¿Y la presunción de inocencia?


A continuación, hago un pequeño resumen de los hechos que la señora Leticia de la Mora Ramírez, esposa del notario público Jaime Alfredo Castañeda Bazavilvazo, dio a conocer en una carta el día 10 del presente mes, dirigida a la opinión pública con el título “¡Nuestra es la libertad de decir verdades!”.
Relata que el pasado 13 de octubre tanto ella como su esposo sufrieron un mal momento cuando sacaban del estacionamiento de la notaría la camioneta que ella conducía, cuando un auto con dos personas a bordo comenzó a pitar insistente, ofensiva e innecesariamente, bajando a continuación una de ellas para empezar a gritarles de groserías. El notario descendió a su vez de la camioneta para pedirle calma al sujeto, pero volvió a ella rápidamente al notar que el susodicho no se calmaba, sino por el contrario parecía querer causar un conflicto. Después del mal momento, el temor subió de tono cuando dicha pareja comenzó a perseguir al matrimonio por el centro de la ciudad, donde no encontraron a ningún guardián de la ley con el cual acudir por ayuda, así que tuvieron que esperar a que sus atacantes se cansaran de la persecución, lo que finalmente hicieron.
La señora De la Mora precisa que el tiempo estimado que les tomó el trayecto desde su negocio hasta un local del centro de la ciudad, donde su marido se quedó para encontrarse allí con unos amigos, fue a lo sumo de 5 minutos, y en seguida regresó a la notaría, donde, según relata, se llevó el susto de su vida.
Señala que aproximadamente una cuadra y media antes de llegar al negocio familiar, una camioneta de la Policía, cuatro o cinco elementos uniformados a pie y varias motocicletas, le hicieron la seña de detenerse; sin embargo, ella por miedo ante la desproporcionalidad de este operativo, intentó acercarse lo más posible a la notaría, donde se encontraba su hijo, el personal y varios clientes; pero una cuadra antes, una motocicleta le cerró el paso y entre 15 ó 20 uniformados cercaron el auto en el que circulaba y la encañonaron, amenazando con dispararle. Al bajar su ventanilla, una de las oficiales le indicó que se apeara debido a que traía una camioneta robada y andaba disparando un arma de fuego de alto poder por las calles. La señora Leticia manifiesta que les informó a los policías del error en el que se hallaban, que manejaba el vehículo de su esposo y no tenía (ni había tenido nunca) un arma de fuego, indicándoles además que no se bajaría ni permitiría que inspeccionaran la camioneta.
Sin embargo, los servidores públicos continuaron con su actitud hostil, insistiendo en que el vehículo en cuestión era robado y que iban a registrarlo, pues habían recibido una llamada anónima al 066 denunciando dichos delitos, y no fue sino hasta que arribaron al lugar su hijo y un vecino suyo, quienes corroboraron la identidad de la señora, así como la propiedad del auto, que dejaron de apuntarle a la cabeza con sus armas, poniendo con ello en riesgo su integridad física.
Posteriormente, la familia averiguó que los números de las placas del auto de las personas que habían realizado la llamada anónima eran iguales a los dígitos que había tomado el notario Castañeda Bazavilvazo cuando fueron perseguidos, mas no le permitieron a este último tomar fotografías del vehículo de los malhechores, ni tampoco se les entregó copia del acta que por el incidente levantó el matrimonio Castañeda-De la Mora, ni de las declaraciones que les hicieron cuando fueron citados a comparecer en calidad de testigos (aun cuando eran los ofendidos).
Hace la aclaración la señora en su carta dirigida a la opinión pública que tales declaraciones eran sólo sobre quienes hicieron la llamada anónima y los molestaron, mas no sobre la actitud agresiva de los oficiales, debido a que, como se les informó, eso deberían de denunciarlo ante el agente del Ministerio Público.
Lo anterior es un pequeño resumen del desplegado de una plana publicado la semana pasada en DIARIO DE COLIMA, e imagino que quienquiera que lo haya leído no puede sino sentir indignación por la prepotencia con la que fue tratada la señora Leticia de la Mora por la policía del estado, así como temor por saber que cualquier habitante de Colima es susceptible de sufrir este tipo de arbitrariedades, ya sea por rencillas personales, por intereses políticos o por simple abuso del poder de quienes deben, supuestamente, proteger nuestros derechos.
La señora Leticia de la Mora, junto con su esposo, Jaime Castañeda, y su hijo e hijas, son una familia que se ha distinguido por ser activa políticamente, no desde la trinchera de algún partido en particular, sino desde el campo abierto de la opinión pública, defendiendo sus garantías constitucionales y haciendo uso de su derecho democrático de libertad de expresión. Este periódico ha coincidido en ocasiones con su causa, y en otras ha disentido; mas, como el mismo Voltaire señaló, siempre ha respaldado el derecho que tienen, tanto ellos como cualquier otra persona, a expresar sus opiniones, las cuales no abundan en estos tiempos oscuros.
Tal vez por los enemigos que su activismo ha generado, o simplemente por el hígado de dos personas con las que mantuvieron un corto altercado y que intentaban perjudicarlos, la señora De la Mora fue víctima del abuso de poder de la Policía Estatal, quienes, respondiendo a una “denuncia anónima”, violaron sus derechos y pusieron en peligro su vida, además de hacerla pasar un susto absolutamente innecesario, en una política que más bien pareciera querer sembrar el terror entre los habitantes, más que detener la delincuencia, pues esta última, como podemos cerciorarnos cotidianamente por DIARIO DE COLIMA, sigue en aumento.
Los ciudadanos de México tenemos el derecho de la presunción de inocencia, la cual está claramente establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 11 de la Declaración Internacional de Derechos Humanos, sin embargo, en la práctica, los policías estatales actúan como los mismos sicarios a quienes presumen perseguir, violando las garantías constitucionales de las que gozamos tanto los mexicanos, como los extranjeros en territorio nacional, con lo cual se presume que nuestra entidad es democrática y respetuosa de los derechos humanos, pero en la práctica no es así.
La fuerza pública, tal como nos damos cuenta gracias a una mujer que siente la obligación civil, así como el suficiente amor a su patria para relatar su historia y no permitir ser vejada ni intimidada por aquellos que ejercen el poder, sean los mismos agentes o los políticos que dan las órdenes detrás, ha sufrido una terrible transformación en el estado, siendo utilizada para amedrentar a las personas, sin mantener respeto alguno a sus derechos y, por lo tanto, violando las leyes, confundiendo la placa que portan con una licencia para ejercer la prepotencia y el despotismo. Cabría preguntarse entonces el tipo de línea que los uniformados reciben de sus jefes, qué entrenamiento les están dando, si es que su prepotencia es general o va dirigida a personajes en particular y, sobre todo, dónde está el límite ante los abusos en los que incurre este gobierno, y cuántos más están dispuestos a soportar los habitantes de Colima.

Esta columna fue publicada en Diario de Colima el 15 de noviembre de 2010, y puede ser vista en el siguiente link: http://www.diariodecolima.com/newpage/antercola.php?c=7809

Acerca de Patricia Sanchez-Espinosa

Licenciada en Derecho y periodista de profesión. Actualmente soy la Subdirectora General de Diario de Colima, el periódico de más circulación en la entidad. Cuento con estudios de maestría en Género y Construcción de la Paz en la UNiversidad para la Paz de la ONU.
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