Voto por la razón


ES difícil argumentar razones con alguien que dice tener la voluntad de un ser único y omnipotente de su lado, aun cuando sus explicaciones vayan en contra de toda la lógica de lo mismo que pregona. La moral es subjetiva, y sus reglamentaciones muy seguido cruzan la línea entre lo público y lo privado.
La evolución de nuestra sociedad nos ha enseñado que no nos es posible regirnos bajo una teocracia, pues las circunstancias sociales y económicas no se adecuan a los preceptos religiosos. Precisamente por esto es por lo que los constituyentes decidieron confirmar la separación entre la Iglesia y el Estado en 1917, además de garantizar la libertad religiosa y reclamar las actuaciones civiles como el matrimonio, actas de nacimiento y de defunción como propias.
Sin embargo, a pesar de este divorcio entre lo religioso y lo jurídico, la Iglesia ha continuado ejerciendo una influencia muy fuerte en las decisiones políticas de México, al grado que ha afectado el ejercicio de las garantías individuales consagradas en la Constitución. Si esta influencia no se había manifestado con tanta fuerza en el pasado inmediato, era porque no se habían dado reformas que confrontaran el discurso básico del catolicismo… hasta ahora.
Las reformas promovidas por Marcelo Ebrard Casaubón, jefe de Gobierno del Distrito Federal, y aprobadas por la Asamblea Legislativa de dicha demarcación, que después fueron confirmadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que amplía la institución del matrimonio para que parejas del mismo sexo puedan acceder a él, así como para que tengan la posibilidad legal de adoptar, provocó fuertes reacciones por parte del clero mexicano.
Jerarcas como Norberto Rivera y Juan Sandoval Íñiguez se manifestaron en contra de estas resoluciones con fuertes afirmaciones discriminatorias e intolerantes, que incluso aseguran que las políticas de Ebrard son más dañinas para el país que el mismo narcotráfico, y que el jefe de Gobierno habría “maiceado” a los ministros para obtener una resolución favorable en la Corte. Esta última aseveración provocó una denuncia del aludido contra Sandoval Íñiguez, y un aluvión de respuestas por parte del clero, en donde acusan a Marcelo de intolerante, e incluso defienden la libertad de expresión del prelado.
Por supuesto que los miembros de la Iglesia, como todos los ciudadanos de esta República, tienen derecho a manifestar sus ideas, pero también, al igual que todos, están sujetos a las leyes mexicanas y no pueden obrar más allá de ellas. En el papel, los límites del clero están claramente establecidos, pero en la práctica, el poder que la Iglesia representa es demasiado grande como para que algunas autoridades se atrevan a sancionarla, aun cuando las violaciones sean claras y probadas.
Los dirigentes de la Iglesia Católica hablan en el nombre de Dios a un país integrado por una inmensa mayoría de practicantes y seguidores de esta religión. Sin vivir en una teocracia, sólo un ingenuo podría obviar la influencia del catolicismo en las políticas públicas del Estado, tan es así que los políticos con frecuencia utilizan el nombre de Dios, o preceptos de la Biblia en sus campañas, pues saben que esto atraerá la simpatía de los votantes, ya que, según las enseñanzas de los curas, Dios es todo bondad, amor y justicia, precisamente lo que cualquier ciudadano querría para su comunidad. Además, las líneas de las sagradas escrituras muestran cómo Dios bendecirá con progreso y bienestar a los pueblos que sigan su palabra, y castigará a los que se alejen de ella. Ahí están Sodoma y Gomorra como claros ejemplos de lo que sucede cuando todo un pueblo contradice sus preceptos.
Al ser Dios la ejemplificación de lo bueno, Jesús, su único hijo, sus preceptos el camino a la salvación, y los sacerdotes los que difunden sus enseñanzas, la palabra de los curas se vuelve la ley para sus seguidores, quienes las toman sin siquiera cuestionarlas, pues de lo contrario estarían atentando contra su propia fe, según han sido adoctrinados por los clérigos. De esta forma, lo que digan los patriarcas de la religión tiene mucho más influencia en la gente que lo que diga cualquier ciudadano de a pie, y el alcance que puedan tener es también mucho más amplio, por lo que entonces, cargan una responsabilidad mucho mayor al resto de nosotros, incluso mucho más que la prensa libre. Desgraciadamente, en un mundo ávido de salvación, la fe en ocasiones puede más que la razón.
La homofobia y la reticencia de la gente a aceptar el matrimonio y adopción por parejas homosexuales vienen precisamente del añejo discurso de la Iglesia Católica a favor de la heterosexualidad y de la familia tradicional. Está tan arraigada esta creencia dentro de la gente que la mayoría no se da cuenta de que las y los homosexuales también son ciudadanos mexicanos, que pagan sus impuestos, que son productivos y que tienen exactamente el mismo derecho que los heterosexuales de disfrutar de las garantías individuales que les provee la Constitución. La tolerancia, que incluso los más abiertos a esta orientación sexual han promocionado, incluso suena intolerante cuando se toma en cuenta que este país no le pertenece ni a unos ni a otros, sino a todos por igual.
El tema actual está tan impregnado de estereotipos que es difícil observarlo y analizarlo desde un punto de vista objetivo, incluso la gran mayoría de los que apoyan el matrimonio entre homosexuales se muestran temerosos de emitir una opinión positiva cuando se trata el asunto de las adopciones, dejando salir el prejuicio creado, directa o indirectamente, por los conservadores grupos religiosos.
Lo anterior para señalar lo fuertes que pueden ser las palabras de alguien que se presenta como “hombre de Dios” en la gente, y cómo puede afectar al ejercicio de los derechos humanos de los grupos minoritarios.
Precisamente para evitar su intervención es por lo que el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la separación entre la Iglesia y el Estado, y en su fracción e) señala que: “Los ministros no podrán asociarse con fines políticos, ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán… oponerse a las leyes del país o a sus instituciones…”.
Es una ardua lucha la que le espera a Marcelo Ebrard, pues hacía tiempo que ningún político se atrevía a enfrentarse a un ministro de culto, ni menos ejercer acción penal contra él. Es evidente que este hecho creará simpatías y antipatías entre los mexicanos, que una vez más se polarizarán entre los que defienden la intervención de la Iglesia y aquellos que se inclinan hacia el Estado laico. Por el bien de México y en honor a sus 200 años de lucha por la libertad, esperemos que los segundos sean mayoría.

Esta columna fué publicada en Diario de Colima el 23 de agosto de 2010 http://www.diariodecolima.com/newpage/antercola.php?c=6871

Acerca de Patricia Sanchez-Espinosa

Licenciada en Derecho y periodista de profesión. Actualmente soy la Subdirectora General de Diario de Colima, el periódico de más circulación en la entidad. Cuento con estudios de maestría en Género y Construcción de la Paz en la UNiversidad para la Paz de la ONU.
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