Primeros avisos


ÚLTIMAMENTE han estado ocurriendo hechos que accionan las señales de alarma de un posible estallido social en el país, advertido tanto por políticos, empresarios, como por el mismo rector de la UNAM, José Narro Robles. No sólo las autoridades han demostrado ser incompetentes para poner un alto, o ya de menos para disminuir los niveles de violencia causados por el crimen organizado, sino que los ciudadanos no confían ya en las autoridades ni en su capacidad para hacer valer el Estado de Derecho.
Según advierte Sun Tzu en El arte de la guerra, todos los vacíos se cubren, y en México era únicamente cuestión de tiempo para que comenzáramos a ver cómo diversos grupos fácticos iban apoderándose del poder en distintas regiones del país, impulsados por la incapacidad o desinterés de los gobiernos (porque han sido muchos), federales y estatales, por disminuir la brecha social y otorgar oportunidades, tanto de educación como de desarrollo, a aquellos mexicanos que no gozan de un apellido rimbombante ni de un compadre que los impulse a un nivel de vida más digno, que para colmo de males no pueden evitar ser parte del sistema de valores de consumo que promueve nuestro vecino del norte, y que México ha adoptado como propio.
Al igual que fuimos testigos de cómo en unas cuantas décadas los grupos del crimen organizado tomaron el control de diversas regiones del país en sus manos, valiéndose de la necesidad económica de la gente, así como del efímero poder que brinda el sostener el mango de una pistola, estamos viendo ahora cómo los ciudadanos de a pie, hartos de tanta violencia y tanta ineptitud de aquellos que supuestamente tienen la obligación de protegernos, toman la justicia en sus manos, se arman y sin necesidad de un juicio o un debido proceso matan a quienes delinquen en sus comunidades.
Así está ocurriendo en el norte del país, donde el pasado viernes 24 un hombre acudió en defensa de su vecina, a quien un individuo pretendía violar, disparándole hasta matarlo, siendo después protegido por la gente del barrio, en donde nadie vio ni escuchó nada que pudiera identificar al espontáneo salvador.
El martes pasado en Ascensión, Chihuahua, la ciudadanía decidió organizarse para “linchar” a aquellos que intenten cualquier acción delictiva en contra de algún integrante de su comunidad, pues, como ellos mismos dijeron después de herir a dos presuntos secuestradores y negarles el acceso a la salud a fin de que murieran desangrados, aquéllos “fueron los dos primeros, pero no serán los últimos. Teníamos la esperanza de que el gobierno nos apoyara, pero no fue así, entonces nos vamos a defender nosotros solos, y si ellos (los delincuentes) saben matar, nosotros vamos a aprender, pero a nuestros hijos no los vuelven a tocar”. Esta decisión de la población fue incluso legitimada por el presidente municipal, Lorenzo Camarillo Rentería, quien terminó por disolver a la policía municipal después de una reunión con algunos miembros de la comunidad, ante la desconfianza que éstos sienten de los uniformados.
En ese malogrado estado, la situación está tan mal que el periódico El Diario de Juárez pidió una tregua a los grupos delictivos por medio de su editorial, después del asesinato de uno de sus fotógrafos, segunda víctima de este rotativo en sucumbir ante la delincuencia organizada. El periódico advierte en su publicación que “en Ciudad Juárez hemos llegado a un punto en el que es necesario –y urgente– adoptar otro tipo de medidas para obligar a las autoridades establecidas por ley, a ofrecer respuestas más contundentes, porque la capacidad de tolerancia de tantos ciudadanos dolidos ha rebasado ya sus límites”. La pregunta que queda en el aire es: ¿Qué tipo de medidas?
Las señales apuntan a que, ante la incapacidad o negligencia de las autoridades, la gente comenzará a tomar la justicia en sus propias manos, linchando a cualquier persona que delinca, o que crean que lo ha hecho, poniendo en peligro no sólo al Estado de Derecho que garantiza nuestros derechos más fundamentales, sino la proporción ante la pena y la seguridad de estar castigando a los auténticos responsables, lo cual sólo puede garantizar (o al menos ayudar a hacerlo) un debido proceso.
La bomba comienza a estallar en Chihuahua, donde la violencia ha sido más encarnizada y la sangre ha corrido más profusamente, pero si la inseguridad continúa creciendo y las prioridades de las autoridades se siguen centrando en buscar chivos expiatorios, y en desviar la atención de los ciudadanos con espectáculos mediáticos ridículos como el que está teniendo lugar en Colima, es posible que esta tendencia se reproduzca en otros municipios del país, sobre todo cuando la gente no percibe un interés del gobierno por mejorar la situación, ni observa tampoco la realidad reflejada en una prensa continuamente amenazada por dos filos: el del crimen organizado, por un lado, y el del autoritarismo oficial que pretende utilizar a la misma como un escaparate de sus logros, ocultando aquello que no ha sido capaz de remediar. Un caso claro lo estamos viviendo en nuestra entidad.

Esta columna fue publicada en Diario de Colimael 27 de septiembre de 2010

Acerca de Patricia Sanchez-Espinosa

Licenciada en Derecho y periodista de profesión. Actualmente soy la Subdirectora General de Diario de Colima, el periódico de más circulación en la entidad. Cuento con estudios de maestría en Género y Construcción de la Paz en la UNiversidad para la Paz de la ONU.
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