No somos iguales


SI existió un motivo por el cual los mexicanos emprendieron la lucha por la Independencia, fue para poder reclamar como propio el territorio nacional y así lograr la igualdad que los españoles les negaban a criollos, indígenas y mestizos. Sin embargo, a días de cumplirse 200 años del grito de Dolores, México continúa siendo un país plagado de injusticias y desigualdades.
En el último Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe que presentó recientemente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), esta región de la que México forma parte es la que presenta las mayores desigualdades en el mundo, muy por encima de Asia, Europa e incluso, para sorpresa de muchos, de la África subsahariana.
El PNUD describe la desigualdad en Latinoamérica y el Caribe como alta, persistente y que se reproduce en un contexto de baja movilidad socioeconómica, debido a mecanismos que se multiplican tanto en los hogares como en el sistema político de los respectivos gobiernos. En México en específico, este programa indica que una de las principales causas de la brecha en la igualdad es la educación, donde “el problema no es la falta de recursos, sino la forma en que éstos se invierten…”, pues en este país, “…en muchos casos, el objetivo central del sistema educativo parece ser evitar los conflictos con los maestros en lugar de promover las oportunidades educativas de la población”.
La corrupción y la impunidad son otros factores que mantienen a esta tierra azteca incapaz de resolver la violencia estructural de la pobreza, con patrones que continúan repitiéndose por generaciones, donde los valores se trastocan y se confunden al grado de que la gente termina idealizando aquello mismo que la lastima.
Ejemplos concretos de esto acaban de presentarse la semana pasada en la alguna vez pacífica ciudad de Colima. El primero cuando un oficial de Tránsito multó a un civil por circular con vidrios polarizados, mientras en el mismo momento dejaba ir, con una sonrisa y un “disculpe usted”, a Silverio Cavazos Ceballos, con la explicación de que él goza de fuero de “exgobernador”, una canonjía inexistente en Derecho, pero que de hecho se otorga, en una afirmación tácita de que en este país, que sostiene a la igualdad en el primerísimo artículo de su Carta Magna, existen favoritismos que permiten a ciertos individuos vivir al margen de la ley, mientras que a otros se les aplica la misma con todo rigor. ¿Se habrá percatado aquel oficial de Tránsito que al perdonarle la infracción a Silverio se estaba degradando él mismo, como autoridad y como ciudadano, ante quien está acusado de haber socavado el patrimonio de todos los colimenses, incluso el de su propia familia?
El segundo caso que me impactó fue el que se originó con la declaración del ombudsman colimense, Roberto Chapula de la Mora, cuando acusó al procurador Arturo Díaz Rivera de torturador, sugiriendo que incluso criminaliza a la pobreza, creando confesores a base del dolor, para poder ofrecer resultados a un Colima decepcionado por su mediocre actuación. Pero lo que me pareció imperdonable es lo que ocurrió después, pues el mandatario Mario Anguiano Moreno, en lugar de iniciar una investigación ante una acusación tan grave, como todo gobernante responsable haría, volvió a meter sus ampolladas manos al fuego para responder por la legitimidad de los procedimientos del procurador, como si en esta entidad lo que se valorara fuera la fe ciega, la lealtad bruta, y no la transparencia.
El gobernador tuvo incluso el descaro de invitar a ambos funcionarios a dirimir sus diferencias en privado, como si fueran parte de un mismo equipo, cuando la función de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado es precisamente la de proteger al ciudadano de los abusos de autoridad cometidos por funcionarios estatales, no la de hacer acuerdos en lo oscurito para no dañar la imagen de un determinado partido político.
El concepto de que una acusación a cualquier sector del gobierno puede resultar dañina para la imagen del partido, y por tanto se debe de ocultar o maquillar, daña en realidad a la población a la que se dice servir, pues la incapacidad de reconocer una falla no convierte un resultado negativo en uno positivo, como tampoco la ausencia de noticias violentas en la portada de un periódico equivalen a un aumento en la seguridad del estado.
La labor de los funcionarios y representantes populares que comen de los impuestos de los ciudadanos es la de servirlos en su máxima expresión y garantizar que sus derechos no sean violentados cuando justa, o injustamente, sean sometidos a alguna actuación judicial, ni que se dé a unos sobre a otros un trato preferencial. Ser servidores públicos indica justamente eso: que están en un puesto que por sus características los pone al servicio del ciudadano común y, por tanto, es a la ciudadanía a quien le deben su lealtad y su compromiso, no a un partido político ni a un grupo fáctico ni a un exrepresentante público.
No será hasta que entendamos lo anterior, no sólo los que ostentan el poder, sino aquellas y aquellos que lo legitiman, cuando México dejará de figurar en la lista de los países con mayor desigualdad en el mundo, pues a 200 años de que comenzó la separación de México de una monarquía que promovía la desigualdad con títulos nobiliarios, seguimos otorgando títulos falsos a discreción, perpetuando aquel aforismo de George Orwell que dice: “Todos somos iguales, pero habemos algunos más iguales que otros”.

Esta columna fue publicada en Diario de Colima el 13 de septiembre de 2010

Acerca de Patricia Sanchez-Espinosa

Licenciada en Derecho y periodista de profesión. Actualmente soy la Subdirectora General de Diario de Colima, el periódico de más circulación en la entidad. Cuento con estudios de maestría en Género y Construcción de la Paz en la UNiversidad para la Paz de la ONU.
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