El Circo


EL día en que asesinaron al exmandatario Silverio Cavazos Ceballos y al doctor Mario Robles Gil, el actual gobernador se comprometió a tomar “decisiones trascendentes” que ayudaran a controlar la “difícil situación” que se está viviendo en Colima, las cuales iba a revelar en 15 días a partir de ese fatídico domingo.
Durante este periodo de tiempo, Colima emergió en las noticias nacionales y por unos días dejó de ser la isla más cercana que tiene México –como siempre me ha parecido– para pasar a integrarse, por unos días al menos, en el conjunto del acontecer nacional. Esa súbita atención sirvió a nuestro estado para dos cosas: la primera, para abochornar a nuestro humilde mandatario, quien ajeno a las candilejas se contradijo una y otra vez en cadena nacional, lo que le mereció críticas y burlas de los mejores columnistas que tiene este país, y varias encaminadas por parte del presidente de la República, al manifestar públicamente que no se desecharía ninguna línea de investigación, y al revelar también que presuntamente un agente de la misma Policía Estatal Preventiva, Óscar Ulises Mariscal Ríos, había participado en el crimen de Cavazos.
Otro acontecimiento relevante, que cobró tal vez más indignación pública que el homicidio del exgobernador, por las circunstancias en las que tuvo lugar y el manejo que se le quiso dar, fue el negligente y cobarde asesinato del doctor Robles Gil, a quien en un principio se dijo que se le disparó por haber intentado burlar un retén, para después verse forzados a cambiar la versión debido a las presiones de los familiares y amigos del galeno, y a las publicaciones del periódico Mural, así como de este rotativo, para revelar que uno de los tres agentes de la PEP que se habían introducido ilegalmente a su casa de campo lo ultimó en su propio jardín mientras él regaba sus plantas, encontrándose desarmado, pues hasta la misma manguera había soltado para ese momento. Versiones posteriores señalaron que los policías, después de matar al doctor Mario Robles Gil, trasladaron a su hijo a la delegación para que declarara, quien en el camino escuchó cómo uno de los agentes que lo llevaba le decía a otro por radio: “Ya tenemos a uno, ya lo matamos. Y llevamos a otro más”, quien a su vez le contestó: “Mátenlo de una vez”.
Todo lo ocurrido indicaba que una de las principales medidas que el gobernador debía de tomar ayer era la de destituir al director de la Policía Estatal Preventiva, e incluso someterlo a una investigación por la posible participación del elemento de la PEP, Óscar Ulises Mariscal Ríos, en el crimen de Cavazos Ceballos. La actuación de dicha dependencia tan sólo durante estos 15 días ha dejado demasiado que desear, y ha levantado innumerables sospechas por parte de la sociedad informada. Tan sólo el 21 de noviembre, día en que los ojos de la población se posaron en la mencionada dependencia, la PEP se vio involucrada en un allanamiento de morada ilegal al más puro estilo delincuencial (los agentes se brincaron una barda), un brutal e innecesario homicidio de un civil desarmado, el arresto ilegal del hijo, pues lo prendieron en su propio domicilio sin contar con una orden ni elementos que lo ameritaran, y cerraron el día proporcionando datos falsos, mismos que el gobernador del estado usó para dar un informe oficial.
En los 2 días siguientes se descubrió la mentira con la que, con una doble cobardía, intentaban ocultar el terrible delito que habían cometido. Siendo autoridades, intentaron utilizar al sistema para favorecerlos, a costa de la vida y reputación de un ciudadano ejemplar, de quien dijeron había realizado movimientos sospechosos al tratar de eludir un retén. Hay incluso rumores no confirmados de que la familia fue amenazada para que se apegara a la versión ofrecida por el mandatario, aunque mientras esto no sea corroborado por los deudos, seguirá siendo tan sólo eso.
Una semana después, el presidente Felipe Calderón dio a conocer que existían indicios de que había sido un elemento de la misma Policía Estatal Preventiva quien había participado en la ejecución del exmandatario Silverio Cavazos.
Esta última declaración, en cualquier sociedad civilizada, hubiera supuesto el tiro de gracia a la dependencia, la cual, de no desaparecer por haber demostrado la incompetencia, deshonestidad y falta de capacitación de algunos de sus integrantes, exigía al menos que se destituyera a su director y se le sometiera a investigación para determinar hasta qué punto tuvo conocimiento, tanto de la mentira como de la misma muerte de Cavazos.
El día de ayer, el gobernador Mario Anguiano Moreno, como su primera “medida trascendente” en asuntos de seguridad, nombró al general de brigada diplomado del Estado Mayor, Raúl Pinedo Dávila, como el nuevo director de la PEP, con lo que destituía de tal puesto a Héctor Bautista Vázquez, sin embargo, en lugar de someter a éste a una investigación o separarlo de las decisiones del gobierno en vista de su incapacidad, por decir lo menos, decidió designarlo como su asesor en materia de seguridad, con lo que manda el mensaje a los colimenses de que lo está separando del cargo por la presión de la sociedad y de los medios, pero no porque él perciba algo malo en su labor, lo que en sí es una terrible noticia para Colima.
Por si fuera poco, el procurador Arturo Díaz Rivera dio a conocer que de los tres uniformados involucrados en el crimen del doctor Robles Gil, dos están libres bajo fianza, pues sus delitos se consideran como no graves, mientras que otro se encuentra en el Centro de Readaptación Social (Cereso) por el delito de homicidio simple intencional, según la averiguación armada por Díaz Rivera. El que a dos de los agentes involucrados en el asesinato del galeno no se les consideren como graves sus delitos, y que el que se halla en la cárcel esté siendo procesado por homicidio simple y no calificado, habla del grado de complicidad que existe entre la Procuraduría y la PEP, y la necesidad de la primera de cubrir a la segunda. La diferencia entre un homicidio simple de uno calificado significa que el primero no cuenta con las características agravantes de premeditación, alevosía, ventaja y traición, donde la premeditación, según el Código Penal del Estado de Colima, “es aquella que se da cuando el agente ha reflexionado sobre el delito que piensa cometer”; la alevosía, en “sorprender intencionalmente a alguien de improviso o empleando acechanza (sic) o engaño…”; la ventaja, “…cuando el delincuente tenga conciencia plena de que no corre riesgo de ser muerto o lesionado por el ofendido…”, y traición, “en quebrantar la seguridad que expresamente se había prometido a la víctima o la táctica que ésta debía esperar en razón del parentezco (sic), gratitud, amistad o cualquier otra circunstancia que inspire confianza…”. Si bien a simple vista no aplica la premeditación en el caso del hombre que ultimó a Robles Gil, claramente se pueden aplicar los otros agravantes que lo convertirían en homicidio calificado.
Esto último me lleva a la pregunta: ¿Por qué el procurador Díaz Rivera lo consignó al juez como homicidio simple? Y aunado al nombramiento de Bautista Vázquez como asesor personal del gobernador en materia de seguridad, ¿por qué el interés manifiesto de la administración de Anguiano Moreno en proteger a los integrantes de la PEP, aun en actos violatorios de las leyes? ¿Es que no pueden comprender que el ahora exdirector de la dependencia tiene responsabilidad de lo que pasó en su equipo de trabajo?, ¿o es una forma tácita de no reconocer los errores de un mal liderazgo?
Las respuestas no espero que lleguen pronto, ni mucho menos del gobernador Mario Anguiano o de Arturo Díaz, quienes acabaron por agotar la poca credibilidad que les quedaba. Anguiano Moreno ya le quedó mal a Colima al no anunciar las “decisiones trascendentes” que debería de tomar su gobierno, ultimátum que se puso él mismo y al final no cumplió su palabra, pues si los dos nombramientos y las pruebas de confianza que va a realizar a los elementos de la PEP son sus “decisiones trascendentes”, mal augurio le espera a Colima; y si es tan sólo el primer paso de más determinaciones por tomar, por lo pronto ya incumplió en la fecha anunciada. Ahora lo único que falta es ver cuál será el siguiente acto de este circo ridículo en el que se ha convertido el gobierno de Colima.

Esta columna fue publicada el 8 de diciembre de 2010, y puede ser vista en el siguiente link: http://www.diariodecolima.com/newpage/antercola.php?c=8051

Acerca de Patricia Sanchez-Espinosa

Licenciada en Derecho y periodista de profesión. Actualmente soy la Subdirectora General de Diario de Colima, el periódico de más circulación en la entidad. Cuento con estudios de maestría en Género y Construcción de la Paz en la UNiversidad para la Paz de la ONU.
Esta entrada fue publicada en Corrupción, Políticas Públicas, Silverio Cavazos, Violencia y etiquetada , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Guarda el enlace permanente.

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