
En Estados Unidos existe un tipo legal llamado statutory rape (violación estatutaria), el cual, según la definición del FBI, se caracteriza por una relación sexual no forzada con una persona menor a la edad establecida por la ley, la cual puede ser perseguida por querella de la parte ofendida, sus padres, tutores o profesionales responsables y, en la mayoría de los estados, de oficio. Gracias a esta ley, tanto famosos como simples mortales temen involucrarse sexualmente con personas (hombres o mujeres) que no han alcanzado la edad legal, pues la justicia estadunidense parece no otorgar un peso especial a la influencia mediática del acusado; ahí está el caso de Roman Polanski, quien huyó del país para evitar una condena de violación a una adolescente que entonces tenía 13 años.
Sin embargo, en México, la edad de consentimiento se va muy por debajo de lo que muchos podrían considerar como lógico. El Código Penal Federal señala, en su artículo 262, que: “Al que tenga cópula con persona mayor de doce años y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicará de tres meses a cuatro años de prisión”, lo cual da a entender que la mayoría legal para otorgar el consentimiento en la República Mexicana es de 12 años de edad, y aunque cada entidad especifica el mínimo requerido, ninguna de ellas señala los 18 años, siendo 14 el máximo mencionado. Sería interesante saber lo que tienen que decir las madres y los padres de familia acerca de que el estado considere legal que un adulto tenga contacto sexual con sus hijas o hijos de 14 años.
Mientras tanto, los artistas mexicanos celebran la liberación definitiva de Kalimba, con comentarios como el de la conductora Andrea Legarreta, quien dijo por Twitter: “Buen Jueves. Se hizo justicia. JUSTICIA, BIEN @KalimbaMX ¡Te queremos!”, e incluso otros más personales como el de la exintegrante de Kabah, Federica Quijano: “que emoción, se hizo justicia. ¡El negrito esta libre! Ojalá la niña ésta pague su estupidez, estoy feliz!”. ¿Será que el título de la canción de Kalimba pudiera aplicarse al concepto de justicia mexicana, y estemos en efecto tocando fondo?

Esta columna fue publicada el 31 de enero de 2011 y puede ser vista en el siguiente link: http://www.diariodecolima.com/hemeroteca/antercola.php?c=8650

Acerca de Patricia Sanchez-Espinosa

Licenciada en Derecho y periodista de profesión. Actualmente soy la Subdirectora General de Diario de Colima, el periódico de más circulación en la entidad. Cuento con estudios de maestría en Género y Construcción de la Paz en la UNiversidad para la Paz de la ONU.
Esta entrada fue publicada en Abuso Sexual, Corrupción, machismo, Mujeres, Violación, violencia de género y etiquetada , , , , , , , , , . Guarda el enlace permanente.

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